SOCIOLOGIA, TEORIA Y PRACTICA…

Sociología, Economía, Política, Cultura

Archive for agosto 2010

Brasil y Venezuela, dos procesos electorales cruciales para este otoño

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James Petras

Rebelión, Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez

CHAVEZ2 Introducción

En América Latina se celebrarán este otoño dos procesos electorales que tendrán una relevancia decisiva para la dirección que adopte la política económica y exterior en la próxima década.

Las elecciones legislativas venezolanas del 26 de septiembre determinarán si el Presidente Chávez es capaz de obtener la mayoría de dos tercios necesaria para continuar con su programa socialista democrático sin padecer los bloqueos continuos en la tramitación impuestos por una derecha cada vez más dura.

Brasil, la economía industrial y exportadora de productos agrarios más poderosa y dinámica de la región, afronta sus elecciones presidenciales el 3 de octubre.

En ambos países, el electorado está muy polarizado, si bien en Brasil no se estructura en torno al eje socialismo-capitalismo.

En Venezuela, la derecha pretende frenar nuevos procesos de nacionalización de industrias estratégicas, fomentar la desestabilización promoviendo la desobediencia y el sabotaje de las iniciativas políticas de base de las comunidades locales e imponer restricciones al gasto presupuestario en programas sociales e inversiones públicas. El objetivo estratégico de la derecha es incrementar la penetración institucional del Ejército, los servicios de inteligencia y las agencias de «ayuda» estadounidenses con el fin de debilitar las iniciativas de política exterior independiente del Presidente Chávez y presionar a su gobierno para que haga concesiones a la Casa Blanca, sobre todo debilitando su apoyo a Irán, Palestina y, lo más importante, las organizaciones político-económicas latinoamericanas independientes que excluyen a Washington (MERCOSUR, ALBA y UNASUR).

Elecciones presidenciales: Brasil

En Brasil, las elecciones presidenciales enfrentan a la candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, respaldada por el saliente Presidente Lula Da Silva, contra el antiguo gobernador del estado de Sao Paulo y abanderado del Partido Socialdemócrata Brasileño, José Serra. Las etiquetas del partido son irrelevantes, pues ambos candidatos han fomentado y están proponiendo continuar con políticas de desarrollo agro-minerales de libre comercio impulsadas por las exportaciones, y ambos encuentran respaldo entre las élites empresariales y financieras. Pese a sus vínculos con las élites empresariales y evitando toda clase de transformación radical (o siquiera moderada) de un sistema de distribución de riqueza y propiedad de las tierras enormemente desigual, hay diferencias esenciales que afectarán al resultado: (1) el equilibrio de fuerzas en el continente americano, (2) la capacidad de los movimientos sociales brasileños de articular sus demandas con libertad, (3) el futuro de los regímenes de centro-izquierda de los países vecinos (sobre todo, Bolivia, Venezuela y Argentina), y (4) los consorcios de capital público y privado para los campos petrolíferos inmensos recién descubiertos frente a sus costas.

Serra desplazará la política exterior de Brasil hacia una mayor adaptación a Estados Unidos, debilitando o rompiendo los lazos con Irán y reduciendo, o incluso eliminando, los programas de inversiones conjuntas con Venezuela y Bolivia. Sin embargo, Serra no modificará las políticas comerciales e inversionistas en el exterior en lo que se refiere a Asia. Serra proseguirá con las políticas de libre comercio de Lula con la intención de diversificar mercados (salvo donde Estados Unidos define «amenazas» geopolíticas o intereses militares) y promover las exportaciones de los sectores agrario y energético-minero. Mantendrá la política de Lula de superávit presupuestario y ajuste fiscal y de rentas. Es probable que las políticas sociales de Serra profundicen y ensanchen los recortes de las pensiones públicas y continúen con su criterio de restricción salarial, al tiempo que reducen el gasto público especialmente en educación, sanidad y lucha contra la pobreza. En ese ámbito fundamental que es la explotación de los nuevos yacimientos de gas y petróleo inmensos, Serra reducirá el papel del Estado (y su participación en los ingresos, los beneficios y la propiedad) en beneficio de las empresas petrolíferas privadas del extranjero. Es menos probable que Serra fomente la concertación con los dirigentes sindicales y que recurra a una mayor represión «legal» de las huelgas y a la criminalización de los movimientos sociales rurales, sobre todo los de ocupación de tierras del Movimiento de los Sin Tierra (MST). En el ámbito de la diplomacia, Serra se aproximará más a Estados Unidos y a sus políticas militaristas, sin mostrar apoyo manifiesto a la intervención militar directa. Una señal de que Serra suscribe el programa de Washington fue calificar al gobierno reformista de Bolivia de «narco-estado», haciéndose eco de la retórica de Hilary Clinton, en marcado contraste con los vínculos amistosos entre ambos países durante el mandato de Lula. Sin duda, Serra rechazará toda iniciativa diplomática independiente que entre en conflicto con las aspiraciones militares estadounidenses. La campaña de Rousseff, en esencia, promete mantener las políticas económicas y diplomáticas de Lula, incluyendo la propiedad pública mayoritaria de los nuevos yacimientos de petróleo y gas, el desarrollo de programas de lucha contra la pobreza y cierto margen de tolerancia (aunque no respaldo) a movimientos sociales como el MST o los sindicatos.

Dicho de otro modo: las alternativas son dar un paso atrás para regresar a las políticas represivas y conformistas de la década de 1990, o mantener el statu quo del libre mercado, la política exterior independiente, los programas de lucha contra la pobreza y una mayor integración en América Latina.

Si gana Serra, el equilibrio de fuerzas en América Latina se desplazará hacia la derecha y, con ello, se reafirmará la influencia y capacidad de acción estadounidense en todos los vecinos de centro-izquierda de Brasil. Serra seguirá en buena medida los pasos de Lula en política interior, administrando programas de lucha contra la pobreza a través de sus funcionarios, toda vez que garantice que el apoyo de los movimientos sociales a Lula se debilita. Ante unas opciones tan limitadas, las principales asociaciones empresariales de Sao Paulo respaldan a Serra (aunque determinados personajes del mundo de los negocios apoyan a ambos candidatos), mientras que los sindicatos principales están en la órbita de Rousseff; los movimientos sociales como el MST, que se sintieron traicionados cuando Lula incumplió su promesa de reforma agraria, hacen campaña «contra Serra», con lo que apoyan indirectamente a Rousseff. El dicho según el cual «América Latina va hacia donde va Brasil» tiene algo más que una pizca de verdad, sobre todo si analizamos el futuro y las perspectivas económicas de mayor integración para América Latina.

Elecciones legislativas: Venezuela

La Venezuela de Chávez es la clave para las perspectivas de cambio social progresista en América Latina. El gobierno socialista democrático apoya a los regímenes reformistas de América Latina y el Caribe, y con su gasto público ha consolidado avances pioneros en el ámbito de la salud, la educación y los subsidios alimentarios para el 60 por ciento de los sectores más pobres de la población.

Pese a la inmensa popularidad de Chávez durante toda la década y a los innovadores programas de redistribución y cambios estructurales progresistas, hay un riesgo evidente e inminente de que la derecha realice progresos significativos en las elecciones legislativas venideras.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) encabezado por el Presidente Chávez tiene en su haber seis años de una tasa de crecimiento elevada, un aumento de la renta y un descenso del desempleo. En su contra juegan los 18 meses de recesión en curso, una tasa de inflación y criminalidad muy altas y unas restricciones presupuestarias que limitan la implantación de programas nuevos.

Según los documentos de la agencia oficial de ayuda exterior estadounidense, en la precampaña electoral venezolana Washington ha depositado más de 50 millones de dólares en las arcas de una oposición controlada por los «frentes» políticos y de ONG que fomentan los intereses estadounidenses, centrándose en la unificación de facciones opositoras enfrentadas, subvencionando al 70 por ciento de los medios de comunicación privados y financiando a organizaciones comunitarias controladas por la oposición en los barrios de clase media y baja. A diferencia de Estados Unidos, Venezuela no exige que los destinatarios de fondos del exterior que actúan en nombre de una potencia extranjera se den de alta como agentes extranjeros. La campaña de la derecha se centra en la corrupción gubernamental y el tráfico de drogas, una orientación inspirada por la Casa Blanca y The New York Times, que se olvidan de señalar que el Fiscal General de Venezuela ha anunciado la apertura de procesos judiciales contra 2.700 casos de corrupción y 17.000 casos de tráfico de drogas. La oposición y The Washington Post indican que el sistema de distribución estatal (PDVAL) no consigue dar cauce adecuado a varios miles de toneladas de alimento, lo que hace que se estropeen y acaben en la basura, pero no cuentan que tres antiguos directores están en la cárcel y que el ministerio de alimentación suministra en el país un tercio de alimentos básicos para el consumo a unos precios que llegan a ser un 50 por ciento más bajos que en los supermercados privados.

Sin duda, la derecha realizará progresos significativos en las elecciones legislativas, sencillamente porque parten de una situación inicial baja, su suelo, puesto que boicotearon las últimas elecciones. No es probable que su campaña contra la corrupción arrolle a la mayoría que apoya a Chávez, puesto que su anterior abanderado, el ex Presidente Carlos Andrés Pérez, fue condenado por un fraude de miles de millones de dólares y por apropiación indebida de fondos públicos. Los gobernadores y alcaldes opositores también han sido acusados de fraude y malversación de fondos y se refugian en Miami. Sin embargo, aunque la mayoría de los votantes considera que Chávez es honrado y está limpio, no se puede decir lo mismo de algunos cargos públicos de su gobierno. La pregunta es si los votantes van a reelegirlos a pesar de sus antecedentes con el fin de apoyar a Chávez, o si se van a abstener. La abstención nacida del desencanto, y no de un giro electoral a la derecha, es la mayor amenaza para una victoria decisiva del PSUV.

En la carrera hacia las elecciones legislativas, el PSUV celebró unas primarias en las que muchos consejos comunales eligieron a candidatos locales y populares frente a los escogidos por los sectores oficialistas. Será revelador ver si los candidatos de la base obtienen mejores resultados que los escogidos «desde arriba». Una victoria de los primeros fortalecerá los sectores socialistas del PSUV en contraposición a los moderados.

El proceso electoral está muy polarizado siguiendo demarcaciones de clase social, según las cuales la mayoría de las clases más bajas respaldan al PSUV y las clases medias y altas apoyan casi uniformemente a la derecha. Sin embargo, hay un sector significativo entre los más pobres y los sindicatos que está indeciso y no muy motivado para votar. Tal vez decidan el resultado final en distritos electorales esenciales, y allí es donde la campaña se recrudece. Para la victoria electoral del PSUV es clave si los sindicatos, los comités de las fábricas gestionadas por los trabajadores y los consejos comunales van a hacer un esfuerzo importante para aplacar a los votantes más reticentes y que voten a candidatos izquierdistas. Hasta los sindicalistas militantes y las organizaciones de base de trabajadores se han centrado visiblemente en disculpar (asuntos salariales) «locales» o «economicistas» o en ignorar las cuestiones políticas más generales. Su voto y su actividad como líderes de opinión encargados de mostrar «la panorámica global» son fundamentales para vencer la inercia política e, incluso, el desencanto hacia algunos candidatos del PSUV.

Conclusión:

Las próximas elecciones de Brasil y Venezuela ejercerán un impacto decisivo en la política, la política económica y las relaciones de América Latina con Estados Unidos durante toda la segunda década de este siglo. Si Brasil «gira a la derecha», fortalecerá inconmensurablemente la influencia estadounidense en la región y acallará una voz independiente. Aun cuando ningún candidato dará ningún gran paso adelante hacia una mayor justicia social, si resulta elegido la candidata preferida por Lula, Dilma Rousseff, supondrá un avance en el camino hacia una mayor integración latinoamericana y una política económica y exterior relativamente independientes. Salir elegida no abrirá la puerta a ningún cambio estructural de grandes consecuencias.

Una victoria de los socialistas venezolanos reforzará la determinación de Chávez y su capacidad para proseguir con sus políticas de bienestar social, contra el imperialismo y de apoyo a la integración. La actitud firme de Chávez oponiéndose a la militarización estadounidense, incluido el golpe de Estado de Honduras y las bases militares estadounidenses en Colombia, animan a los regímenes de centro-izquierda a adoptar una actitud moderada, pero fundamentada, en contra de la militarización. Las reformas socialistas de Chávez en Venezuela ejercen presión para que los regímenes de centro-izquierda introduzcan medidas legislativas de reforma social y fomenten los programas de lucha contra la pobreza y de creación de consorcios público-privados, en lugar de seguir las medidas neoliberales de la derecha proestadounidense más dura. En Brasil, la cuestión es votar por el mal menor, mientras que en Venezuela se trata de votar por el bien mayor.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Written by Eduardo Aquevedo

28 agosto, 2010 at 18:06

Venezuela: la campaña de septiembre…

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Una campaña que va a lo seguro

CHAVEZ002 En un mes se realizarán los comicios legislativos, en los que esta vez el antichavismo va a presentarse. El New York Times publicó un artículo que decía que Caracas es más violenta que Bagdad, generando todo tipo de reacciones.

La campaña para las elecciones legislativas del 26 de septiembre en Venezuela ya tiene meses en las calles, pero hoy comienza formalmente. El chavismo comenzó su actividad proselitista con manifestaciones y marchas en las principales calles y avenidas. La campaña promete un escenario polarizado entre la oposición y el gobierno, que intercambian acusaciones por el tema de la inseguridad.

En los últimos días, el presidente Hugo Chávez dijo que si la oposición obtiene la mayoría, podría socavar su gobierno. El Parlamento venezolano estuvo en los últimos cinco años controlado por el oficialismo, después de que los opositores se negaran en 2005 a participar de los comicios por desconfiar del sistema electrónico de votación. Para evitar que los sectores antichavistas ganen esos espacios, el mandatario venezolano se abocó de lleno a la campaña. Chávez dejará de emitir su programa dominical Aló, Presidente hasta que el próximo 26 de septiembre se realicen las elecciones.

“La maquinaria roja saldrá a la calle”, adelantó el jefe de campaña del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Aristóbulo Istúriz dijo a la Agencia Venezolana de Noticias: “Identificaremos dónde está el voto chavista para movilizarlo y dónde están los ni-ni (indecisos) para orientar nuestra campaña hacia ellos”. Istúriz explicó que hoy comienza la tercera fase de la campaña, la que el PSUV llamó fase del arrase, aunque no precisó qué acciones tomarán en este período. “El día arranca con acciones de calle y terminará el 26 con la celebración del triunfo de la revolución bolivariana”, prometió el miembro del PSUV.

En esta oportunidad, la oposición sí será parte de la contienda electoral y está aglutinada en la coalición Mesa de la Unidad (MUD), que es una plataforma unitaria que incluye a una treintena de partidos y otras organizaciones antichavistas. El portavoz del partido Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, anunció: “Estaremos presentes en todas las esquinas de las ciudades distribuyendo nuestro mensaje de cambio”. La primera concentración antichavista en Caracas será el sábado con la marcha de Mujeres por la Vida.

La oposición insiste en la necesidad de un Parlamento plural, en contraste con lo que supuestamente sería una propuesta hegemónica del gobierno. Además, los antichavistas salieron a reclamar que se regule el uso del dinero público y de las alocuciones presidenciales. En ese sentido, la vocera del comando de campaña de la Mesa de Unidad, Angélica Macahado, pidió equilibrio en las propagandas políticas.

El diario El Nacional de Venezuela publicó que el plan de propaganda de la oposición hará hincapié en la inseguridad. El tema suscitó toda la atención después de que el diario New York Times publicara el lunes un artículo en el que decía que Caracas era más violenta que Bagdad. “El gobierno estimula la impunidad, fortalece y potencia la violencia criminal en Venezuela por su terquedad de hacernos ver que es una sensación, un invento de los medios de comunicación o un producto del capitalismo imperialista”, dijo el candidato opositor Andrés Velásquez.

Desde el oficialismo, repudiaron las denuncias del diario estadounidense y de la oposición local. “Denunciamos como partido, como comando, como venezolanos que creemos en la verdad, el artículo que salió en el New York Times, donde se atreven a comparar de manera inmoral y criminal a Venezuela con Irak sobre los índices de criminalidad y los asesinatos”, disparó Blanca Eekhout, candidata del PSUV a la Asamblea Nacional.

En las elecciones del 26 de septiembre, los 17 millones de electores venezolanos escogerán 165 diputados y doce representantes al Parlamento Latinoamericano. Todos los candidatos del PSUV fueron elegidos en elecciones primarias. La oposición realizó votaciones para determinar sólo a 22 de sus postulantes y el resto fue designado por consenso partidista. Algunos de los candidatos oficialistas vienen del gabinete de Chávez. Se invitará a 150 representantes de organismos internacionales para observar los comicios, anunció el Colegio Nacional Electoral.

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Written by Eduardo Aquevedo

25 agosto, 2010 at 22:09

¿Existen las clases sociales?

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Marcos Roitman Rosenmann, La Jornada.mx

DR1 Los detractores del socialismo no pueden oír hablar de la existencia de explotación, imperialismo o explotadores. Se muestran iracundos cuando algún comensal o interlocutor les hace ver que las clases sociales son una realidad. Los portadores del nuevo catecismo posmoderno, dicen tener argumentos de peso para desmontar la tesis que aún postula su validez y su vigencia como categorías de análisis de las estructuras sociales y de poder. Lamentablemente, sólo es posible identificar, con cierto grado de sustancia, dos tesis. El resto entra en el estiércol de las ciencias sociales. Son adjetivos calificativos, insultos personales y críticas sin altura de miras.

Yendo al grano, la primera tesis subraya que la contradicción explotados-explotadores es una quimera, por tanto, todos sus derivados, entre ellos las clases sociales, son conceptos anticuados de corto recorrido. Ya no hay clases sociales y si las hubiese, son restos de una guerra pasada. Desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros días las clases sociales están destinadas a desaparecer, si no lo han hecho ya. El segundo argumento, corolario del primero, nos ubica en la caducidad de las ideologías y principios que les dan sustento, es decir el marxismo y el socialismo. Su conclusión es obvia, los dirigentes sindicales, líderes políticos e intelectuales que hacen acopio y se sirven de la categoría clases sociales para describir luchas y alternativas en la actual era de la información, vivirían de espaldas a la realidad. Nostálgicos enfrentados a molinos de viento que han perdido el tren de la historia. Para seguir adelante, hay que renovar, buscar conceptos en un mundo novísimo.

Sin duda en las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI han emergido procesos sociales, económicos, políticos y culturales que no sólo han reinventado la realidad sino los conceptos para describirla. Ello no es acontecimiento novedoso. La historia está llena de estas vicisitudes donde se inventan palabras. Basta leer libros de tecnociencias, informática, bioquímica o neurociencias para comprobar lo dicho. Incluso, una academia tan conservadora como la española de la lengua se ve obligada, cada cierto tiempo, a incorporar voces que emergen de la vida diaria hasta convertirse en una realidad difícil de soslayar. Sin embargo, no debe caerse en el absurdo de tirar el niño con el agua sucia dentro. Nuevas voces no invalidan las ya existentes. Pueden complementar o enriquecer el lenguaje.

La posibilidad de caer en el absurdo a la hora de renombrar objetos, oficios y situaciones, está a la orden el día. Los casos son variopintos. Así, nos podemos encontrar que un cocinero se ha convertido en un restaurador de alimentos; los recreos en los patios de los colegios, han pasado a denominarse segmentos lúdicos y los bares se consideran zonas de avituallamiento rápido. Esta moda sólo aporta confusión.

No es lo mismo un concepto viejo que otro anticuado. El imperialismo existe por mucho que les pese a quienes plantean su muerte en beneficio de la llamada interdependencia global o globalización. Su definición sigue siendo válida en tanto explica a) la concentración de la producción y del capital que dio origen a los monopolios; b) la fusión del capital bancario e industrial y la emergencia de una oligarquía financiera; c) el poder hegemónico de la exportación de capitales frente a las materias primas; d) la formación de las trasnacionales y reparto del mundo entre las empresas; f) las luchas por el control y el reparto territorial del mundo entre países dominantes; y g) facilita comprender las formas de internacionalización de los mercados, la producción y el trabajo.

Por consiguiente, los cambios del imperialismo señalan su versatilidad y capacidad de adaptación en medio de los cambios profundos que sufre el capitalismo. La globalización como concepto no sustituye al imperialismo como una realidad. Saber que el imperialismo actual dista del imperialismo del siglo XIX es sentido común y no requiere de muchas cábalas. El imperialismo goza de buena salud. Otro tanto ocurre con el concepto de clases sociales. En la actualidad muchos científicos sociales prefieren hablar de estratificación social y estructuras ocupacionales antes que acudir al concepto de clases sociales para explicar las desigualdades, la pobreza o la indigencia. Los ejemplos pueden continuar. También los conceptos de explotación y colonialismo internos ha caído en desgracia aunque la semiesclavitud, la trata de blancas y el trabajo infantil y el dominio étnico sean una realidad cada vez más extendida en el planeta. Es este contexto adverso para el pensamiento crítico donde ve la luz, en América Latina, una nueva realidad que trata de explicar este rechazo al uso de conceptos y categorías provenientes de la tradición humanista y marxiana: la colonialidad del saber y del poder.

Bajo el manto de parecer posmodernos, integrados a la llamada sociedad de la información y partícipes de la globalización neoliberal, se renuncia a ejercer el juicio crítico. Es más cómodo dejar de pensar, apoyándose en una supuesta caducidad de los conceptos, que darse a la molestia de averiguar cuáles son y han sido las transformaciones sufridas por las clases sociales durante las últimas décadas. Ello supondría reflexionar, atributo del cual carecen los nuevos robots alegres de pensamiento sistémico.

Por último sirva como provocación señalar las diferencias entre conceptos viejos y anticuados. La ley de gravitación universal tiene más de cinco siglos, por su data es desde luego longeva, pero sigue siendo válida. Quienes duden de su pertinencia, les aconsejo un ejercicio práctico, déjense caer de una altura de 50 metros y comprobaran si la ley de gravitación universal es anticuada y caduca. Lo mismo ocurre con las clases sociales. Negar su existencia es, por decir lo menos, un acto de ignorancia.

Written by Eduardo Aquevedo

23 agosto, 2010 at 20:11

Paul Krugman: EE.UU se sume en la oscuridad…

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Atacar a la Seguridad Social, P. Krugman (ver más abajo)

Las luces se apagan en todo EE UU, literalmente. La ciudad de Colorado Springs ha copado los titulares con su intento desesperado por ahorrar dinero apagando un tercio de sus farolas, pero están ocurriendo o barajándose cosas similares en todo el país, desde Filadelfia hasta Fresno. Entretanto, un país que en su día asombró al mundo con sus visionarias inversiones en transportes, desde el canal de Erie hasta el sistema de autopistas interestatales, ahora se halla en un proceso de despavimentado: en varios Estados, los Gobiernos locales están destruyendo carreteras que ya no pueden permitirse mantener y reduciéndolas a grava.

Y una nación que antaño valoraba la educación, que fue una de las primeras en ofrecer escolarización básica a todos sus niños, ahora está haciendo recortes. Los profesores están siendo despedidos, y los programas, cancelados. En Hawai, hasta el curso escolar se está acortando de manera drástica. Y todo apunta a que en el futuro se producirán todavía más ajustes.

Nos dicen que no tenemos elección, que las funciones gubernamentales básicas -servicios esenciales que se han proporcionado durante generaciones- ya no son viables. Y es cierto que los Gobiernos estatales y locales, duramente azotados por la recesión, están faltos de fondos. Pero no lo estarían tanto si sus políticos estuvieran dispuestos a considerar al menos algunas subidas de impuestos.

Y en el Gobierno federal, que puede vender bonos a largo plazo protegidos contra la inflación con un tipo de interés de solo el 1,04%, no escasea el dinero en absoluto. Podría y debería ofrecer ayuda a los Gobiernos locales y proteger el futuro de nuestras infraestructuras y de nuestros hijos.

Pero Washington está prestando ayuda con cuentagotas, y hasta eso lo hace a regañadientes. Debemos dar prioridad a la reducción del déficit, dicen los republicanos y los demócratas centristas. Y luego, casi a renglón seguido, afirman que debemos mantener las subvenciones fiscales para los muy adinerados, lo cual tendrá un coste presupuestario de 700.000 millones de dólares durante la próxima década.

En la práctica, buena parte de nuestra clase política está demostrando cuáles son sus prioridades: cuando se les da a elegir entre pedir que el 2% de los estadounidenses más acaudalados vuelvan a pagar los mismos impuestos que durante la expansión de la era Clinton o permitir que se derrumben los cimientos de la nación -de manera literal en el caso de las carreteras y figurada en el de la educación-, se decantan por esto último.

Es una decisión desastrosa tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, esos recortes estatales y locales suponen un pesado lastre para la economía y perpetúan el desempleo, que es devastadoramente elevado.

Es crucial tener en mente a los Gobiernos estatal y local cuando oímos a la gente despotricar sobre el desbocado gasto público durante la presidencia de Obama. Sí, el Gobierno federal estadounidense gasta más, aunque no tanto como cabría pensar. Pero los Gobiernos estatales y locales están haciendo recortes. Y si los sumamos, resulta que los únicos incrementos relevantes en el gasto público han sido en programas de protección social, como el seguro por desempleo, cuyos costes se han disparado por culpa de la gravedad de la crisis económica.

Es decir que, a pesar de lo que dicen sobre el fracaso del estímulo, si observamos el gasto gubernamental en su conjunto, apenas vemos estímulo alguno. Y ahora que el gasto federal se reduce, a la vez que continúan los grandes recortes de gastos estatales y locales, vamos marcha atrás.

Pero ¿no es también una forma de estímulo el mantener bajos los impuestos para los ricos? No como para notarlo. Cuando salvamos el puesto de trabajo de un profesor, eso ayuda al empleo sin lugar a dudas; cuando, por el contrario, damos más dinero a los multimillonarios, es muy posible que la mayor parte de ese dinero quede inmovilizado.

¿Y qué hay del futuro de la economía? Todo lo que sabemos acerca del crecimiento económico dice que una población culta y una infraestructura de alta calidad son cruciales para el crecimiento. Las naciones emergentes están realizando enormes esfuerzos por mejorar sus carreteras, puertos y colegios. Sin embargo, en Estados Unidos estamos reculando.

¿Cómo hemos llegado a este punto? Es la consecuencia lógica de tres décadas de retórica antigubernamental, una retórica que ha convencido a numerosos votantes de que un dólar recaudado en concepto de impuestos es siempre un dólar malgastado, que el sector público es incapaz de hacer algo bien.

La campaña contra el Gobierno siempre se ha planteado como una oposición al despilfarro y el fraude, a los cheques enviados a reinas de la Seguridad Social que conducen lujosos Cadillac y a grandes ejércitos de burócratas que mueven inútilmente documentos de un lado a otro. Pero eso, cómo no, son mitos; nunca ha habido ni de lejos tanto despilfarro y fraude como aseguraba la derecha. Y ahora que la campaña empieza a dar frutos, vemos lo que había realmente en la línea de fuego: servicios que todo el mundo, excepto los muy ricos, necesita, unos servicios que debe proporcionar el Gobierno o nadie lo hará, como el alumbrado de las calles, unas carreteras transitables y una escolarización decente para toda la ciudadanía.

Por tanto, el resultado final de la prolongada campaña contra el Gobierno es que hemos dado un giro desastrosamente equivocado. Ahora, EE UU transita por una carretera a oscuras y sin asfaltar que no conduce a ninguna parte.

Atacar a la Seguridad Social

PAUL KRUGMAN 22/08/2010

La Seguridad Social cumplió 75 años la semana pasada. Debería haber sido una ocasión alegre, una fecha para celebrar un programa que ha aportado dignidad y decencia a la vida de los estadounidenses de más edad. Pero el programa está siendo atacado, y al asalto se han unido algunos demócratas y casi todos los republicanos. Cuentan los rumores que la comisión antidéficit del presidente Obama podría solicitar un profundo recorte de las prestaciones y, más concretamente, un fuerte aumento de la edad de jubilación.

Los que atacan a la Seguridad Social (SS) afirman que les preocupa el futuro financiero del programa. Pero sus números no cuadran y en realidad su hostilidad no tiene nada que ver con dólares y céntimos, sino más bien con ideología y posicionamientos. Y lo que hay bajo todo ello es ignorancia o indiferencia hacia la realidad de la vida para muchos estadounidenses.

Respecto a los números: legalmente, la SS tiene su propia financiación específica, a través del impuesto único. Pero también forma parte del presupuesto general federal. Esta doble contabilidad significa que hay dos formas en las que la SS podría enfrentarse a problemas financieros. La primera es que la financiación específica resulte insuficiente, lo que obligaría al programa bien a recortar las prestaciones o bien a acudir al Congreso en busca de ayuda. La segunda es que los costes de la Seguridad Social acaben siendo insoportables para el presupuesto federal en su conjunto.

Pero ninguno de estos dos problemas en potencia supone un peligro claro y actual. La Seguridad Social ha registrado superávits durante los últimos 25 años, acumulando esos beneficios en una cuenta especial denominada fondo de fideicomiso. El programa no tendrá que solicitar ayuda al Congreso ni reducir las prestaciones hasta que, o a menos que, el fondo se haya agotado, cosa que los actuarios del programa no prevén que suceda hasta 2037, y, según sus cálculos, hay muchas probabilidades de que ese día no llegue nunca.

Entretanto, una población envejecida acabará induciendo -a lo largo de los próximos 20 años- una subida del coste de pagar las prestaciones de la SS desde el actual 4,8% del PIB hasta cerca de un 6%. Para que se hagan una idea, esta subida es significativamente menor que el aumento en el gasto de defensa desde 2001, algo que Washington no consideró ni mucho menos una crisis, y ni siquiera una razón para replantearse algunas de las rebajas fiscales de Bush.

Entonces, ¿a qué se deben esas aseveraciones de crisis? Se basan en gran medida en una contabilidad de mala fe. En concreto, se basan en un juego del trilero en el que los superávits que la SS ha estado registrando durante un cuarto de siglo no cuentan (porque, en fin, el programa no tiene una existencia independiente; no es más que una parte del presupuesto general federal), mientras que los futuros déficits de la Seguridad Social son inaceptables porque, bueno, el programa tiene que sostenerse por sí solo.

Sería fácil descartar este timo de la estampita como un completo disparate, excepto por una cosa: muchas personas influyentes, entre ellas Alan Simpson, copresidente de la comisión antidéficit del presidente, están vendiendo este disparate. Y después de haberse inventado una crisis, ¿qué quieren hacer los asaltantes de la SS? No proponen recortar las prestaciones a los jubilados actuales; en lugar de eso, el plan es invariablemente recortar las prestaciones que se pagarán dentro de muchos años. Así que plantéenselo de esta manera: para evitar la posibilidad de que se produzcan futuros recortes de las prestaciones debemos recortar las prestaciones futuras. Estupendo.

¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Los conservadores odian la Seguridad Social por razones ideológicas: su éxito menoscaba su afirmación de que el Gobierno es siempre el problema, nunca la solución. Pero reciben un apoyo crucial de los enterados de Washington, para quienes una voluntad declarada de recortar la SS ha servido durante mucho tiempo como insignia de la seriedad fiscal, independientemente de la aritmética. Y ningún ala de la coalición anti-Seguridad Social parece conocer o preocuparse por las penalidades que sus propuestas favoritas causarían.

Esta idea tan de moda de aumentar la edad de jubilación aún más de lo que aumentará conforme a la ley vigente -ya ha pasado de los 65 a los 66, está previsto que suba hasta los 67 y algunos proponen ahora que llegue hasta los 70- suele justificarse con afirmaciones de que la esperanza de vida ha aumentado, de modo que la gente puede fácilmente trabajar más años de su vida. Pero eso solo es cierto en el caso de los administrativos, la gente que menos necesita la Seguridad Social. No me refiero únicamente al hecho de que es mucho más fácil verse trabajando hasta los 70 años si se tiene un cómodo puesto de oficina que si uno se dedica a un trabajo físico. EE UU se está convirtiendo en una sociedad cada vez más desigual, y las crecientes disparidades se extienden a cuestiones de vida y muerte. La esperanza de vida a la edad de 65 años ha aumentado mucho en los escalafones más altos del reparto de la renta, pero mucho menos para los trabajadores con rentas más bajas. Y recuerden, la actual legislación ya prevé un aumento de la edad de jubilación.

De modo que repelamos este injusto y -para qué andarnos con rodeos- cruel ataque contra los trabajadores estadounidenses. Los grandes recortes de la Seguridad Social no deben estar sobre el tapete.

Paul Krugman es profesor de Economía en Princeton y premio Nobel de Economía 2008. © 2010 New York Times News Service. Traducción de News Clips. Diario El País

Written by Eduardo Aquevedo

23 agosto, 2010 at 19:50

La guerra contra Irán: primavera 2011…

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Alejandro Nadal

GUERRA El 7 de junio de 1981 aviones de Israel bombardearon y destruyeron el reactor nuclear iraquí de Osirak. Se dice que ese hecho detuvo para siempre el desarrollo de un programa de construcción de armas nucleares por parte de Bagdad. En 2007 bombardeó un reactor norcoreano en Siria. Y ahora esa es la opción que vuelve a ser considerada por Israel para detener el pretendido proyecto de Teherán para dotarse del arma nuclear. ¿La fecha? Casi para el treinta aniversario del ataque al reactor de Osirak. Para más seguridad, en la primavera de 2011.

Parece una fecha lejana, sobre todo a la luz de los urgentes problemas actuales: una crisis que resiste convertirse en recuperación, sequías, incendios e inundaciones que parecen gritar cambio climático en cada torbellino. Sin embargo, el tiempo se escurre rápido. Para los halcones en Israel, la carga del reactor de Bushehr hace una semana y el ritmo de producción en las centrifugadoras de Natanz son las señales que cuentan.

La influyente revista The Atlantic publica este septiembre un artículo de Jeffrey Goldberg sobre las perspectivas de un ataque israelí en contra de Irán (www.theatlantic.com). Goldberg es un bien conocido vocal de grupos vinculados con posiciones intervencionistas en el Medio Oriente. Esta vez entrevistó a más de cuarenta altos funcionarios israelíes y concluye que existe una alta probabilidad de un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán.

El artículo es parte de una campaña para llevar a cabo dicho ataque. La conclusión central es que antes de junio 2011 Benjamín Netanyahu podría lanzar sus aviones contra las instalaciones nucleares de Irán. La ofensiva puede llevarse a cabo con un variado arsenal, incluyendo cargas nucleares para destruir estructuras enterradas a gran profundidad. La política de amimut o de opacidad que mantiene el gobierno de Israel en relación con su arsenal nuclear (estimado en 200 cargas nucleares) no permite asegurar nada sobre esta eventualidad. El ataque incluiría varias docenas de blancos nucleares. Se me ocurre que otro escenario es el de un ataque selectivo con misiles desde Israel o con su arsenal de misiles crucero de alta precisión, disparados desde sus submarinos en el Golfo Pérsico.

Obama se comprometió en su campaña a buscar un diálogo directo con Teherán para detener su programa nuclear militar. Pero el enfoque diplomático fue inconsistente. En lugar de enviar a Teherán un mensaje claro de que Estados Unidos ya no está obsesionado con la vieja idea de un cambio de régimen, Hillary Clinton transmitió las señales equivocadas. Su bravuconería mostró a Teherán que poco había cambiado con Obama. Sobre la mesa de negociación permanecía no sólo la obsesión del cambio de régimen, sino la amenaza del empleo de la fuerza para lograrlo. Para Teherán, el único camino es hacer prohibitivo el precio de un ataque, ya sea de Israel o de Estados Unidos. Su plan nuclear es un instrumento para lograrlo.

Entablar un diálogo con Teherán implicaba una transformación profunda en la relación de Estados Unidos e Israel. La realidad es que el poder del lobby judío en Washington hace pensar desde hace años en el síndrome de que la cola mueve al perro y no al revés. En lugar de que Israel obedezca órdenes de Washington, ésta última es la que acaba por seguir y apoyar las iniciativas de Tel Aviv. De tal modo que si Washington deseaba interrumpir el apoyo de Irán a Hezbollah, por ejemplo, tenía que comenzar con replantear sus relaciones con Israel y detener su política de expansión y genocidio en Gaza y la margen occidental del río Jordán. Obama ni siquiera quiso explorar este camino.

Todo indica que el tiempo se agota. Washington ahora presiona colocando sanciones más severas sobre Teherán. Servirán de muy poco, pero su cálculo es que de doblegar a Ahmadinejad, el mundo se estará ahorrando una nueva guerra. Por su parte, Teherán acelera el ritmo de producción de uranio enriquecido y abraza el apoyo ruso para hacer más difícil un ataque a sus instalaciones nucleares. Ya tiene emplazados centenares de misiles tierra-aire proporcionados por Rusia, de gran alcance y velocidad, así que no es seguro que un ataque alcance todos sus objetivos.

Lo que es seguro es que dicha aventura tendrá efectos desastrosos a escala global. Las guerras en Afganistán e Irak, por no mencionar a Pakistán (y si es que sobrevive a las inundaciones de estas semanas), se intensificarán y fusionarán en una gran zona de actividad bélica. Todo Medio Oriente será envuelto en llamas. Irán podría responder con ataques de misiles balísticos a Israel, lo que provocaría una andanada de misiles israelíes. Teherán probablemente tendría éxito en bloquear el estrecho de Hormuz, interrumpiendo el flujo de petróleo, sacudiendo el mercado mundial y agravando la crisis económica mundial. Sin duda el precio a pagar por un ataque a Irán es muy elevado. Pero para el complejo industrial y militar en Israel (y Washington), ese costo ya ha sido descontado por el mercado de la guerra. // LA JORNADA.COM

http://nadal.com.mx

Written by Eduardo Aquevedo

18 agosto, 2010 at 16:18

Contradicciones en la izquierda latinoamericana…

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Immanuel Wallerstein

Agence Globale

Traducido para Rebelión por S. Seguí

america-latina001 América Latina ha sido el ámbito de los mayores logros de la izquierda mundial en la primera década del siglo XXI. Esto es cierto en dos sentidos. El primero, y más evidente, ha sido el hecho de que los partidos de izquierda o centro-izquierda han ganado una importante serie de elecciones durante la pasada década. En conjunto y por primera vez, los gobiernos latinoamericanos han tomado distancias de Estados Unidos, y, en gran medida, América Latina se ha convertido en una fuerza geopolítica relativamente autónoma en la escena mundial.

Pero hay un segundo sentido en el que América Latina ha registrado los mayores éxitos de la izquierda mundial: los movimientos de las poblaciones indígenas de América Latina se han afirmado políticamente en casi todos los países, y han exigido su derecho a organizar su vida política y social de manera autónoma. Este movimiento saltó a las primeras páginas de la prensa de todo el mundo con el espectacular levantamiento neozapatista en el estado mexicano de Chiapas, en 1994. Lo que ha sido menos aparente es la aparición de movimientos similares en toda América Latina y el grado en que se ha ido creando una red interamericana de estructuras organizativas locales.

El problema estriba en que los dos tipos de izquierda -los partidos que han alcanzado el poder en los distintos Estados y los movimientos indigenistas de algunos de ellos- no tienen los mismos objetivos y utilizan un lenguaje ideológico muy distinto.

Los partidos se han puesto como principal objetivo el desarrollo económico, tratando de lograrlo, al menos en parte, mediante un mayor control de sus propios recursos y unos mejores acuerdos con las empresas y los gobiernos extranjeros, y las instituciones intergubernamentales internacionales. Persiguen el crecimiento económico, argumentando que sólo de esta manera mejorará el nivel de vida de sus ciudadanos y lograrán una mayor igualdad.

Los movimientos indigenistas han tratado de conseguir un mayor control sobre sus propios recursos y una mejora de las relaciones no sólo con los actores no nacionales, sino también con sus propios gobiernos nacionales. En general, afirman que su objetivo no es el crecimiento económico, sino llegar a un acuerdo con la Pachamama, o madre tierra. Aseguran que no buscan una mayor utilización de los recursos, sino un uso mucho más sensato que respete el equilibrio ecológico: persiguen el denominado buen vivir.

No es de extrañar que los movimientos indigenistas se hallen firmemente opuestos a los escasos gobiernos conservadores de América Latina, como México, Colombia y Perú. Sin embargo, cada vez más abiertamente, estos movimientos también han entrado en conflicto con los gobiernos de centro-izquierda como Brasil, Venezuela, Ecuador e incluso Bolivia.

Y cito aquí Bolivia porque es el único gobierno que ha elegido a un presidente indígena con el apoyo masivo de la población indígena del país. Y sin embargo, ha habido conflicto. Como en otros lugares, en Bolivia se trata de cómo se desarrollan los recursos naturales, quién toma las decisiones y quién controla los ingresos.

Los partidos de izquierda tienden a acusar a los grupos indigenistas que entran en conflicto con ellos de ser, a sabiendas o no, los peones (si no los agentes) de los partidos de la derecha nacional, y de determinadas fuerzas externas, en particular de Estados Unidos. Los grupos indigenistas que se oponen a los partidos de izquierda insisten en que actúan únicamente en defensa de sus propios intereses y por propia iniciativa, y acusan a los gobiernos de izquierda de actuar como los gobiernos conservadores de antaño, sin tener en cuenta realmente las consecuencias ecológicas de sus actividades en pro del desarrollo.

Algo interesante ha sucedido recientemente en Ecuador. Allí, el gobierno de izquierdas de Rafael Correa, que había alcanzado el poder inicialmente con el apoyo de los movimientos indigenistas, entró luego en agudo conflicto con éstos. El mayor distanciamiento se produjo con las intenciones del gobierno ecuatoriano de explotar campos petrolíferos en una reserva amazónica protegida llamada Yasuní.

Inicialmente, el gobierno hizo caso omiso de las protestas de los habitantes indígenas de la región, pero más tarde, el presidente Correa inventó una alternativa ingeniosa. Propuso a los gobiernos ricos del Norte que, a cambio de que el Ecuador renunciara a cualquier explotación en el Yasuní, estos gobiernos de los países ricos compensasen a Ecuador por esta renuncia, al considerar que se trataba de una contribución a la lucha mundial contra el cambio climático.

Cuando hizo su propuesta por primera vez en la Cumbre del Clima de Copenhague, en 2009, todos la consideraron una fantasía. Pero después de seis largos meses de negociaciones, cinco gobiernos europeos (Alemania, España, Bélgica, Francia y Suecia) han acordado crear un fondo que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que financiará a Ecuador por no explotar el Yasuní, con la justificación de que con ello se contribuye a la reducción de las emisiones de carbono. Se habla de inventar un nuevo verbo, yasunizar, para referirse a este tipo de acuerdos.

Pero, ¿cuántos acuerdos de este tipo se pueden cerrar? Hay un problema más fundamental en juego. Es la naturaleza del "otro mundo (es) posible", para utilizar el lema del Foro Social Mundial: ¿sería un mundo basado en un crecimiento económico constante, aún siendo éste “socialista", que pretendiese elevar el ingreso real de las personas en el Sur global?, ¿o sería lo que algunos llaman un cambio de valores de civilización, un mundo de buen vivir?

No será un debate de fácil solución. En la actualidad es un debate que se produce en el seno de las fuerzas de la izquierda latinoamericana. Pero hay situaciones similares en la base de gran parte de las tensiones internas en Asia, África e incluso Europa. Éste puede llegar a ser el gran debate del siglo XXI.

Fuente: http://www.agenceglobal.com/article.asp?id=2401

CASEN: Errores y aciertos para no seguir contando pobres…

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Por Francisca Skoknic, CIPER. | 12 de Agosto de 2010

La última encuesta CASEN confirmó que la desigualdad sigue siendo un problema agudo en Chile. Una realidad mucho más cruda que la imagen país instalada. Mientras unos discuten cuántos son los pobres y el impacto de los programas sociales de los gobiernos de la Concertación, las cifras siguen mostrando el mapa de los logros y también el fracaso de la promesa de terminar con la miseria.

El debate no es sólo para economistas. Entre expertos y autoridades CIPER buscó las dos caras del diseño y control de la red de protección social. Y entrega una reseña de los errores de diagnóstico e implementación que atentaron contra la eficiencia del Chile Solidario, el programa estrella para combatir la pobreza que sigue siendo una pieza clave de las políticas sociales para enfrentar el urgente desafío de los que no pueden esperar.

Erradicar la indigencia es una de las promesas de campaña que Sebastián Piñera renovó a la luz de los resultados de última encuesta CASEN. Terminar con la miseria fue también uno de los compromisos de Ricardo Lagos casi una década antes. Aunque hubo importantes avances, algo falló en el camino y el debate sobre el combate a la pobreza extrema ha vuelto a posicionarse como un tema central de la agenda política.

El desafío de Lagos se inició en un ciclo de sesiones bautizadas como “Seminarios Académicos Presidenciales”. Fuera del horario de oficina y sin figurar en la agenda pública del Primer Mandatario, éste invitaba a expertos a debatir distintos temas. Eran su joyita y exigía total confidencialidad a cada uno de los asistentes. Nunca se filtró ni su existencia ni lo que se habló en los nueve seminarios que organizó durante su sexenio.

Lo que sí trascendió fue uno de sus resultados: el programa Chile Solidario. Corría abril de 2002 y en la Dirección de Presupuestos le daban vuelta al perfeccionamiento del sistema de protección social. Bajo la coordinación del asesor presidencial Víctor Tokman, ministros y una decena de funcionarios de gobierno, además de expertos de distintos centros de estudios y ONGs ligadas al tema de la pobreza participaron en el debate.

-Lo primero era decidir en qué concentrarnos, ¿pobreza, indigencia o equidad? Hubo partidarios de todo, pero naturalmente surgió que empezáramos con la indigencia. Había claridad en que era una tarea posible de atacar. El presidente le dio vueltas, insistió mucho en ese punto y estaba en la disyuntiva de cómo hacerlo -recuerda Tokman.

Harald Beyer, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), a quien se le ubica en el sector más a la derecha del grupo, saltó entonces con una respuesta liberal: “Les mandamos un cheque, la gente sabe qué hacer con su plata, no se trata de imponerlo”.

La idea no era del gusto de algunos expertos que llevaban tiempo trabajando en el tema de la pobreza desde un mundo más de izquierda, orientando los esfuerzos hacía proyectos colectivos. Algunos sentían que el bono transformaría la relación con el Estado en un vínculo más clientelista: condicionaría el acceso a los beneficios sociales a un canje monetario individual. Pero Lagos enganchó con la idea de Beyer, consciente de que aunque modesto, un bono de $10.500 podía ser suficiente para sacar a un buen número de familias de la línea de la indigencia.

–Siento que no gané esa pelea– se lamenta hoy Beyer–. Soy partidario de una transferencia más generosa. Yo le dije al Presidente que se podía calcular cuánto faltaba para poner a las personas sobre la línea de la pobreza extrema, pero los otros insistieron en que eso iba a generar dependencia. Creo que si uno lo diseña bien, puede superar esa crítica.

Lagos también acogió la propuesta que traían Mideplan y el Fosis, donde ya se estaba ejecutando un plan piloto del programa Puente. Su símbolo era un tablero de juegos en que los participantes debían cumplir ciertos requisitos que los ayudarían a cruzar el puente para salir de la extrema pobreza.

La conclusión final fue que no bastaba con repartir dinero, sino que la política debía ir acompañada de un fuerte apoyo psicosocial que tomaría como base lo avanzado por el Fosis. Un profesional (“apoyo familiar”), visitaría periódicamente los hogares para fomentar la convivencia armónica y las competencias para obtener ingresos, junto con vincularos con las redes del Estado, donde recibirían asistencia prioritaria en salud, educación y acceso a mejor alimentación infantil, becas, subsidios y pensiones. A sugerencia de Beyer, El Puente iría acompañado de un bono, condicionado a aquellas familias que cumplieran con los pasos exigidos, como enviar a los niños al colegio o cumplir con los controles médicos.

Se formaron grupos de trabajo para diseñar el programa mixto y las decisiones se tomaron contra el tiempo. Faltaba cerca de un mes para el 21 de mayo, ocasión en que Lagos anunciaría la creación del Chile Solidario como eje de la política de protección social: “Es decisión de mi gobierno, que al término de mi mandato, en Chile ya no exista más el drama social de la indigencia y la miseria”.

A fines de ese año ya se estaba ejecutando y se transformaba en uno de los programas estrella de Lagos. No sólo prometía erradicar la indigencia, sino que era elogiado en distintos países por la innovadora forma con que combinaba apoyos familiares, acceso a los beneficios estatales y subsidios condicionados.

CASEN: Dos lecturas para el impacto del gasto social

La encuesta CASEN realizada en 2006 fue la primera que midió la pobreza después de un tiempo prolongado de funcionamiento del Chile Solidario. Si bien quedó claro que tras el fin del gobierno de Lagos no se había cumplido la meta de eliminar la indigencia, ésta seguía su trayectoria descendente: en un trienio bajó de 4,7% a 3,2%. En cuanto a la pobreza no indigente, entre 2003 y 2006 ésta había caído de 14% a 10,5%. En total, 13,7% de los chilenos todavía era considerado pobre y vivía bajo la línea artificial trazada por la CASEN. Aunque la forma de medición es criticada por los expertos, aún constituye la única medición oficial.

Pese a que durante la administración de Michelle Bachelet el foco estuvo precisamente en profundizar la red de protección social, la tendencia a la baja se interrumpió en la segunda medición realizada durante su mandato. El 13 de julio pasado, el Presidente Piñera dio a conocer las cifras de la CASEN 2009: 15,1% de la población es considerada pobre. El porcentaje se descompone en 3,7% de personas que viven en la indigencia y 11,4% de pobres no indigentes. El Primer Mandatario culpó a la burocracia, el despilfarro y la corrupción. Su ministro de Mideplan, Felipe Kast, apuntó a los altos costos administrativos y cuestionó la falta de evaluación de los programas existentes.

La interpretación del gobierno desató el vendaval. Implicaba una dura crítica a la política social de los gobiernos de la Concertación. Se cuestionó la lectura de los datos al obviar el efecto de la crisis económica internacional en los resultados.

-La encuesta se hizo exactamente en el nudo de la crisis, cuando el desempleo era 2,6% más alto que cuando se encuestó en 2006. La inflación del precio de los alimentos hizo que la canasta con que se mide la pobreza subiera 36%, mientras el IPC lo hizo en un 14%. Ése es el tema de fondo -explica el economista de la Universidad de Chile Alejandro Micco, ex jefe de asesores del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Bachelet.

A su juicio, las políticas sociales atenuaron el impacto de la crisis: “No aumentó la deserción escolar, punto muy importante para el desarrollo futuro. Durante la crisis de 1982 veías las calles llenas de niños pidiendo plata. Un cambio sustantivo porque no estás hipotecando a las futuras generaciones por una crisis. Eso es protección social. Chile Solidario condiciona la entrega de dinero a la escolaridad”.

Este diseño permitió que, pese a la crisis y la pérdida de empleo, los más pobres contaran con un “paraguas” básico de programas sociales que les permitió enfrentar de mejor forma la tormenta.

A fines de julio, cuando aún no amainaba la discusión sobre el aumento de la pobreza, la segunda entrega de la encuesta CASEN, esta vez referida a la distribución del ingreso, reavivó la polémica. Kast puso el acento en el aumento de la desigualdad. Las cifras exhibidas eran dramáticas: si en 2006 los ingresos del 10% más rico representaba 31,3 veces el ingreso del 10% más pobre, en 2009 la brecha había subido a 42,3 veces. La brecha más alta desde 1990. Lo que no se destacó es que si a los ingresos propios de las familias (autónomos) se sumaban todas las transferencias hechas por el Estado a través de distintos subsidios, el aumento era más leve: de 23,9 a 25,9 veces.

Esta vez Micco salió públicamente a rebatir la información. En una columna en La Tercera escrita junto al ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, argumentaron que la cifra entregada por Kast se refería sólo al ingreso familiar, y lo que correspondía era mirar el ingreso per cápita (cuánto recibe cada miembro de la familia) e incluir los subsidios y otros beneficios entregados por el Estado (ingreso monetario). Así, la interpretación cambiaba: si en 2006 el 10% más rico recibía 34,4 veces más que el 10% más pobre, en 2009 la brecha había caído a 32,5 veces.

Si bien esta lectura pudo ser vista como un intento de defender las políticas de Bachelet, pues muestran el impacto positivo de los programas sociales, Micco y Velasco contaron con el sorpresivo respaldo de Harald Beyer desde el CEP. En carta enviada a El Mercurio, el economista argumentó que desde el punto de vista del bienestar de los hogares, lo importante es analizar el ingreso monetario per cápita, y visto así la brecha se había reducido. “Es oportuno recordar que a pesar de la crisis económica que afectó al país, la desigualdad no parece haber aumentado”, sentenció Beyer.

En entrevista con CIPER, el ministro Kast atribuyó dichos análisis a un error de interpretación de los datos. Y explicó que se debe a que el cuadro publicado por Mideplan no pondera la cantidad de integrantes de cada familia, sino que toma el ingreso promedio de uno solo de sus miembros, sin importar si la familia está compuesta por dos o diez personas. La tabla –señaló- fue incluida en la presentación sólo para mantener la misma forma de exhibir los resultados que usaron los gobiernos anteriores y así evitar suspicacias.

“Hablé con Harald para explicarle que él no había entendido la lámina”, dice Kast. Aunque Beyer le concede al ministro que habría sido mejor un indicador que ponderara a los integrantes de cada familia, no le convence su explicación. Insiste en que el cálculo per cápita exhibido en los resultados de la CASEN es correcto para evaluar la distribución del ingreso. Afirma que si bien disminuyó el número de integrantes por familia en los deciles más bajos, la caída no fue dramática, y debiera ser más o menos proporcional en los distintos grupos familiares. Por lo tanto, tampoco debería cambiar radicalmente la conclusión.

Si lo que se quiere es evaluar los programas sociales, lo anterior no es una mera discusión técnica entre economistas. De acuerdo a los datos de la discordia, el ingreso autónomo (sin subsidios) per cápita del 10% más pobre, cayó de $19.255 a $14.595 entre 2006 y 2009. Sin embargo, cuando se le suman los beneficios entregados por el Estado (ingreso monetario), el monto sube de $29.439 en 2006 a $35.373 en 2009. Esa diferencia avalaría el impacto de las políticas sociales al revertir la caída de los ingresos autónomos.

Otro dato que respalda el efecto de los programas estatales es el coeficiente de Gini, un indicador utilizado internacionalmente para medir y comparar la distribución del ingreso. Oscila entre 1 y 0: de una distribución completamente desigual (1) a una igualitaria (0). De acuerdo a los datos de la CASEN, si se toman los ingresos autónomos de las personas, dicho coeficiente aumenta de 0,54 a 0,55, reflejando una mayor desigualdad. En cambio, si se contabilizan los ingresos monetarios, los aportes estatales mantuvieron el indicador estable en 0,53 en ambas mediciones, contrarrestando el aumento de la mayor desigualdad pese a la crisis económica. Aún así, el índice sigue siendo alto, lo que refleja la pésima distribución del ingreso en Chile.

Si el debate gira en torno al real impacto del gasto social, éste podría ser aún más importante si se contabilizaran las transferencias no monetarias en salud y en educación. Estos datos no han sido calculados para la CASEN 2009, pero en la encuesta de 2006 arrojaron que la brecha entre los más ricos y los más pobres disminuía a un tercio (de 31 veces a 11,6 veces) cuando se sumaban estos ítems, pues con ellos el decil menos favorecido triplicaba sus ingresos.

SUPUESTOS ERRADOS

Aún considerando que la última CASEN fue hecha en un contexto de crisis económica y que los programas sociales atenuaron su efecto, incluso aquellos que defienden la red de protección social creen que podrían funcionar mejor. El actual gobierno afirma que no existen evaluaciones de calidad y por lo tanto no se puede medir bien su efectividad. Si se toma Chile Solidario, el proyecto estrella de la Concertación y que integra a distintos programas sociales, esto es cierto a medias. La mayor parte de los expertos consultados coincide en que lo ideal habría sido que junto con la política se hubiera diseñado un sistema de evaluación que incluyera grupos de control. Esto suponía, por ejemplo, ejecutar el programa de manera escalonada de modo de poder comparar la evolución de distintos grupos. Pero la idea de Lagos era erradicar la miseria en los cuatro años que le restaban de gobierno por lo que intentó incluir de una vez a todos los indigentes.

Sin embargo, sí existen evaluaciones del Chile Solidario realizadas por el Banco Mundial (2006 y 2008), Mideplan (2007) y el PNUD (2009). Esta última utilizó como grupos de control a familias que por una u otra razón habían quedado fuera del programa.

El economista Dante Contreras realizó, junto a Osvaldo Larrañaga, la evaluación del PNUD. Afirma que se trata de un programa bien diseñado, pero que puede mejorar su implementación. Sobre la focalización de los programas sociales, su opinión es clara: “En Chile se focaliza bien. No excelente ni mal, sino bien. Los cuadros de distribución de ingresos demuestran que la plata llega a los más pobres. La gente que dice que la focalización es mala está dando una opinión política, no técnica, pues no hay papers que lo avalen”.

La evaluación hecha para el PNUD dejó en evidencia uno de los problemas iniciales del Chile Solidario: partió de un supuesto errado. Cuando en 2002 Lagos reunió a su comisión de académicos existía el convencimiento de que había un núcleo duro de pobreza extrema en torno al 5% de la población. Un grupo que no se beneficiaba del crecimiento económico y estaba al margen de los programas sociales a los que tenía derecho. Según le dijeron los expertos, cada una de esas personas estaba plenamente identificada. Sin embargo, esto no era así. Las familias entraban y salían de la pobreza constantemente y no existía tal núcleo duro.

Las encuestas panel CASEN, que hacen un seguimiento a las familias en el tiempo, ya habían dado luces al respecto. El ministro Kast fue uno de los que reparó, en 2004, en ello al concluir que el 47% de los indigentes en 2001 ni siquiera calificaba como pobre en 1996. Análisis posteriores de los panel hasta 2006 hablan de una cifra menor, pero refuerzan la tesis de la alta movilidad de la pobreza y de cómo los grupos vulnerables cruzan una y otra vez la línea: 34,1% de los chilenos calificó alguna vez como pobre entre 1996 y 2006.

Las evaluaciones arrojan otros datos preocupantes: si bien se ve un impacto positivo en vivienda y empleo de los participantes, así como de otras importantes variables ligadas al bienestar, no se percibe una mejoría en los ingresos autónomos de quienes han sido beneficiarios del Chile Solidario con respecto a quienes no han participado.

-Uno de los temas débiles que nunca se terminó de analizar en serio es cuál era la posibilidad que tenía la gente para conseguir trabajo una vez que salía del programa. Y el Banco Mundial hace el hallazgo de que la gente que estaba fuera del Chile Solidario tenía una mayor disponibilidad a buscar ingresos autónomos. Es la eterna discusión entre protección social y oportunidades, en la que hoy estamos de nuevo -dice el director ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno.

Por las mismas razones, Francisca Márquez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y cabeza del equipo que aplicó la última CASEN, cree que hay que cambiar el eje del debate: “La discusión sobre la desfocalización no lleva a ninguna parte. El Estado focalizó, pero el problema es que ello permitió que egresaran del programa y se pensó que iban a poder mantenerse en el mercado del trabajo. Un gran error”.

Francisca Márquez se pregunta si ese error pudo haber contribuido al aumento de la pobreza en la última CASEN, la primera medición que se hace con familias egresadas del Chile Solidario. Familias que en la encuesta anterior tenían un subsidio monetario y apoyo especializado y que ahora perdieron.

Como apunta Dagmar Raszcinsky, de Asesorías para el Desarrollo, cuando se mide la pobreza por ingresos y se tiene un programa diseñado para eliminar la indigencia, el factor empleo y capacitación es clave. A su juicio, no basta con entregar aportes monetarios, pues los graves problemas psicosociales de muchas familias hacen que sin apoyo se transformen en dependientes del Estado.

Harald Beyer discrepa. E insiste en que los efectos no previstos apoyan su propuesta de 2002 de aumentar las transferencias directas y sacar a la gente de la pobreza a punta de subsidios monetarios. “Si te convences de que es un buen instrumento, reasignas o puedes mantener el impuesto a las empresas en 18,5%”, propone, a pesar de los costos que ello implica y que podrían oscilar entre el 1% y el 3% del PIB. Hasta ahora el gobierno ha anunciado un plan más modesto: costaría menos del 1% del PIB y busca asegurar un ingreso ético familiar de $250 mil.

Con un sueldo mínimo que condena a miles de familias a vivir en la pobreza, el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade puso el foco en los datos sobre la calidad del empleo que arroja la última CASEN: “Más de dos tercios de los pobres sí tienen empleo, pero con una remuneración tan precaria que los mantiene en la pobreza a pesar del trabajo”. Con bajos salarios, es el Estado el que termina subsidiando a familias que tienen ingresos insuficientes para vivir.

El ministro Kast rechaza ese diagnóstico. Afirma que está errado ya que la CASEN arroja también que entre las familias del decil más pobre el promedio de personas que trabaja es de sólo 0,51; cifra que prácticamente se dobla en el segundo decil y llega hasta 1,72 personas por hogar en el decil ocho. Lo relevante –dice- es la cantidad de empleo. Es por eso que se estudian fórmulas para facilitar la inserción laboral de quienes participan en los programas sociales (ver entrevista).