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La herida de Chile: Bicentenario y causa mapuche…

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por  José Aylwin

image Frente a la protesta social mapuche por la imposición de inversiones o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas.

El bicentenario ha dejado al descubierto una de las heridas más profundas de Chile, la de su relación con los pueblos originarios. Aunque desde el gobierno y la prensa se hayan esforzado en esconder esta herida, las celebraciones oficiales, al igual que las privadas, no han podido ignorarla.

Se trata de una herida antigua, consecuencia de la forma cómo el Estado chileno se construyó -a través de la imposición y la fuerza- sobre los territorios de estos pueblos, en muchos casos bastante después de 1810. En el caso del extremo sur, por ejemplo, el establecimiento de la soberanía chilena sobre Tierra del Fuego resultó en el exterminio del pueblo selknam u ona. En el caso de los mapuche, el Estado se constituyó sobre sus territorios ancestrales, los que les habían sido reconocidos por los españoles a través de parlamentos, mediante el copamiento militar y la radicación forzada de sus comunidades en menos de un 5% de sus tierras de ocupación ancestral.

A las políticas de asimilación forzada del siglo XIX, siguieron las de integración cultural del siglo XX, y más recientemente, aquellas impulsadas desde el Estado que han resultado en la expansión hacia sus comunidades de las inversiones forestales, hidroeléctricas, acuícolas, así como en la apropiación de sus recursos naturales.

Frente a la protesta social mapuche por la imposición de dichas inversiones, o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas, hecho que ha preocupado a diversas instancias de derechos humanos de la ONU.

Es esta realidad la que 34 personas mapuche privadas de libertad en distintos penales del sur en virtud de procesos o condenas por hechos vinculados a la defensa de sus tierras, considerados por el Estado como terroristas, han dejado al descubierto a través de la huelga de hambre que impulsan, protesta que en los días del bicentenario superaba los 65 días de duración. La huelga mapuche tiene como fundamento el reclamo de un derecho humano básico, que ningún Estado que se precie de democrático puede desconocer: el derecho a un juicio justo. Los huelguistas mapuche exigen además, el término de los abusos y maltratos de agentes del Estado en contra de sus comunidades, los que han causado la muerte o afectado la integridad física y síquica de quienes las integran, incluyendo niños y ancianos. La actitud del mundo político frente a esta ya larga huelga ha dejado mucho que desear; basta señalar que hasta un par de semanas antes del bicentenario, tanto el gobierno como la oposición habían prestado poca atención a los mapuche y a sus demandas. Así, mientras el gobierno se negaba a todo diálogo e impulsaba acciones judiciales para alimentar forzadamente a los huelguistas, sectores de la oposición condicionaban el debate de los temas planteados por los mapuche al término de la huelga de hambre. Parte importante de la prensa, además, silenció esta huelga, posiblemente pensando que ello terminaría por desmotivarla.

A pesar de ello, los presos mapuche prosiguieron la huelga, con la convicción de estar demandando lo justo. El inminente riesgo de muerte de los huelguistas y el temor a que ella opacase las celebraciones del bicentenario, como si estas no hubiesen sido bastante opacas, llevó al gobierno -luego de haber trascurrido más de 50 días de huelga- a presentar dos iniciativas legales; la primera para reforma la ley antiterrorista que se les aplica, y la otra para la reforma de la justicia militar que conoce algunas de las causas que se siguen en su contra. Posiblemente el mismo temor llevó a muchos en la oposición concertacionista a apoyar -tardíamente- las demandas de los huelguistas, y a reconocer que la aplicación de ley antiterrorista en los procesos que se siguieron en su contra bajo las administraciones de Lagos y Bachelet, fue errada.

Mesa de diálogo

Aunque los proyectos de reforma legal presentados por el ejecutivo para estos efectos presentaban serias deficiencias desde la perspectiva de los derechos humanos -al mantener como delitos terroristas acciones que no necesariamente tienen tal carácter, como el delito de incendio; o al mantener la competencia de la justicia militar para conocer los delitos que militares cometen en contra de civiles-, ellos abrieron las puertas a un debate en el parlamento sobre las causas detrás de los conflictos que han llevado a los mapuche a la cárcel, y sobre los mecanismos para poner término a su juzgamiento arbitrario.

En días previos al bicentenario, además, el gobierno accedió públicamente a establecer una mesa de diálogo exigida por los mapuche en huelga de hambre con sus representantes y abogados, y la Iglesia Católica manifestó su disposición a actuar como facilitadora de dicho diálogo.

Lamentablemente, las esperanzas que los anuncios del ejecutivo pudieron haber generado en los mapuche en huelga de hambre se han visto frustradas en los últimos días. Ello en primer término por el anuncio realizado por el presidente Piñera en el marco de las celebraciones del bicentenario de conformar una mesa de dialogo con representantes mapuche en torno al Plan Araucanía, iniciativa incluida en su programa de gobierno a instancias de sectores empresariales, omitiendo toda referencia o inclusión a los urgentes problemas planteados por los huelguistas mapuche.

Plan Araucanía

Dicho plan se orienta a promover la superación de la pobreza que afecta a la región, y particularmente a los mapuche, a través de la inversión pública y privada, del fortalecimiento del desarrollo productivo, fomentando la inserción regional en los mercados nacionales y globales. Tal propuesta se basa en la premisa errónea de que los problemas que afectan al pueblo mapuche y su relación con el Estado están únicamente vinculados a su condición de pobreza y que estos se resuelven con la inyección de recursos económicos y el desarrollo productivo. No se aborda en ella otras dimensiones de los problemas de relacionamiento entre éste y otros pueblos indígenas con el Estado chileno, tales como la necesidad de restituir sus tierras, territorios y recursos de propiedad legal y/o ancestral que les han sido usurpadas, la de su exclusión de las instancias en las que se toman decisiones sobre los temas que les conciernen, o el desconocimiento de su derecho a asumir el control de sus propios asuntos en materias políticas, económicas y culturales.

No se trata de cuestionar la necesidad de que el gobierno impulse el diálogo y la consulta con los pueblos los indígenas cuando proponga iniciativas como el Plan Araucanía u otras medidas administrativas o legislativas susceptible de afectarles. Por el contrario, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile, está obligado a ello. Sin embargo, tal como lo señala el mismo Convenio 169, uno de los requisitos de todo diálogo o consulta con los pueblos indígenas es que éste sea realizado de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias (art. 6.2).

Un análisis más profundo del diálogo propuesto por el presidente Piñera, en el contexto del bicentenario en torno al Plan Araucanía, nos lleva a concluir que éste no cumple con estos requisitos esenciales de toda consulta de conformidad con el Convenio 169. Ello por cuanto al no abordar la problemática de los presos mapuche en huelga de hambre, distrae la atención de su crítica realidad de salud y de la urgente necesidad de dar respuesta a sus exigencias de justicia, relegando el diálogo con ellos a un segundo plano, como en la práctica ha ocurrido.

La mesa de diálogo propuesta por el gobierno, además, no es apropiada a las circunstancias, ya que, como bien saben sus autoridades, ellas requieren de la atención urgente de la problemática que afecta a los presos mapuche, y de la solución de sus demandas de justicia, única forma de contribuir verdaderamente a promover el anhelado “reencuentro histórico” con el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas en el año del bicentenario.

Las posibilidades de una solución a las demandas de los presos mapuche, y con ello a la huelga se han visto seriamente deterioradas además por la negativa del ejecutivo a aceptar los cambios introducidos en el Congreso por parlamentarios vinculados a la defensa de los derechos humanos a los proyectos de reforma legal que este propusiera. En efecto, la eliminación de los delitos en contra de la propiedad como delitos terroristas, la limitación introducida a la facultad de los particulares para interponer acciones por delitos terroristas, y las limitaciones en el plazo de las policías para poner a los detenidos por estos delitos a disposición de la justicia, fueron eliminadas en la tramitación del proyecto de ley antiterrorista en la Cámara a instancias del ejecutivo. Con ello se diluye la posibilidad de que los proyectos de reforma legal den respuesta a las demandas mapuche, y por lo mismo, permitan superar la huelga de hambre.

Lejos de abordarse esta herida de Chile en el marco del bicentenario ella se ve profundizada como consecuencia de la actitud del gobierno de Piñera. Mientras Chile siga maltratando a sus habitantes más antiguos, como nos dijera hace pocos años el fallecido Premio Nobel de Literatura José Saramago, mientras se siga identificando como un “Estado-nación” y no reconozca plenamente la diversidad étnica y cultural que representan los pueblos indígenas, así como los derechos que les corresponden como tales, lamentablemente se mantendrá la herida que la huelga dejó al descubierto.

*Co Director Observatorio Ciudadano

© Le Monde Diplomatique, edición chilena

Written by Eduardo Aquevedo

4 octubre, 2010 at 17:25

Chile: la imposible domesticación del pueblo mapuche

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Raúl Zibechi, La Jornada

chile-mapuches2 La guerra que el Estado chileno declaró al pueblo mapuche hace 150 años aún no ha terminado. La república criolla que el 18 de septiembre celebra su bicentenario lanzó en 1861 una guerra de exterminio contra todo un pueblo, que se extendió hasta 1883. La ocupación militar de la Araucania, el territorio al sur del Bio Bio, terminó con 260 años de autonomía mapuche que debió aceptar la corona española por conducto del Parlamento de Quilín, el 6 de enero de 1641, que reconoció la frontera y la independencia de hecho del pueblo mapuche.

Tras la ocupación de la Araucania los mapuches fueron confinados en reducciones, perdieron los 10 millones de hectáreas que controlaban y fueron convertidos en agricultores pobres forzados a cambiar sus costumbres, formas de producción y normas jurídicas. La dictadura del general Pinochet profundizó el despojo. Si en 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9.2 hectáreas, al terminar la dictadura le correspondían poco más de 5. El broche final lo puso la democracia por medio del avance de las grandes empresas forestales y la construcción de hidroeléctricas: en la actualidad cada familia mapuche cuenta con sólo 3 hectáreas.

En efecto, el conjunto de las tierras mapuches no llega a 500 mil hectáreas, donde viven unos 250 mil comuneros en unas 2 mil reservas que son islotes en un mar de pinos y eucaliptos. Las familias indígenas tienen la mitad de ingresos que las no indígenas; sólo 41 por ciento de las viviendas mapuches tiene alcantarillado y 65 por ciento electricidad. La mortalidad infantil en algunos municipios indígenas supera en 50 por ciento a la media nacional. Cuando pretenden recuperar sus tierras, o sea su dignidad, se les aplica la ley antiterrorista (Ley 18.314, de 1984) sancionada por Pinochet.

chile-mapuches1 La huelga de hambre de 32 presos mapuches iniciada hace 60 días se inscribe en esta larga guerra del Estado contra un pueblo. Exigen que no se les aplique la ley antiterrorista, el fin del doble procesamiento (ya que muchos presos son sometidos a la justicia militar y a la civil), que no se utilicen testigos encapuchados que restringen la defensa y que se ponga fin a la militarización del territorio mapuche.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un informe, el 18 de mayo de 2007, en el que señala que la definición de terrorismo en la ley chilenapodría resultar demasiado amplia y ha permitido que miembros de la comunidad hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social. Agrega que la aplicación de esa ley se presta a arbitrariedades y discriminaciones, ya que en Chile se ha aplicado mayoritariamente para la persecución penal de mapuches.

Por otro lado, la ley antiterrorista sólo se aplica al pueblo mapuche. Si las organizaciones mapuches queman un camión de una empresa forestal, son acusados de terrorismo. Sin embargo, cuando trabajadores en huelga queman un autobús, como ha sucedido en reiteradas ocasiones, se les aplica la legislación civil. Para el abogado de derechos humanos Hernán Montealegre, esto se debe a que los propietarios de tierras tienen mucha influencia en los gobiernos (El Mostrador, 3 de septiembre de 2010).

Es la justicia del colonizador, como señala el politólogo mapuche José Marimán. Chile sanciona a los mapuches con leyes que no aplica a otros ciudadanos, dándoles a ellos el trato de seres de segunda categoría o colonizados. A los mapuches se los tortura con total impunidad, incluyendo a niños y ancianos, se los ha acusado con base en montajes falsos, sin que nadie los desagravie cuando se prueba la falsedad de las acusaciones, y algunos son juzgados por tribunales militares y civiles a la vez (doble juicio), por delitos similares a los que cometen chilenos protestando por otras razones, como es tirar piedras o escupitajos a los policías y sus carros de combate (El Quinto Poder, 7 de septiembre de 2010).

La maniobra más reciente es el intento de aplicar el Convenio 169 de la OIT, que establece los derechos colectivos, pero de forma inconsulta y vaciados de contenido, de modo de reconocer formalmente la existencia de pueblos indígenas pero sin incluir los derechos y potestades que les corresponden. El gobierno de Sebastián Piñera, auxiliado por la Concertación, no quiere que la resistencia mapuche empañe los festejos del bicentenario y busca destrabar la huelga de hambre que, luego de semanas de aislamiento mediático, comienza a romper el cerco.

No será posible, pese a la represión y la cooptación, doblegar al pueblo mapuche. Tres razones de fondo lo impiden. La primera es la propia historia y cosmovisión mapuche. En Wallmapu no se desarrolló una sociedad indígena de tipo estatal, como sucedió en los Andes y Mesoamérica, escribe el historiador Pablo Marimán Quemendo. Los colonizadores, al incorporar por la fuerza a una sociedad indígena de tipo horizontal, matriarcal y segmental como la mapuche, abrieron una situación compleja de abordar hasta el día de hoy. Mundos tan diferentes sólo pueden convivir reconociéndose.

A esta honda brecha cultural, económica y política se suma una segunda escisión de carácter colonial:Se nos habla de igualdad, fraternidad y libertad, pero se nos trata como indios vencidos, ciudadanos de segunda clase que se les hace víctimas de políticas racistas, señala Marimán. En tercer lugar, el modelo neoliberal ha empujado a amplios sectores no mapuches a experimentar formas de vida y de exclusión similares a las que sufre ese pueblo. Los ha convertido en sus aliados potenciales, en particular a los jóvenes de las ciudades que sufren el triple cerco de la pobreza, la represión y las políticas sociales discriminadoras.

El pueblo mapuche no fue vencido por la guerra de exterminio, ni por la dictadura, ni por la democracia progresista que combinó represión con soborno. Acosados por el Estado, despreciados por las izquierdas electoreras, vuelven a poner el cuerpo para sensibilizar a los de abajo, mapuches y blancos, para seguir viviendo, para seguir siendo pueblo.

Written by Eduardo Aquevedo

10 septiembre, 2010 at 16:12

Chile: la huelga de hambre de los presos mapuches y el doble discurso del gobierno…

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Por José Aylwin / Co Director Observatorio Ciudadano

Una veintena de presos mapuche recluidos en diversos centros carcelarios del sur han iniciado en los últimos días una huelga de hambre. Exigen del Estado poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista en causas que les involucran así como a su procesamiento por la justicia militar, y la desmilitarización de sus comunidades. Pocos saben que en Chile hoy existen 58 personas mapuche, o simpatizantes de su causa, procesados o condenados por la ley antiterrorista por la reivindicación de sus tierras o de sus derechos políticos. De ellas 5 se encuentran condenadas y 42 en prisión preventiva, en tanto que 11 se encuentran cumpliendo medidas cautelares en libertad. Entre los delitos que se les imputan, o por los que cumplen condena, están los de incendio, homicidio frustrado y lesiones, amenazas, y asociación ilícita, todos ellos con carácter “terrorista”.

Debemos recordar que la ley antiterrorista, aprobada bajo el régimen militar, ha sido aplicada en forma casi exclusiva a los mapuche por casi una década. Dicha ley ha sido cuestionada dado que en ella se establecen tipos penales amplios que posibilitan su aplicación a hechos que nada tiene que ver con terrorismo, y que pueden ser juzgados y sancionados por la legislación penal ordinaria. Ha sido cuestionada además, por cuanto no garantiza el debido proceso al permitir la mantención del secreto de la investigación por largos períodos, la protección de los testigos, dando lugar a la existencia de testigos sin rostro, y al impedir la aplicación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. También lo ha sido por la elevada penalidad que establece, la que duplica en varios casos aquella establecida en la legislación ordinaria.

Esta realidad ha sido representada por diversas instancias de DDHH de la ONU, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos que nuestro país integra (2009), los que lo han instado al Estado chileno a revisar la aplicación de esta ley a los mapuche por hechos de protesta social, y a reformarla de modo de eliminar los tipos penales abiertos que contiene que hacen posible su aplicación arbitraria.

Otro hecho que ha sido cuestionado desde la perspectiva de los derechos humanos es la intervención de la justicia militar en algunos de los procesos que se siguen en contra de los mapuche por hechos de protesta social. La necesidad de que el Estado chileno reforme el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar, fue representada a Chile por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Palamara Ibarne v. Chile (2005). Lamentablemente a la fecha, dicha reforma sigue sin materializarse.

La militarización de las comunidades mapuche involucradas en conflictos de tierras también ha concitado preocupación internacional. Solo el año pasado la UNICEF llamó la atención por los impactos adversos que la presencia masiva de las policías, así como su actuar abusivo, generaron en niños y niñas de diversas comunidades de la Araucanía, entre ellas Temucuicui y Rofue.

Esta huelga de hambre de los presos mapuche es la primera que enfrenta Piñera como presidente. Los mensajes que ha dado su gobierno en relación a ella, hasta ahora, no son muy auspiciosos. Pocos días antes de su inicio el propio Piñera anunció el endurecimiento de la política de seguridad pública, proponiendo, entre otras medidas, la reforma a la ley antiterrorista para agravar las penas por los delitos que considera y para favorecer la delación. Tales anuncios desoyen las recomendaciones de los órganos internacionales ante referidos, dejando en evidencia que su compromiso con los derechos humanos no pasa de ser meramente discursivo.

El inicio de la huelga de hambre, además, coincide en el tiempo con la liberación de los presos políticos en Cuba, hecho por cierto valorable, que ha sido celebrado por diversos personeros de gobierno y de oposición. Curiosamente, quienes aplauden esta medida, mantienen hasta ahora silencio respecto a la situación de los mapuche encarcelados por la aplicación de legislación antiterrorista, quienes, bien pueden considerarse como presos políticos, en la medida ello es consecuencia de una opción política del Estado chileno para perseguir su responsabilidad en hechos que, si bien en ocasiones pueden ser delictivos, pueden ser investigados y sancionados en base a la legislación ordinaria existente en el país.

El doble estándar del gobierno de Piñera, así como de personeros de la que hoy es la oposición, que en el pasado desde el gobierno también usó de esta ley para perseguir la protesta social mapuche, es patético. Habla mal de la clase política chilena.

The Clinic.cl

Written by Eduardo Aquevedo

23 julio, 2010 at 23:00

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