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Bolivia: planteo radical en la cumbre medioambiental…

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Los firmantes se comprometieron a detener las explotaciones hidrocarburíferas y forestales en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.

Por Sebastián Ochoa, desde Cochabamba

El vice boliviano García Linera, Evo Morales, Hugo Chávez y Tomás Borge en la cumbre ecológica de Cochabamba.
Imagen: EFE.

Los encuentros sociales para proponer alternativas al fin del mundo concluyeron con planteos radicales y ambiciosos. El cumplimiento del Acuerdo de Cochabamba obligaría a los países, incluido Bolivia, a olvidarse de extraer recursos naturales de selvas y territorios indígenas. O al menos consultar a las comunidades, como dicen varios tratados internacionales intrascendentes para los estados adheridos. Además los llevaría a cambiar sus matrices energéticas por otras que no contaminen la atmósfera. Miles de personas dejaron esta ciudad persuadidas de que sus consensos se concretarán en algo. Según ellos, toca ahora a los gobiernos encargarse del reclamo o pagar también esas consecuencias. Como señal de que tomará en cuenta el texto elaborado por 35 mil personas, el gobierno boliviano anunció la creación del Ministerio de la Madre Tierra.

Los documentos de las 17 mesas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (Cmpcc) no tienen grandes diferencias con la resolución de la Mesa 18, que sesionó también en Cochabamba sin el reconocimiento del gobierno. Muchas personas participaron en ambos espacios, muchas otras fueron con las mismas propuestas: detener las explotaciones forestales e hidrocarburíferas en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.

“Este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”, denuncia el texto de la Cmpcc.

“Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y detener urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas”, dice el acuerdo cochabambino.

En este sentido, sostiene que “la mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios, considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales”.

También demanda “la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en todos los procesos de negociación, así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático”.

Para ello, exigen que se respeten instrumentos de derecho internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en la mayoría de los países de las Naciones Unidas; o la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado por la ONU pero constitucionalizado sólo por Bolivia.

El documento final reflejó la preocupación de los acreditados, venidos de 140 países, por la explotación acelerada de los recursos de este mundo. “En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30 por ciento la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra, se necesitarían dos planetas para el 2030”, según el acuerdo.

Ese motivo, entre otros, justificó la propuesta de hacerle derechos a la Tierra. “En un sistema interdependiente, del cual los seres humanos somos uno de sus componentes, no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza, es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra”, dice el texto.

Algunos de los derechos propuestos para la Tierra son “a la vida y a existir”, “a ser respetada”, “a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas”, “al agua como fuente de vida”, “al aire limpio”, “a estar libre de la contaminación y polución de desechos tóxicos y radiactivos”.

De acuerdo con el Protocolo de Kioto, los 42 países más industrializados están obligados a disminuir sus emisiones de gases contaminantes en un cinco por ciento entre 2008 y 2012. En la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15) realizada en diciembre pasado en Copenhague, se propuso que de aquí en adelante cada país emitiera menos gases en forma voluntaria, según las necesidades de sus negocios.

En la Cmpcc definieron que entre 2013 y 2020 los 42 países del llamado Anexo 1 reduzcan sus emisiones en un 50 por ciento. Esa posición defenderá Bolivia en la COP 16, que será a fin de año en Cancún, México. Posiblemente, algunos de los 48 gobiernos que enviaron delegaciones oficiales a esta conferencia apoyen este reclamo.

Con una reducción del 50 por ciento se espera que el aumento de la temperatura del planeta no sobrepase los dos grados en el próximo siglo y se estabilice en 1,5. El Entendimiento de Copenhague, deplorado por la concurrencia, plantea una tolerancia de hasta dos grados. Sin embargo, varios científicos presentes en la Cmpcc destacaron que ese entendimiento llevaría a que la Tierra tuviera cuatro grados más y muchas poblaciones costeras menos.

También definieron la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, encargado de juzgar a los estados y empresas que contaminen. Para que esta instancia funcione, en la Cmpcc exigieron una “profunda reforma” en la estructura de la ONU. Y convocaron a la constitución de un movimiento global que vigile la aplicación del Acuerdo de Cochabamba, cuyo texto entero se encuentra en http://www.cmpcc.org.

Calcularon que el costo de la deuda climática de los países industrializados hacia los empobrecidos ascendería al seis por ciento anual de sus PBI. “Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron cinco veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política”, se lee en el acuerdo.

El gobierno de Evo Morales quiso dar el primer paso para ese lado y proclamó la creación del Ministerio de la Madre Tierra. El vicepresidente, Alvaro García Linera, dijo que la nueva cartera recogerá “buena parte de lo que hoy es el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, pero también está claro que tendrá que asumir responsabilidades en función del documento de Cochabamba”.

Aprobar la ley de la Madre Tierra no debiera traer dificultades al actual gobierno, que controla dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Como país capitalista atrasado, Bolivia debería desistir en sus intenciones de extraer petróleo del selvático norte de La Paz, según denuncia el pueblo indígena Leco a la empresa Petroandina, conformada por YPFB (del Estado Plurinacional) y Pdvsa (de capitales venezolanos). También tendría que respetar el derecho a la consulta de los indígenas que viven cerca de emprendimientos mineros, como reclaman los quechuas y aymaras reunidos en el Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyu (Conamaq). Esta organización, aunque aliada al gobierno de Morales, promovió la creación de la Mesa 18.

Este espacio, que contó con más de tres mil inscriptos, sesionó a tres cuadras de la conferencia, en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba. Allí se explayaron sobre casos puntuales de contaminación en poblaciones y quitaron un poco de romanticismo al “proceso de cambio” que por un lado pronuncia discursos en defensa de la Pachamama, pero por otro avala la operación de transnacionales que rechaza la población. Además de conflictos bolivianos, aquí trataron sobre la lucha por la propiedad colectiva de la tierra de campesinos de Córdoba y los perjuicios que ocasionan empresas mineras en Catamarca y San Juan, entre otros.

Esclavos en tiempos de Evo

Por Santiago O’Donnell

En el Chaco boliviano, cerca de la frontera con Argentina y Paraguay, actualmente viven unas 600 familias guaraníes en condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Lo dice así, con todas las letras, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado esta semana.

Por supuesto que el Chaco boliviano no es el único lugar del mundo, ni de la región, ni siquiera de Bolivia, donde se practica la esclavitud. Según la Organización Internacional del Trabajo, en América latina y el Caribe la incidencia de trabajo forzoso es de 2,5 víctimas por cada mil habitantes. Pero el caso del Chaco boliviano es quizás el más flagrante y alevoso, o simplemente el mejor documentado. Según la comisión, las prácticas esclavistas en esa zona se vienen llevando adelante desde hace más de un siglo, “ante la pasividad de las autoridades regionales e internacionales”.

Lo llamativo es que cuatro años del gobierno más progresista de la región no han podido revertir esta situación. Se trata del gobierno del primer presidente indígena de América latina, símbolo y emergente de las luchas políticas de los movimientos sociales. Un gobierno indudablemente comprometido con los derechos de los pueblos originarios, que lleva adelante la reforma agraria más radical de toda la región.

Ese gobierno no ha podido erradicar la esclavitud en su propio país, ni generar las condiciones para que el pueblo guaraní del Chaco boliviano pueda subsistir dignamente. Y no es que no lo haya intentado.

El informe de la CIDH detalla la batería de iniciativas que adoptó el gobierno de Morales en favor de los guaraníes chaqueños, pero también cómo distintos factores y actores conspiran en contra de esas medidas hasta tornarlas poco menos que inútiles –y en algunos casos hasta contraproducentes– para los intereses de sus supuestos beneficiarios.

Por decirlo mal y pronto, los enclaves esclavistas están situados en territorio controlado por la oposición. Por esa razón, el interés de los latifundistas por mantener el statu quo se mimetiza con el reclamo autonomista que la oposición utiliza para obstaculizar las reformas del gobierno.

Embanderados en la causa opositora, los hacendados resisten por la fuerza cualquier intento del gobierno por comprobar los abusos in situ y por redistribuir tierras en favor de los guaraníes. La situación se complica porque esos hacendados además forman parte de la elite política que gobierna la región. Como la presencia del Estado boliviano en el Chaco es casi nula, son esos hacendados quienes controlan la administración de la justicia y de la seguridad.

La comisión pudo constatar que ese control se extiende a la circulación de los habitantes de la región, ya que la mayoría de los caminos están atravesados por tranqueras con cadena y candado, porque los hacendados los reclaman como propios.

Y a todo esto se suma el factor racial. Los esclavos son todos guaraníes y sus patrones son todos blancos. Esto, en un país que acaba de sancionar una Constitución plurinacional que reconoce la autonomía de los pueblos originarios.

Según la CIDH, las prácticas esclavistas en el Chaco fueron alentadas durante décadas por el Estado boliviano, que despojó a los habitantes originarios de sus tierras para entregárselas a grandes latifundistas. La reforma agraria de la década del ‘50, que transformó al resto del país, pasó casi inadvertida en el Chaco, donde la elite local consiguió preservar todos sus privilegios.

“Efectivamente, dicha reforma en algunos aspectos fortaleció el poder económico y político de los hacendados del Chaco, los cuales tenían fuertes vínculos con el partido del gobierno”, dice el informe. “Los guaraníes fueron forzados a someterse a las condiciones impuestas porque no tenían acceso a su propio territorio, que les hubiese permitido autosustentarse.”

Sin tierra en la región más pobre del país más pobre de Sudamérica, los guaraníes se vieron obligados a someterse a pagos miserables a cambio de jornadas interminables. “Las jornadas laborales son generalmente de más de 12 horas al día, y en muchos casos se les asigna realizar un trabajo específico que debe ser terminado en el día de faena, lo cual normalmente es de imposible cumplimiento. Un hombre guaraní de la comunidad de Itacuatía narraba lo siguiente: ‘Cuando yo era chico, me levantaba para ir a trabajar a las tres de la mañana porque antes era el toque de campana para trabajar a esa hora’… Otros testimonios confirmaban que el pago que recibían era ínfimo y el trato que recibían era degradante”, señala el documento.

Ese régimen lleva indefectiblemente al endeudamiento y al sometimiento. “La situación de endeudamiento se genera mediante el registro que tienen los patrones de sus trabajadores en un cuaderno donde anotan su nombre, las actividades que realizan, los adelantos entregados en especies o el dinero que se entrega en pago al trabajo desarrollado. Este cuaderno es el único documento para realizar los ‘arreglos’ que se efectúan, y en casi todos los casos los trabajadores resultan debiéndole al patrón. Esto genera las obligaciones de trabajar a futuro, situación que puede llegar a ser vitalicia e incluso heredarse de una generación a otra”, explica la comisión.

En esta situación, el castigo corporal y el trabajo infantil son moneda corriente, constató la comisión: “Durante las visitas del 2006 y 2008, la Comisión tomó conocimiento e incluso recibió testimonios relacionados con eventos de maltrato físico de guaraníes mediante ‘huasqueadas’ (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales como castigo por ‘desobediencia’. En palabras de un hombre de Itacuatía, ‘nos tratan con garrotes y chicote… siempre nos sabían chicotear, maltratarnos. Estos actos de violencia siempre han existido’”.

Todo esto iba a revertirse con la llegada al poder del gobierno de Evo Morales. Ese gobierno sancionó en el 2006 una ley de Reforma Agraria por la cual los latifundios esclavistas debían ser confiscados y entregados a los pueblos originarios. Pero cuando los técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria se presentaron en el Chaco para hacer el saneamiento de las tierras, fueron repelidos a balazos por los hacendados.

Igualmente, el INRA llegó a fallar en dos casos en favor de los guaraníes. La decisión del INRA fue avalada por el Tribunal Agrario creado por la nueva Constitución para dirimir pleitos de propiedad de tierras. Pero los hacendados recurrieron el fallo del Tribunal Agrario ante el Tribunal Constitucional, potestad también incluida en la nueva Constitución. Como el Tribunal Constitucional aún no se ha constituido, las tierras en disputa siguen en poder de los hacendados y las prácticas esclavistas continúan.

El bajo nivel de alfabetización de los guaraníes y las dificultades que tienen para acceder a los servicios de justicia son otro obstáculo que el gobierno aún no ha podido solucionar. En el 2007 Morales firmó un decreto para lanzar un plan con el fin de mejorar la salud, la educación y el acceso a la justicia en el Chaco boliviano, pero se trata de una acción cuyos resultados se podrán apreciar a mediano plazo.

La fiscalía encargada de la región se muestra permeable a la influencia política de los hacendados. Sólo inició una investigación de oficio sobre las prácticas esclavistas después de un duro informe de la CIDH en 2006. Pero en esa investigación el fiscal ingresó a las haciendas acompañado por políticos locales y en su presencia interrogó a las víctimas. Como en esas condiciones intimidatorias nadie se animó a decir esta boca es mía, el fiscal concluyó que todos los hacendados pagaban sueldo y aguinaldo y daban un trato digno a sus empleados. El caso fue archivado.

Según el informe publicado esta semana, las políticas del gobierno de Morales para revertir las prácticas esclavistas en el Chaco tuvieron el efecto indeseado de dividir y debilitar a la comunidad guaraní. Algunos se fueron de las haciendas y formaron comunidades independientes, donde subsisten en condiciones paupérrimas. Otros se quedaron en las haciendas por voluntad propia, otros se fueron a cambio del pago de sus supuestas deudas, otros quisieron irse pero no pudieron, otros fueron echados por querer organizarse.

“Según diversas fuentes, muchos guaraníes han sido expulsados por los hacendados como consecuencia del proceso de saneamiento que se realiza en sus respectivas zonas y como represalia por su participación en la Asamblea del Pueblo Guaraní. La Comisión recibió otros testimonios que indican que la situación de los guaraníes expulsados es muy precaria, debido a que carecen de lugar donde vivir y donde cultivar lo mínimo para garantizar su subsistencia”, dice el informe.

En la presente coyuntura, dada la relación de fuerzas, para expropiar las tierras de los hacendados esclavistas y devolvérselas a los guaraníes, Evo Morales debería mandar al ejército a invadir el Chaco, lo cual equivaldría a incendiar el país.

La alternativa es fijar políticas claras y dejar que las instituciones actúen, aun cuando muchas de esas instituciones están cooptadas, colonizadas, funcionan mal, no existen o figuran sólo en papel. Morales parece haber elegido ese camino, más largo y más incierto, en función del interés nacional.

Mientras tanto, todo está como era entonces para las familias esclavas del Chaco boliviano. O tal vez peor, por la brutal respuesta de los hacendados a las acciones reformistas del gobierno. Y por saberse esclavos aun en tiempos de Evo.

sodonnell@pagina12.com.ar

Página/12

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Written by Eduardo Aquevedo

25 abril, 2010 at 15:36

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