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Chile: contra la desigualdad (Velasco, Larroulet y compañía)…

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El pasado 1° de diciembre, Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda y actual precandidato presidencial, lanzó su libro “Contra la Desigualdad: el empleo es la clave“. Allí desarrolla in extenso  la tesis, no muy novedosa, de que para disminuir la desigualdad la clave es aumentar la tasa de ocupación. Es decir, generar más y más puestos de trabajo.

No tardó mucho para que desde el actual Gobierno, las autoridades saludasen la propuesta y sacasen – de nuevo – a relucir la copiosa creación de puestos de trabajo de la administración Piñera.

Así, el argumento planteado por Velasco fue defendido (entre otros) por Cristián Larroulet, Ministro Secretario General de la Presidencia, por Hernán Larraín, senador UDI y por Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Más empleo = menos desigualdad suena también muy similar a la vieja teoría del chorreo económico, – planteada en 1955 por Simon Kuznets -que sostiene que hay una parte del crecimiento económico que se rebalsará hacia la población vía puestos de trabajo y que, como consecuencia de ello, mejorará la distribución de ingresos.

Lamentablemente,  no por repetir mucho una frase, esta se vuelve verdad. Y eso ocurre con esta idea.

En los últimos 20 años en Chile se ha generado más empleo, sin embargo ello no se ha traducido en una mejora en los indicadores de desigualdad. De hecho, durante los últimos 20 meses se han creado 570 mil nuevos puestos de trabajo, la mayoría de muy mala calidad: el 55% es trabajo por cuenta propia (la mayoría de tiempo parcial y baja calificación), familiar no remunerado, personal de servicio doméstico o microempresarios que tienen menos de 5 trabajadores. El 45% restante es trabajo asalariado, pero correspondiente en un 100% a empresas contratistas o subcontratistas.Es importante dejar claro en el debate público que la mala calidad del trabajo anula cualquier efecto positivo que podría tener la creación de empleo sobre la distribución de ingresos. De hecho, tomando las 34 comunas del Gran Santiago, entre junio de 2010 y junio de 2011, habiéndose creado más de 97 mil empleos (según INE, ó 73 mil según U. Chile), la desigualdad en la distribución de ingresos –asociados al trabajo– empeoró en un 32%: el 10% más rico aumentó la brecha respecto al 10% más pobre en un cerca de 1/3. (cálculos Fundación SOL, en base a Encuesta de Empleo y Desempleo Universidad de Chile e INE).

Por otro lado, si bien existen países como los nórdicos, que han logrado la combinación perfecta de altas tasas de empleo (esto es, una gran cantidad de personas trabajando) y bajos niveles de desigualdad, también es cierto que existen muchísimos países de África Subsahariana que, con tasas de empleo y participación inclusive mayores que los escandinavos (pues gran parte de los trabajos son precarios, como lo que está pasando en Chile), siguen subsumidos en la desigualdad. Basta con ver las tasas de ocupación de Angola (64,4%), Ruanda (85,3%), Etiopía (79,5%) y Sierra Leona (65,3%) Todos ellos son países pobres y desiguales, pero altamente participativos en términos de tasas de ocupación, inclusive más que la de los países escandinavos: Noruega (63,5%), Dinamarca (59,8%), Finlandia (55,2%) y Suecia (58,4%). (Datos tomados de Key Indicators of the Labour Market de la OIT de 2010 KILM-OIT).

Estos casos muestran que, contra lo planteado por Velasco, Larroulet y compañía, “contra la desigualdad” el empleo por sí solo, no es la clave. ¿Por qué?

Parte importante de la respuesta tiene que ver con otros conductores de la desigualdad, que necesariamente deben ponerse en la balanza (informe “Growing Unequal (2008)” de la OECD). Uno de ellos es el poder de negociación que tienen los trabajadores. Descuidar la distribución inducida por sindicatos y negociación colectiva, puede no solamente esterilizar lo que se logre con más empleos, sino también empeorar la distribución, como ha ocurrido en los últimos años en Chile, donde se han generado empleos, el país ha crecido  económicamente, pero la desigualdad no ha mejorado.

La importancia de estos factores queda en evidencia al responder la siguiente pregunta ¿quién gana cuando aumenta el ingreso promedio? Tomando los datos de Estados Unidos, Emmanuel Sáez de la Universidad de California, concluye que para el período 2000-2007, el 100% del crecimiento de los ingresos de ese país cayó en bolsillos del 10% más rico. Replicando la metodología de Sáez, y haciendo uso de la encuesta Casen, tenemos que, durante el período 2000-2006 -al igual que en Estados Unidos- en Chile todo el crecimiento de los ingresos cayó en las manos del 10% más rico, en manos de la aristocracia trabajadora.

Esa realidad no se revierte sólo con más empleo.

Teóricamente suena lógico y didáctico plantear que si antes trabajaba una persona en la casa y ahora lo hacen dos, la distribución de ingresos tiene que mejorar: hay más ingresos en el hogar. Pero descuidar el “excedente productivo no remunerado” puede provocar que aún cuando trabajen dos personas, la distribución termine siendo igual, o incluso peor. Ello, como consecuencia de que las dos personas del tramo más rico se han adueñado de parte relevante de las remuneraciones que correspondían a las dos personas del tramo más pobre.

Así ocurre en Chile. En el período comprendido entre 1990 y 2009, nuestro país presenta una creciente disociación entre la productividad y las remuneraciones. En los últimos 20 años, si la productividad creció en un 90%, las remuneraciones solo lo hicieron en un 20% (tomando datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE y para productividad datos del Banco Central de Chile). Esta brecha es el “excedente productivo no remunerado”, la productividad que debiendo ser pagada al factor trabajo, fue apropiada por los empresarios abultando su tasa de ganancia.

Preocuparse primero de crecer y de la distribución después, ha sido un concepto equivocado que el propio Banco Mundial ya lo ha señalado.

Contra la desigualdad, un elemento clave es la negociación colectiva de alta cobertura, que aumente las remuneraciones y disminuya el excedente productivo no remunerado.

Un reciente estudio de la Fundación SOL, concluye que aumentar en 10 puntos porcentuales la sindicalización mejora el Gini en un 4,3% y que aumentar el grado de centralización de la negociación colectiva (el mismo que se degradó al mínimo durante la primera etapa de la dictadura, y nunca más se tocó), mejora la distribución de ingresos en un 7,1%. También muestra que hay distintas formas de organizar la negociación colectiva y que la que tenemos en Chile es la menos eficaz en términos de mejorar la distribución de ingresos. (Para más detalles, ver propuesta de Fundación SOL).

Crear y crear más puestos de empleo sin tener una solución sincera al imperfecto sistema de negociación, puede llevarnos al desastre que viven varios de los países del “Black Africa“: pleno empleo y enorme desigualdades. De hecho hoy avanzamos por esa senda siguiendo el lugar común que el ex ministro Velasco desempolva en su último libro.

Contra la desigualdad: Velasco, Larroulet y compañía – El Mostrador.

P. Krugman: somos el 99,9% (la brecha de ingresos en EE.UU y la OCDE)…

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PAUL KRUGMAN 11/12/2011

Nosotros somos el 99%" es un gran eslogan. Define correctamente el problema como una oposición entre la clase media y la élite (en vez de entre la clase media y los pobres). Y también va más allá de la idea consagrada, reiterada pero errónea, de que la creciente desigualdad se deriva principalmente de que a la gente culta le va mejor que a la que tiene menos cultura; los que más han salido ganando en esta nueva Edad de Oro han sido un puñado de gente muy rica, no licenciados universitarios en general.

Sin embargo, el eslogan del 99% apunta en todo caso demasiado bajo. Una gran parte de las ganancias del 1% más rico se concentran en un grupo todavía más pequeño, el 0,1% más alto (la milésima parte más rica de la población).

Y en Estados Unidos, mientras que los demócratas, en líneas generales, quieren que la superélite contribuya al menos en parte a la reducción del déficit a largo plazo, los republicanos quieren rebajarle los impuestos y al mismo tiempo recortar la Seguridad Social y la asistencia médica en nombre de la disciplina fiscal.

Antes de llegar a esas discrepancias políticas, veamos unas cuantas cifras.

El último informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso sobre la desigualdad no analizaba detalladamente el 1% más alto, pero un informe anterior, que solo llegaba hasta 2005, sí lo hacía. De acuerdo con ese informe, entre 1979 y 2005 los ingresos después de impuestos y ajustados a la inflación de los estadounidenses con una posición media en la distribución de la renta aumentaron un 21%. El número equivalente para el 0,1% más rico aumentó un 400%.

En su mayoría, estas enormes ganancias reflejaban un aumento drástico en la parte de la renta antes de impuestos correspondiente a la superélite. Pero también ha habido grandes reducciones de impuestos que han favorecido a los ricos. En concreto, los impuestos sobre las plusvalías son mucho más bajos que en 1979, y la milésima parte más rica de los estadounidenses representan la mitad de todos los ingresos derivados de las plusvalías.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿por qué defienden los republicanos nuevas rebajas fiscales para los muy ricos al tiempo que advierten sobre los déficits y exigen recortes drásticos en los programas de Seguridad Social?

Pues bien, aparte de gritar "¡Guerra de clases!" siempre que se plantean estas preguntas, la respuesta habitual es que la superélite "crea empleo", o sea, que hace una aportación especial a la economía. Por eso, lo que necesitan saber es que esto es economía mala. De hecho, sería economía mala incluso si EE UU tuviera la economía de mercado perfecta e ideal de las quimeras conservadoras.

Después de todo, en una economía de mercado ideal, a cada trabajador se le pagaría exactamente lo que él o ella aporta a la economía al decidirse a trabajar, ni más ni menos. Y esto sería igualmente válido para los trabajadores que ganan 30.000 dólares al año y para los ejecutivos que ingresan 30 millones al año. No habría ninguna razón para considerar que las aportaciones de los que se embolsan 30 millones de dólares merecen un tratamiento especial.

Pero, dirán ustedes, los ricos pagan impuestos. Y en efecto, así es. Y podrían -y deberían, desde el punto de vista del 99,9%- pagar una parte considerablemente mayor, en vez de optar a todavía más exenciones fiscales, a pesar de la supuesta crisis presupuestaria, por todas las cosas magníficas que se supone que hacen.

Así y todo, ¿no es verdad que algunos de los muy ricos se hacen así de ricos creando innovaciones que son mucho más valiosas para el mundo que la renta que reciben? Claro que sí, pero si se fijan en quiénes componen realmente ese 0,1%, es difícil no llegar a la conclusión de que, en general, a los miembros de la superélite se les paga de más, no de menos, por lo que hacen.

Porque, ¿quiénes son ese 0,1%? Muy pocos de ellos son innovadores a lo Steve Jobs: la mayoría de ellos son mandamases de empresas y embaucadores financieros. Según un análisis reciente, el 43% de la superélite son ejecutivos de empresas no financieras; el 18% se dedica a las finanzas, y otro 12% son abogados o están en el sector inmobiliario. Y estas no son, por decirlo suavemente, profesiones en las que exista una clara relación entre los ingresos de alguien y su aportación a la economía.

La paga de los ejecutivos, que se ha disparado durante la última generación, la deciden unas juntas directivas nombradas por esas mismas personas cuyo sueldo establecen; los consejeros delegados que hacen una mala labor reciben de todas maneras nóminas espléndidas, y hasta los ejecutivos fracasados y despedidos a menudo reciben millones según salen por la puerta.

Mientras tanto, la crisis económica ha demostrado que gran parte del valor aparente creado por las finanzas modernas era un espejismo. Como lo expresaba recientemente el director de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, la supuestamente alta rentabilidad antes de la crisis sencillamente reflejaba un aumento del riesgo, un riesgo que corrían no los propios embaucadores, sino los inversores ingenuos o los contribuyentes, que acabaron cargando con el muerto cuando todo salió mal. Y como señalaba mordazmente, "si la creación de riesgo fuera una actividad con valor añadido, los que juegan a la ruleta rusa contribuirían desproporcionadamente al bienestar mundial".

Entonces, ¿debería el 99,9% odiar al 0,1%? No, ni mucho menos. Pero debería hacer caso omiso de toda la propaganda sobre la "creación de empleo" y exigir que la superélite pague muchos más impuestos.

Paul Krugman es profesor de Economía en Princeton y premio Nobel 2008. © 2011 New York Times Service. Traducción de News Clips.

Somos el 99,9% · ELPAÍS.com.

CASEN: Errores y aciertos para no seguir contando pobres…

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Por Francisca Skoknic, CIPER. | 12 de Agosto de 2010

La última encuesta CASEN confirmó que la desigualdad sigue siendo un problema agudo en Chile. Una realidad mucho más cruda que la imagen país instalada. Mientras unos discuten cuántos son los pobres y el impacto de los programas sociales de los gobiernos de la Concertación, las cifras siguen mostrando el mapa de los logros y también el fracaso de la promesa de terminar con la miseria.

El debate no es sólo para economistas. Entre expertos y autoridades CIPER buscó las dos caras del diseño y control de la red de protección social. Y entrega una reseña de los errores de diagnóstico e implementación que atentaron contra la eficiencia del Chile Solidario, el programa estrella para combatir la pobreza que sigue siendo una pieza clave de las políticas sociales para enfrentar el urgente desafío de los que no pueden esperar.

Erradicar la indigencia es una de las promesas de campaña que Sebastián Piñera renovó a la luz de los resultados de última encuesta CASEN. Terminar con la miseria fue también uno de los compromisos de Ricardo Lagos casi una década antes. Aunque hubo importantes avances, algo falló en el camino y el debate sobre el combate a la pobreza extrema ha vuelto a posicionarse como un tema central de la agenda política.

El desafío de Lagos se inició en un ciclo de sesiones bautizadas como “Seminarios Académicos Presidenciales”. Fuera del horario de oficina y sin figurar en la agenda pública del Primer Mandatario, éste invitaba a expertos a debatir distintos temas. Eran su joyita y exigía total confidencialidad a cada uno de los asistentes. Nunca se filtró ni su existencia ni lo que se habló en los nueve seminarios que organizó durante su sexenio.

Lo que sí trascendió fue uno de sus resultados: el programa Chile Solidario. Corría abril de 2002 y en la Dirección de Presupuestos le daban vuelta al perfeccionamiento del sistema de protección social. Bajo la coordinación del asesor presidencial Víctor Tokman, ministros y una decena de funcionarios de gobierno, además de expertos de distintos centros de estudios y ONGs ligadas al tema de la pobreza participaron en el debate.

-Lo primero era decidir en qué concentrarnos, ¿pobreza, indigencia o equidad? Hubo partidarios de todo, pero naturalmente surgió que empezáramos con la indigencia. Había claridad en que era una tarea posible de atacar. El presidente le dio vueltas, insistió mucho en ese punto y estaba en la disyuntiva de cómo hacerlo -recuerda Tokman.

Harald Beyer, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), a quien se le ubica en el sector más a la derecha del grupo, saltó entonces con una respuesta liberal: “Les mandamos un cheque, la gente sabe qué hacer con su plata, no se trata de imponerlo”.

La idea no era del gusto de algunos expertos que llevaban tiempo trabajando en el tema de la pobreza desde un mundo más de izquierda, orientando los esfuerzos hacía proyectos colectivos. Algunos sentían que el bono transformaría la relación con el Estado en un vínculo más clientelista: condicionaría el acceso a los beneficios sociales a un canje monetario individual. Pero Lagos enganchó con la idea de Beyer, consciente de que aunque modesto, un bono de $10.500 podía ser suficiente para sacar a un buen número de familias de la línea de la indigencia.

–Siento que no gané esa pelea– se lamenta hoy Beyer–. Soy partidario de una transferencia más generosa. Yo le dije al Presidente que se podía calcular cuánto faltaba para poner a las personas sobre la línea de la pobreza extrema, pero los otros insistieron en que eso iba a generar dependencia. Creo que si uno lo diseña bien, puede superar esa crítica.

Lagos también acogió la propuesta que traían Mideplan y el Fosis, donde ya se estaba ejecutando un plan piloto del programa Puente. Su símbolo era un tablero de juegos en que los participantes debían cumplir ciertos requisitos que los ayudarían a cruzar el puente para salir de la extrema pobreza.

La conclusión final fue que no bastaba con repartir dinero, sino que la política debía ir acompañada de un fuerte apoyo psicosocial que tomaría como base lo avanzado por el Fosis. Un profesional (“apoyo familiar”), visitaría periódicamente los hogares para fomentar la convivencia armónica y las competencias para obtener ingresos, junto con vincularos con las redes del Estado, donde recibirían asistencia prioritaria en salud, educación y acceso a mejor alimentación infantil, becas, subsidios y pensiones. A sugerencia de Beyer, El Puente iría acompañado de un bono, condicionado a aquellas familias que cumplieran con los pasos exigidos, como enviar a los niños al colegio o cumplir con los controles médicos.

Se formaron grupos de trabajo para diseñar el programa mixto y las decisiones se tomaron contra el tiempo. Faltaba cerca de un mes para el 21 de mayo, ocasión en que Lagos anunciaría la creación del Chile Solidario como eje de la política de protección social: “Es decisión de mi gobierno, que al término de mi mandato, en Chile ya no exista más el drama social de la indigencia y la miseria”.

A fines de ese año ya se estaba ejecutando y se transformaba en uno de los programas estrella de Lagos. No sólo prometía erradicar la indigencia, sino que era elogiado en distintos países por la innovadora forma con que combinaba apoyos familiares, acceso a los beneficios estatales y subsidios condicionados.

CASEN: Dos lecturas para el impacto del gasto social

La encuesta CASEN realizada en 2006 fue la primera que midió la pobreza después de un tiempo prolongado de funcionamiento del Chile Solidario. Si bien quedó claro que tras el fin del gobierno de Lagos no se había cumplido la meta de eliminar la indigencia, ésta seguía su trayectoria descendente: en un trienio bajó de 4,7% a 3,2%. En cuanto a la pobreza no indigente, entre 2003 y 2006 ésta había caído de 14% a 10,5%. En total, 13,7% de los chilenos todavía era considerado pobre y vivía bajo la línea artificial trazada por la CASEN. Aunque la forma de medición es criticada por los expertos, aún constituye la única medición oficial.

Pese a que durante la administración de Michelle Bachelet el foco estuvo precisamente en profundizar la red de protección social, la tendencia a la baja se interrumpió en la segunda medición realizada durante su mandato. El 13 de julio pasado, el Presidente Piñera dio a conocer las cifras de la CASEN 2009: 15,1% de la población es considerada pobre. El porcentaje se descompone en 3,7% de personas que viven en la indigencia y 11,4% de pobres no indigentes. El Primer Mandatario culpó a la burocracia, el despilfarro y la corrupción. Su ministro de Mideplan, Felipe Kast, apuntó a los altos costos administrativos y cuestionó la falta de evaluación de los programas existentes.

La interpretación del gobierno desató el vendaval. Implicaba una dura crítica a la política social de los gobiernos de la Concertación. Se cuestionó la lectura de los datos al obviar el efecto de la crisis económica internacional en los resultados.

-La encuesta se hizo exactamente en el nudo de la crisis, cuando el desempleo era 2,6% más alto que cuando se encuestó en 2006. La inflación del precio de los alimentos hizo que la canasta con que se mide la pobreza subiera 36%, mientras el IPC lo hizo en un 14%. Ése es el tema de fondo -explica el economista de la Universidad de Chile Alejandro Micco, ex jefe de asesores del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Bachelet.

A su juicio, las políticas sociales atenuaron el impacto de la crisis: “No aumentó la deserción escolar, punto muy importante para el desarrollo futuro. Durante la crisis de 1982 veías las calles llenas de niños pidiendo plata. Un cambio sustantivo porque no estás hipotecando a las futuras generaciones por una crisis. Eso es protección social. Chile Solidario condiciona la entrega de dinero a la escolaridad”.

Este diseño permitió que, pese a la crisis y la pérdida de empleo, los más pobres contaran con un “paraguas” básico de programas sociales que les permitió enfrentar de mejor forma la tormenta.

A fines de julio, cuando aún no amainaba la discusión sobre el aumento de la pobreza, la segunda entrega de la encuesta CASEN, esta vez referida a la distribución del ingreso, reavivó la polémica. Kast puso el acento en el aumento de la desigualdad. Las cifras exhibidas eran dramáticas: si en 2006 los ingresos del 10% más rico representaba 31,3 veces el ingreso del 10% más pobre, en 2009 la brecha había subido a 42,3 veces. La brecha más alta desde 1990. Lo que no se destacó es que si a los ingresos propios de las familias (autónomos) se sumaban todas las transferencias hechas por el Estado a través de distintos subsidios, el aumento era más leve: de 23,9 a 25,9 veces.

Esta vez Micco salió públicamente a rebatir la información. En una columna en La Tercera escrita junto al ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, argumentaron que la cifra entregada por Kast se refería sólo al ingreso familiar, y lo que correspondía era mirar el ingreso per cápita (cuánto recibe cada miembro de la familia) e incluir los subsidios y otros beneficios entregados por el Estado (ingreso monetario). Así, la interpretación cambiaba: si en 2006 el 10% más rico recibía 34,4 veces más que el 10% más pobre, en 2009 la brecha había caído a 32,5 veces.

Si bien esta lectura pudo ser vista como un intento de defender las políticas de Bachelet, pues muestran el impacto positivo de los programas sociales, Micco y Velasco contaron con el sorpresivo respaldo de Harald Beyer desde el CEP. En carta enviada a El Mercurio, el economista argumentó que desde el punto de vista del bienestar de los hogares, lo importante es analizar el ingreso monetario per cápita, y visto así la brecha se había reducido. “Es oportuno recordar que a pesar de la crisis económica que afectó al país, la desigualdad no parece haber aumentado”, sentenció Beyer.

En entrevista con CIPER, el ministro Kast atribuyó dichos análisis a un error de interpretación de los datos. Y explicó que se debe a que el cuadro publicado por Mideplan no pondera la cantidad de integrantes de cada familia, sino que toma el ingreso promedio de uno solo de sus miembros, sin importar si la familia está compuesta por dos o diez personas. La tabla –señaló- fue incluida en la presentación sólo para mantener la misma forma de exhibir los resultados que usaron los gobiernos anteriores y así evitar suspicacias.

“Hablé con Harald para explicarle que él no había entendido la lámina”, dice Kast. Aunque Beyer le concede al ministro que habría sido mejor un indicador que ponderara a los integrantes de cada familia, no le convence su explicación. Insiste en que el cálculo per cápita exhibido en los resultados de la CASEN es correcto para evaluar la distribución del ingreso. Afirma que si bien disminuyó el número de integrantes por familia en los deciles más bajos, la caída no fue dramática, y debiera ser más o menos proporcional en los distintos grupos familiares. Por lo tanto, tampoco debería cambiar radicalmente la conclusión.

Si lo que se quiere es evaluar los programas sociales, lo anterior no es una mera discusión técnica entre economistas. De acuerdo a los datos de la discordia, el ingreso autónomo (sin subsidios) per cápita del 10% más pobre, cayó de $19.255 a $14.595 entre 2006 y 2009. Sin embargo, cuando se le suman los beneficios entregados por el Estado (ingreso monetario), el monto sube de $29.439 en 2006 a $35.373 en 2009. Esa diferencia avalaría el impacto de las políticas sociales al revertir la caída de los ingresos autónomos.

Otro dato que respalda el efecto de los programas estatales es el coeficiente de Gini, un indicador utilizado internacionalmente para medir y comparar la distribución del ingreso. Oscila entre 1 y 0: de una distribución completamente desigual (1) a una igualitaria (0). De acuerdo a los datos de la CASEN, si se toman los ingresos autónomos de las personas, dicho coeficiente aumenta de 0,54 a 0,55, reflejando una mayor desigualdad. En cambio, si se contabilizan los ingresos monetarios, los aportes estatales mantuvieron el indicador estable en 0,53 en ambas mediciones, contrarrestando el aumento de la mayor desigualdad pese a la crisis económica. Aún así, el índice sigue siendo alto, lo que refleja la pésima distribución del ingreso en Chile.

Si el debate gira en torno al real impacto del gasto social, éste podría ser aún más importante si se contabilizaran las transferencias no monetarias en salud y en educación. Estos datos no han sido calculados para la CASEN 2009, pero en la encuesta de 2006 arrojaron que la brecha entre los más ricos y los más pobres disminuía a un tercio (de 31 veces a 11,6 veces) cuando se sumaban estos ítems, pues con ellos el decil menos favorecido triplicaba sus ingresos.

SUPUESTOS ERRADOS

Aún considerando que la última CASEN fue hecha en un contexto de crisis económica y que los programas sociales atenuaron su efecto, incluso aquellos que defienden la red de protección social creen que podrían funcionar mejor. El actual gobierno afirma que no existen evaluaciones de calidad y por lo tanto no se puede medir bien su efectividad. Si se toma Chile Solidario, el proyecto estrella de la Concertación y que integra a distintos programas sociales, esto es cierto a medias. La mayor parte de los expertos consultados coincide en que lo ideal habría sido que junto con la política se hubiera diseñado un sistema de evaluación que incluyera grupos de control. Esto suponía, por ejemplo, ejecutar el programa de manera escalonada de modo de poder comparar la evolución de distintos grupos. Pero la idea de Lagos era erradicar la miseria en los cuatro años que le restaban de gobierno por lo que intentó incluir de una vez a todos los indigentes.

Sin embargo, sí existen evaluaciones del Chile Solidario realizadas por el Banco Mundial (2006 y 2008), Mideplan (2007) y el PNUD (2009). Esta última utilizó como grupos de control a familias que por una u otra razón habían quedado fuera del programa.

El economista Dante Contreras realizó, junto a Osvaldo Larrañaga, la evaluación del PNUD. Afirma que se trata de un programa bien diseñado, pero que puede mejorar su implementación. Sobre la focalización de los programas sociales, su opinión es clara: “En Chile se focaliza bien. No excelente ni mal, sino bien. Los cuadros de distribución de ingresos demuestran que la plata llega a los más pobres. La gente que dice que la focalización es mala está dando una opinión política, no técnica, pues no hay papers que lo avalen”.

La evaluación hecha para el PNUD dejó en evidencia uno de los problemas iniciales del Chile Solidario: partió de un supuesto errado. Cuando en 2002 Lagos reunió a su comisión de académicos existía el convencimiento de que había un núcleo duro de pobreza extrema en torno al 5% de la población. Un grupo que no se beneficiaba del crecimiento económico y estaba al margen de los programas sociales a los que tenía derecho. Según le dijeron los expertos, cada una de esas personas estaba plenamente identificada. Sin embargo, esto no era así. Las familias entraban y salían de la pobreza constantemente y no existía tal núcleo duro.

Las encuestas panel CASEN, que hacen un seguimiento a las familias en el tiempo, ya habían dado luces al respecto. El ministro Kast fue uno de los que reparó, en 2004, en ello al concluir que el 47% de los indigentes en 2001 ni siquiera calificaba como pobre en 1996. Análisis posteriores de los panel hasta 2006 hablan de una cifra menor, pero refuerzan la tesis de la alta movilidad de la pobreza y de cómo los grupos vulnerables cruzan una y otra vez la línea: 34,1% de los chilenos calificó alguna vez como pobre entre 1996 y 2006.

Las evaluaciones arrojan otros datos preocupantes: si bien se ve un impacto positivo en vivienda y empleo de los participantes, así como de otras importantes variables ligadas al bienestar, no se percibe una mejoría en los ingresos autónomos de quienes han sido beneficiarios del Chile Solidario con respecto a quienes no han participado.

-Uno de los temas débiles que nunca se terminó de analizar en serio es cuál era la posibilidad que tenía la gente para conseguir trabajo una vez que salía del programa. Y el Banco Mundial hace el hallazgo de que la gente que estaba fuera del Chile Solidario tenía una mayor disponibilidad a buscar ingresos autónomos. Es la eterna discusión entre protección social y oportunidades, en la que hoy estamos de nuevo -dice el director ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno.

Por las mismas razones, Francisca Márquez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y cabeza del equipo que aplicó la última CASEN, cree que hay que cambiar el eje del debate: “La discusión sobre la desfocalización no lleva a ninguna parte. El Estado focalizó, pero el problema es que ello permitió que egresaran del programa y se pensó que iban a poder mantenerse en el mercado del trabajo. Un gran error”.

Francisca Márquez se pregunta si ese error pudo haber contribuido al aumento de la pobreza en la última CASEN, la primera medición que se hace con familias egresadas del Chile Solidario. Familias que en la encuesta anterior tenían un subsidio monetario y apoyo especializado y que ahora perdieron.

Como apunta Dagmar Raszcinsky, de Asesorías para el Desarrollo, cuando se mide la pobreza por ingresos y se tiene un programa diseñado para eliminar la indigencia, el factor empleo y capacitación es clave. A su juicio, no basta con entregar aportes monetarios, pues los graves problemas psicosociales de muchas familias hacen que sin apoyo se transformen en dependientes del Estado.

Harald Beyer discrepa. E insiste en que los efectos no previstos apoyan su propuesta de 2002 de aumentar las transferencias directas y sacar a la gente de la pobreza a punta de subsidios monetarios. “Si te convences de que es un buen instrumento, reasignas o puedes mantener el impuesto a las empresas en 18,5%”, propone, a pesar de los costos que ello implica y que podrían oscilar entre el 1% y el 3% del PIB. Hasta ahora el gobierno ha anunciado un plan más modesto: costaría menos del 1% del PIB y busca asegurar un ingreso ético familiar de $250 mil.

Con un sueldo mínimo que condena a miles de familias a vivir en la pobreza, el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade puso el foco en los datos sobre la calidad del empleo que arroja la última CASEN: “Más de dos tercios de los pobres sí tienen empleo, pero con una remuneración tan precaria que los mantiene en la pobreza a pesar del trabajo”. Con bajos salarios, es el Estado el que termina subsidiando a familias que tienen ingresos insuficientes para vivir.

El ministro Kast rechaza ese diagnóstico. Afirma que está errado ya que la CASEN arroja también que entre las familias del decil más pobre el promedio de personas que trabaja es de sólo 0,51; cifra que prácticamente se dobla en el segundo decil y llega hasta 1,72 personas por hogar en el decil ocho. Lo relevante –dice- es la cantidad de empleo. Es por eso que se estudian fórmulas para facilitar la inserción laboral de quienes participan en los programas sociales (ver entrevista).

Chile: los pobres que la encuesta Casen se niega a contar…

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Pedro Ramírez y Matías Fouillioux, CIPER. | 9 de Agosto de 2010

La Casen 2009 dice que la pobreza alcanzó al 15,1% de los chilenos. La cifra provocó críticas oficialistas contra el sistema de protección social impulsado por Lagos y Bachelet. Más allá de la guerrilla política, los expertos -incluido el ministro de Hacienda y los mismos encargados de aplicar la encuesta- saben que la Casen enmascara una realidad mucho más cruda: a un tercio de los chilenos no les alcanza para vivir bien, aunque las estadísticas oficiales no quieran reconocerlo. CIPER recorrió seis municipios capitalinos para trazar el perfil de los “vulnerables”, verdaderos equilibristas que viven bajo la amenaza permanente de caer al foso con sus finanzas tumbadas por una enfermedad, un familiar allegado, un nacimiento, el ingreso de un hijo a la universidad o una hija separada que vuelve a la casa paterna con los nietos.

Maribel tiene 22 años y dos niños: Krishna (2) y Tomás (1). Si le hubiesen aplicado la encuesta Casen hace un año, no habría sido considerada pobre. Si la hubiese contestado hace sólo seis meses, habría calificado como tal. Y si le tocara responderla ahora, ya habría salido de la pobreza. Se podría pensar que en el último año Maribel ha sido protagonista de cambios dramáticos en su calidad vida, montada en una suerte de carrusel económico. Pero en todo este tiempo las condiciones de vida de esta dueña de casa (o más bien “dueña de pieza”, porque vive con sus enseres amontonados en un cuarto y compartiendo baño con otras 17 personas), no han variado mayormente.

Una cazuela en la mesa de Maribel es una fiesta. Siempre ha vivido de trabajos precarios. Pero aún así se las ha arreglado para destinar, sagradamente, cinco mil pesos para la compra de verduras en la feria: “Antes, con las cinco lucas traía de todo”. Pero en el último año cada vez vuelve con las bolsas más escuálidas. El 80% de sus ingresos se va en comida, pañales y leche para sus hijos. ¿Gastos extras? Una tarjeta con lo mínimo en el celular, “para algún llamado de emergencia”.

El relato de Maribel resulta emblemático para demostrar que la medición de la pobreza en Chile es un ejercicio retórico. La última encuesta Casen indicó que la pobreza había subido de 13,7% a 15,1% desde la anterior aplicación del sondeo, en 2006. El pasado martes 13 de julio, el Presidente Sebastián Piñera reunió a la prensa en La Moneda para entregar los resultados de la encuesta. Con tono sombrío anunció que en el último trienio se sumaron más de 355 mil nuevos pobres. En total, de acuerdo a las estadísticas de Casen, en el país habría más de 2.600.000 pobres. El Presidente aprovechó la tribuna para fustigar al gobierno anterior:

-Desgraciadamente, muchas veces (los recursos) no llegan a quienes realmente los necesitan, porque quedan entrampados en la burocracia o porque se despilfarran en gastos innecesarios o sencillamente porque se quedan en las garras de la corrupción.

Más allá de la guerrilla entre oficialismo y oposición que desató la Casen, lo cierto es que la cifra que provocó el lamento presidencial no apunta, ni de cerca, al verdadero número de chilenos que no logra satisfacer sus necesidades. En Chile hay cientos de miles de personas que, como Maribel, no califican como pobres a ojos de la Casen, pero que viven con menos de lo justo. Los expertos en pobreza -incluyendo a los que aplicaron la encuesta- saben y reconocen que la cifra que arroja el sondeo oficial enmascara una realidad mucho más dura.

Canasta desfondada

La Casen determina la línea bajo la cual una persona es considerada pobre a partir del costo de una canasta de alimentos que fue fijada en 1987. Y los especialistas indican que, 23 años después, ya no refleja el consumo de la población. Para la Casen 2009, la cifra que determinó la línea de pobreza fue $64 mil para las zonas urbanas y $47 mil para las rurales. Si usted cuenta con menos de eso al mes, es oficialmente pobre.

Pese al revuelo que causó en el gobierno la entrega de los últimos resultados, hace sólo dos años el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, escribió un artículo en El Mercurio que virtualmente arrojó la Casen del 2006 al basurero, cuestionando su canasta, y sostuvo que a esa fecha los pobres correspondían en verdad al 29% de los chilenos -unos cuatro millones- y no al 13,7% del sondeo oficial.

En sintonía con las cuentas que sacó Larraín, las encuestas Panel, que analizaron los resultados de las Casen desde 1996 a 2006, determinaron que en esos diez años el 34,1% de los chilenos, más de un tercio de la población, calificó como pobre por lo menos una vez.

Los cálculos de Larraín -apoyados en trabajos del Departamento de Nutrición de la U. de Chile, el INE y la Fundación Superación de la Pobreza- y las encuestas Panel demostraron que el combate a la pobreza no puede remitirse al 15,1% “oficialmente” pobre, sino a la población “vulnerable”. Es decir, ese tercio de compatriotas que viven como “equilibristas” a punto de caer al foso. Se trata de grupos familiares que naufragan ante cualquier evento catastrófico (pérdida de empleo, alzas de alimentos o de servicios básicos, enfermedad o accidente) e, incluso, ante un nacimiento o el ingreso de un hijo a la educación superior.

Puente: Diez “lucas” salvadoras

CIPER salió en busca de esta población de “equilibristas” y durante 15 días desplegó un trabajo de campo en seis comunas (Conchalí, Independencia, Huechuraba, San Ramón, San Bernardo y Puente Alto). Profesionales que operan en terreno, asistentes sociales de los municipios, funcionarios de las direcciones de Desarrollo Comunitario, familias que postulan a programas sociales y otras que ya egresaron, ayudaron a trazar el perfil de los chilenos que cayeron “oficialmente” en la pobreza en el último trienio y de aquellos que viven en ella aunque las estadísticas no lo reconozcan.

Aunque el ministro de Mideplan, Felipe Kast, apuntó a fallas en los programas sociales por el aumento de la pobreza -por desfocalización, excesivos gastos administrativos y falta de evaluación-, en los municipios discrepan. De hecho, fue un influyente alcalde oficialista el primero en criticar la postura de Kast. Manuel José Ossandón (RN), edil de Puente Alto, golpeó la mesa el 20 de julio a través de La Tercera:

-Me preocupa la visión economicista de Kast sobre la pobreza. Mucho tecnicismo, mucho número (…). La definición de pobreza es mucho más integral. No implica ganar 60 y tantos mil pesos ni tampoco se supera con el ingreso ético. Hay que conocer la realidad de la gente. La superación de este problema no viene desde el Olimpo.

Las críticas a los programas sociales que han hecho las autoridades de gobierno generan incertidumbre entre los beneficiarios, que temen que se vengan cambios que los perjudiquen.

“La gente nos pregunta y está preocupada, porque durante la campaña electoral los dirigentes de la Concertación les decían que si llegaba Piñera iba a terminar con los subsidios y las pensiones que entregó Bachelet”, indica un profesional de un municipio manejado por la UDI.

En las municipalidades aseguran que el origen del masivo empobrecimiento no está en la desfocalización y los gastos administrativos de los programas de protección social, sino en las consecuencias de la crisis económica que vivió el país. Y zanjan el debate con su mejor barómetro: las razones que esgrimen las personas que en el último año llegaron hasta los escritorios de sus asistentes sociales a pedir ayuda.

Magdalena Veloso, a cargo del Departamento Social de San Bernardo, no lo piensa dos veces cuando responde qué factores han empujado a la pobreza a familias de su comuna: “El desempleo y los alimentos más caros. En segundo lugar el empleo inestable, que al mezclarse con situaciones como nacimientos, accidentes o enfermedades, hacen que la gente llegue a la municipalidad a pedir ayuda”.

Mary Díaz, asistente social de San Ramón, complementa:

-Recibimos diariamente 20 a 30 personas. La mayoría de hogares donde alguien quedó cesante. Pero también hay un número importante que, teniendo empleo, ya no les alcanza, porque los alimentos han subido, porque un hijo entró a la universidad, porque les llega un allegado o una hija se separa y vuelve con los nietos. Poner una línea y decir “de aquí para abajo son pobres” es una ilusión, porque en estas comunas la gente está permanentemente cruzándola por las razones más diversas.

Es el caso de Maribel. Ella ocupaba la pieza que da a la calle en la casona familiar heredada de sus abuelos, en Independencia. Allí, por la ventana, se amanecía vendiendo cigarrillos, completos y sopaipillas. Juntaba lo suficiente como para, a ojos de las estadísticas, no calificar como pobre. Pero un tío -otro chileno empobrecido en el último trienio- pidió vivir en la propiedad. Le dieron la pieza de adelante y el negocio de Maribel capotó. Decidió hacer chocolates. Los vendía a la salida de los colegios, mientras cargaba a Tomás en un morral. Si hubiese respondido la Casen en ese momento, fijo que quedaba como pobre. Fue entonces cuando se acercó a la municipalidad. Le aplicaron la Ficha de Protección Social (FPS), que otorga puntaje para optar a los planes asistenciales, y fue enrolada en el Programa Puente.

Ahora volvió a juntarse con su marido, quien recién encontró trabajo como guardia. Con su sueldo de $260 mil la familia pasará raspando la medida de la Casen -le sobran unos tres mil pesos- y ya no calificaría como pobre en esa encuesta. A pesar de eso, Maribel sigue en el Programa Puente.

El Puente es la estrella del sistema de protección social. Creado en 2002 por el gobierno de Ricardo Lagos, se trata de un plan de acompañamiento a la familia. Un profesional visita el hogar durante dos años. En ese lapso fortalece dos aspectos: el psicosocial (autoestima, convivencia armónica y competencias para obtener ingresos) y vincula a la familia con redes de asistencia (para que sean atendidas de manera prioritaria en los consultorios y obtengan beneficios tales como cupos en jardines infantiles, una tercera ración alimenticia en las escuelas, becas, subsidios y pensiones, entre otros).

Pero a Maribel lo que la entusiasma no son los aspectos psicosociales ni que la atiendan prioritariamente. A ella la seduce el bono mensual de $10 mil que se otorga a las familias Puente: “Nos cayeron del cielo”.

La directora de Desarrollo Comunal de San Ramón, Ximena Bustos, cuenta que su comuna fue parte del piloto del programa Puente en 2002, cuando se aplicó sin el bono: “Fue cuando tuvimos el más alto nivel de cumplimiento de metas. Cuando se activó el bono, el éxito bajó, porque mucha gente viene por los $10 mil pesos y nada más”.

Jeanette Leguas, encargada de la Unidad de Protección Social de Huechuraba, postula que las familias Puente no reciban el bono sólo por incorporarse al sistema. “Por ejemplo, ahora se les pide que los hijos estén estudiando. Pero hay casos en que los matriculan y se da por cumplida la condición, pero el niño no fue más al colegio. Hay que hacer un seguimiento y después entregar el bono”.

Equilibrista de verdad

Ana Quiroz (51) es una “equilibrista” de verdad: trabajaba como trapecista en el circo de su papá. Pero cuando nació su hija debió abandonar la vida nómade de las carpas. De eso ya han pasado 22 años, lapso en el que trabajó para un abogado, como garzona en una fuente de soda y camarera en un hotel de turismo. El hotel quebró hace seis años y decidió instalar un carrito para vender empanadas en la feria. Las ventas le generaban unos $300 mil mensuales, con lo que costeaba el arriendo de un departamento al interior de una casa en San Ramón y pagaba una mensualidad de $70 mil en el Instituto Los Leones, donde su hija estudia contabilidad. Pero la crisis económica de los dos últimos años la tumbó:

-Las ventas se fueron para abajo. Empecé a sacar como $150 mil y a veces $100 mil. Pero mi hija empezó a trabajar en un local de artículos ortopédicos. Llevaba la contabilidad y era vendedora. Le pagaban $200 mil. Pero quedó cesante y tuvo que congelar el instituto. Ahora me vence el arriendo y me falta la mitad. Tenemos que irnos. Por eso fui a la municipalidad, a pedir una mediagua, porque una amiga de la otra cuadra me ofreció que la instalara en su patio y que le pagara $30 mil mensuales.

Ana Quiroz no se considera pobre, sino parte de una clase media baja, trabajadora, de barrio popular, pero digno. Le duele ir a la municipalidad a pedir ayuda: “Toda mi vida he luchado”. La asistente social de su comuna, Mary Díaz, relata que en los dos últimos años, con la crisis económica, aumentaron las personas con este perfil que solicitan asistencia. Esos son los chilenos que han caído en la pobreza.

Como Ximena (58), que la semana pasada se armó de valor y partió a la municipalidad. Tres de sus cuatro hijos tienen estudios superiores, educados con los ingresos del negocio de abarrotes que su marido levantó hace 40 años. Pero la crisis económica llevó las ventas del almacén cuesta abajo.

-Ahora nos deja como $150 mil mensuales y casi no nos queda mercadería. Nos salvamos con unas máquinas tragamonedas que dejan unos $75 mil -cuenta.

Los ingresos son insuficientes, pues el matrimonio vive con tres hijos y tres nietos. La hija mayor -que se separó y volvió a la casa con dos niños- recién quedó cesante. El jefe de hogar este año sufrió una trombosis ocular y perdió un ojo. Dos de los hijos sufren de ulceraciones en el colon y el medicamento les significa $100 mil mensuales: “Fui a la municipalidad a pedir ayuda por lo menos para los remedios, porque no nos alcanza”, dice la madre. Su esperanza es que el menor, recién titulado de ingeniero comercial, encuentre trabajo pronto.

Francisca Márquez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y cabeza del equipo que aplicó la encuesta Casen, asegura que los programas deben comenzar a centrarse en estas familias con hábitos laborales:

-La encuesta Panel dice que entre 1996 y 2006 hubo un 4,4% que siempre fue pobre y no pudo salir de ahí. Serán los “clientes” del Estado, a los que habrá que asistir de manera permanente y centrarse en que sus hijos rompan el círculo. Pero el Estado debe focalizar más sus programas en el resto del 34% de población vulnerable que vive dolorosamente la entrada al municipio a pedir ayuda. Los programas actuales son profundamente infantilizadores, casi para semianalfabetos, porque el Estado no sabe vincularse con esta clase media baja, o que al menos se desea clase media, que educa con esfuerzo a sus hijos y tiene experiencia de trabajo.

Municipios piden más autonomía

Los profesionales del Programa Puente en San Bernardo, indican que mucha gente miente sobre sus condiciones socioeconómicas al responder la Ficha de Protección Social (FPS). La manipulación de los datos tomó fuerza desde 2007 no sólo por el cambio de la ficha CAS a la FPS, sino porque ese año comenzó a verse más nítidamente el sistema de protección de Bachelet, con pensiones para dueñas de casa, pensiones complementarias, capacitación laboral para jefas de hogar y subsidios preferentes, entre otros beneficios. La gente veía que algunos de sus vecinos los obtenían y se pasaban el dato para responder la FPS.

Con la antigua ficha CAS, lo que pesaba en el puntaje familiar era el equipamiento del hogar. Hoy, con la FPS, aspectos como jefatura de hogar femenina o enfermedades crónicas, son más importantes.

-Antes, cuando uno iba a visitar las casas, las señoras escondían el refrigerador. Ahora esconden al marido -dice Isabel Gálvez, encargada del programa Puente en San Bernardo.

Virginia Garrigó, directora de Desarrollo Comunal de Puente Alto, cree que se podría focalizar mejor si Mideplan y Fosis dieran más autonomía a los municipios para crear planes sociales y hacer un seguimiento a las familias antes de seleccionarlas: “Conocemos mejor que nadie la realidad territorial”.

El gobierno estudia implementar cambios en la FPS, aunque el principal problema que ven los profesionales de los municipios no es la desfocalización, porque es tan amplia la franja de hogares vulnerables que son marginales los casos en que se beneficia gente que no los necesita:

– En Puente Alto tenemos dividida la comuna en seis sectores. En el sector donde están las poblaciones El Volcán, tenemos 4.600 familias que cumplen con puntaje para ingresar al Puente, pero en toda la comuna contamos con 800 cupos -explica Virginia Garrigó.

Empleo: la falla del sistema

El director ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno, más allá de que considera anacrónica la canasta de la Casen, señala que es injusto adjudicar el aumento de la pobreza que arrojó ese sondeo a fallas en los programas sociales, al menos mientras no se analice la base de la encuesta, que recién se liberó la semana pasada:

– Si mides pobreza por ingresos, que es lo que hace la Casen, el que tengas una gran cantidad de gente desempleada por una crisis internacional claramente es un factor. En ese caso uno podría preguntarse si las medidas económicas (para evitar el desempleo) se tomaron bien, más que preguntarse por las medidas de política social.

Aunque hay políticas sociales que buscan incorporar a la gente al mundo del trabajo, los profesionales de los municipios reconocen que en general no tienen éxito porque apuntan a capacitación, pero no aseguran el acceso de la persona al empleo, y a entregar capital semilla para desarrollar microempresas, aunque la mayoría de las personas no tiene pasta para los negocios. Los programas más directos en este ámbito son los de bonificación a la contratación, pero las primeras experiencias fueron mal evaluadas por la Dirección de Presupuesto.

Jenny Miranda, asistente social del Puente en Independencia, indica que mientras el sistema apunta a que el beneficiario desarrolle un emprendimiento al egresar, la mayoría sólo quiere un empleo estable.

La señora Mireya (50) es una veterana de estos programas. Hace 11 años se separó y, con cuatro hijos, fue a la municipalidad de San Ramón a pedir ayuda. La becaron, con otras 14 mujeres, para hacer un curso de pastelería. Cuando egresaron a todas les dieron un pequeño horno a gas, equivalente a $50 mil pesos.

-La única que siguió trabajando fui yo. Las otras vendieron los hornos. Algunas los vendieron en la feria. Una me lo vino a ofrecer a mí, pero le dije que esa no era la idea. No se creyeron el cuento. Yo postulé otras tres veces a proyectos Fosis y pude comprar un horno semi-industrial, una revolvedora y una sobadora.

Hoy vende pasteles y empanadas, hace tortas por encargo y dicta clases de pastelería en juntas de vecinos y “casas particulares”. Tres de sus hijos estudian, becados, en la UC: Medicina, Ingeniería Civil y Odontología. Pero cree que el Estado debe comprender que “no toda la gente sirve para los emprendimientos, hay personas que prefieren un contrato y un trabajo, no más”.

– La gente que no ha estado contactada con el mundo laboral, es difícil que salga de la pobreza -dice la asistente social de Independencia, Jenny Miranda, quien cree que hay que privilegiar la capacitación e inserción laboral de los que ya tienen experiencia de trabajo.

En ese grupo que espera otra oportunidad laboral se encuentra Ana Quiroz, quien ya teje planes si el municipio le da su mediagua:

– Lo que ahorremos en arriendo es para partir, porque yo en septiembre, cuando empiece la temporada, vuelvo al circo. Voy a vender empanadas en la feria durante el día y en la tarde me voy al circo. Ahí me pagarían $50 mil semanales más las ventas de los cintillos luminosos.

Claro que, a su edad, ya no podrá subir al trapecio: “Tengo un número cómico que lo probé en el verano en el circo, en Pichilemu. Incluso me lo grabaron en video para mandarlo a la tele, al Kike Morandé. ¿Quiere verlo?”.

Chile: Casen 2009 evidencia grave aumento de la brecha entre ricos y pobres…

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La desigualdad aumenta en Chile, de acuerdo a la encuesta Casen 2009, que da cuenta de un incremento de 9% en los ingresos del 10% de hogares de mayores recursos, y sólo de 1% en el 10% de familias de más escasos recursos.

Lunes 26 de julio de 2010, La Nación.com

klee6El 10% de familias de mayores ingresos recibe en promedio poco menos de 3 millones de pesos, mientras que en el 10% de los hogares más pobres se las arreglan con 114 mil pesos, de acuerdo a los datos arrojados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) medida en 2009.

Los números dan cuenta de un incremento de 9% en los ingresos de los más ricos, que en el anterior estudio ganaban en promedio $2.205.000, lo que aumentó a $2.953.920 el año pasado.

Ello aumentó la brecha con los más pobres, en tanto este último grupo aumentó ingresos en apenas 1%, equivalente a $990, pues antes recibían $113.010 y hoy la cifra es de $114.000.

Los antecedentes los dio a conocer el titular de Mideplan, Felipe Kast, quien sostuvo que “los datos de pobreza nos ponen un tremendo desafío por delante y el gobierno reafirma su compromiso para terminar la extrema pobreza, para que tengamos una verdadera sociedad de seguridades”.

Apuntó que, “al mismo tiempo, estos datos nos invitan a preguntarnos por nuestro sistema de educación y si es que podemos tener o no una sociedad más justa en el sentido que el origen no determine el destino”.

Según el ministro de Planificación, los aspectos que más influyen en este resultado, que ubica a los pobres en su misma posición y a los más ricos en una notoria mejor situación, son la disminución de creación de nuevos empleos y la desaceleración de la economía a partir del año 2.000.

La Casen fue aplicada entre noviembre y diciembre de 2009 a 71.460 hogares del país, contando con representatividad nacional, por zona urbana y rural, para las 15 regiones del país y para un total de 334 comunas. La muestra tiene un error muestral de 0,36 a nivel de hogares.

Chile, campeón de la desigualdad…

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Editorial de la revista “Punto Final”

Rebelión

crisiseconomica Mientras la inmensa mayoría de los hinchas espera que Chile se clasifique entre los ocho primeros países del Campeonato Mundial de Fútbol, casi todos olvidan que ya estamos entre los más destacados en una competencia enojosa y vergonzante: la de la desigualdad. Desde hace tiempo, figuramos entre los tres o cuatro países más injustos del mundo en cuanto a la distancia que separa a los ricos de los pobres. A finales del Gobierno de Ricardo Lagos, el cinco por ciento de la población más rica obtenía ingresos 209 veces más altos que el cinco por ciento más pobre. Mientras los ingresos de este último sector subían uno por ciento, los del quintil más rico lo hacían en 62%. Esa relación se deterioró aún más en el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La desigualdad, sin embargo, parece no ser percibida por parte de la población.

El control de los sectores dominantes sobre los medios de comunicación que producen a toda hora toneladas de imágenes y contenidos, hace creer a los destinatarios del mensaje que viven en un país modelo, y que si se empeñan, podrán obtener grandes beneficios. Una ilusión que se borra cuando terremotos, inundaciones y otras catástrofes arrasan parte de nuestra geografía y se disipa el oropel de la albañilería psicológica del retail, la publicidad y la farándula, que oculta los graves problemas que agobian a la población. Cada vez se hace más real la posibilidad de cataclismos sociales, gatillados por eventos naturales o por catástrofes medioambientales originadas por el propio ser humano. Como ideología dominante, el neoliberalismo estimula el individualismo para truncar los vínculos de solidaridad social y de unidad de las organizaciones populares. Se instalan la competencia y el afán de lucro como los instrumentos que harán progresar a la sociedad, lo que provoca una enorme fragmentación social. El “emprendedor” se ha convertido en el modelo de ciudadano que se propone a los chilenos. “Triunfan los que se lo merecen”, es el mensaje subliminal. A sabiendas de que del conjunto de “emprendedores” serán muy pocos los que lleguen a la meta y que, en su inmensa mayoría, serán estrangulados por la competencia y el control del mercado por las grandes empresas.

Deslumbrados, prefieren ignorar que nadie puede hacerse millonario honradamente. Sí pueden los que utilizan información privilegiada, engañan a sus socios, evaden impuestos, aprovechan las mil martingalas tributarias y, sobre todo, explotan sin piedad a los trabajadores. Nadie podría convertirse en multimillonario en treinta años, como se ufana de haberlo hecho el presidente de la República, Sebastián Piñera. La desigualdad revienta por todos los poros de Chile. No sólo se expresa en los ingresos. Hay una salud para ricos y otra muy distinta para los pobres. Lo mismo ocurre con la educación y la previsión social. Cada cierto tiempo estallan escándalos por la mala calidad de las viviendas. Construidas con pésimos materiales, en terrenos de baja calidad, ponen en riesgo la vida y salud de sus habitantes, como ha quedado de manifiesto en el terremoto del 27 de febrero que ha sido abordado hasta con mediaguas de calidad inferior a las que antes se proporcionaban a las familias sin techo. Hasta los alimentos que consumen los pobres son peores que los de los ricos, debido a la laxitud de los controles sanitarios y a la tolerancia de las autoridades que hacen la vista gorda ante la proliferación de la comida chatarra. Otra calamidad que afecta a los sectores modestos es el endeudamiento, estimulado por la multiplicación de las tarjetas de crédito: para ellos son los intereses más altos; sobre ellos pende la amenaza de Dicom; para ellos no existe la posibilidad de conseguir créditos bancarios. Las cifras son conocidas e innegables.

Como también lo es la escandalosa concentración de la economía chilena. Seis compañías manejan las AFP que controlan más de cien mil millones de dólares en fondos de sus afiliados. Tres cadenas controlan prácticamente todo el negocio farmacéutico e imponen precios inhumanos a las medicinas. Dos cadenas de diarios controlan la prensa escrita. Dieciséis grupos económicos producen el 80% del PIB. Cencosud y Wal Mart (D&S) manejan el 70% de las ventas de los supermercados. Una sola empresa telefónica -CTC- controla el 75% de la telefonía. Dos empresas, Endesa y Colbún, manejan el 79% de la generación eléctrica y están impulsando la construcción de mega represas en Aysén, que ponen en peligro el medio ambiente y aumentarán el poder de las eléctricas sobre el conjunto de la economía. La magnitud de las ganancias de las transnacionales mineras es casi inimaginable. ¡Entre 2006 y 2007 se apropiaron de 40.000 millones de dólares!

La lucha contra la desigualdad tiene objetivos económicos y políticos. Los primeros tienen que ver con cambios sustanciales en las distribución de la riqueza a través de la mejora en la calidad de vida y en una protección social más amplia, equitativa y eficiente. Los objetivos políticos tienen como norte ampliar la democracia y asegurar que el conjunto de los ciudadanos puedan expresarse como titulares de la soberanía y actuar como titulares efectivos de sus derechos económicos, sociales y culturales. Esa lucha debe librarse ahora en un terreno nuevo, en que el neoliberalismo ha fracasado como lo demuestra la crisis económica que sacude la economía del mundo y que se expresa con rigor en Grecia, Hungría, Italia y cada vez más en España y Portugal. El neoliberalismo aparece como una ideología caduca y en extremo peligrosa para la estabilidad social. Se revitaliza hoy el papel del Estado.

Un documento de la Cepal, La hora de la igualdad. Brechas para cerrar, caminos para abrir, que acaba de aparecer, es categórico. Advierte: “El documento es claro en sus propuestas. En él se resalta la necesidad de un fuerte papel del Estado y la importancia de la política en un marco de revitalización y recreación de la democracia en tiempos de globalización”. Y agrega: “El Estado es así el principal actor en la conciliación de políticas de estabilidad y crecimiento económico, de desarrollo productivo con convergencia y armonización territorial, promoción del empleo de calidad y mayor igualdad social”. Postula, además, que “la igualdad social y un dinamismo económico que transforme las estructuras productivas, no están reñidos entre sí”. No es fácil ni breve el camino a recorrer para alcanzar la igualdad en Chile. Tiene como primer obstáculo el actual Gobierno derechista, que sigue apegado a las tesis más brutales del neoliberalismo. Sus propuestas principales van dirigidas a favorecer a los más ricos, como ha quedado de manifiesto en el debate sobre el proyecto de reconstrucción en que las alzas de impuestos al empresariado y a las transnacionales están hábilmente presentadas para levantar gravámenes y devolver, acrecentados, los recursos que se recauden ahora en los años venideros, garantizándose la prolongación de la invariabilidad tributaria.

Se impone una política de firme oposición a la derecha. Que denuncie sus planes regresivos y apoye y estimule la movilización de los trabajadores y sectores populares. Debe ser también pronente: una profunda reforma tributaria es una necesidad urgente, así como el establecimiento de un sistema de royalty minero efectivo que resguarde los intereses nacionales. Deben reclamarse medidas democratizadoras y descentralizadoras y una reforma en los sistemas de educación y salud que terminen con el lucro y aseguren prestaciones de calidad para todos, especialmente para los sectores vulnerables. Eso implica firmeza frente a la demagogia de la derecha y búsqueda de amplios entendimientos sociales y políticos que permitan avanzar hacia una mayor equidad y hacia la solución de las más apremiantes demandas populares.

El motor necesario que puede dinamizar esas luchas y alcanzar importantes conquistas es el reagrupamiento de la Izquierda. Cada día se hace más notoria la falta de un núcleo orientador y formador de opinión pública que plantee un camino de desarrollo económico y social de proyección socialista, capaz de enfrentarse al imperio de la desigualdad. Chile puede llegar a ser un campeón de la igualdad de derechos y de felicidad para sus hijos. Pero hacen falta decisión y voluntad para emprender el camino. Los precursores deben ser hombres y mujeres inspirados en las ideas de izquierda. Es un deber honroso reconstruir la identidad de una alternativa de alcance socialista que convoque a millones de chilenos. Una tarea necesaria para derrotar la desigualdad e imponer la justicia.


(Editorial de “Punto Final”, edición Nº 712, 25 de junio, 2010)

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CEPAL: necesidad de intervención del Estado para combatir pobreza y desigualdad…

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  • Plantea la Cepal que el Estado retome papel protagónico en AL
  • El dispar reparto de la riqueza, por el aumento al pago de deuda y disminución del gasto social

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Roberto González Amador, Periódico La Jornada
Domingo 30 de mayo de 2010, p. 24

La crisis financiera echó por tierra el progreso social de los últimos años en América Latina. La región se consolidó como la más desigual del mundo: el ingreso promedio por persona en el estrato más acaudalado supera 17 veces al que percibe 40 por ciento de personas en los hogares más pobres. Ese es el problema y la solución, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), pasa por replantear la forma en que el Estado fue relegado de las decisiones económicas en las pasadas tres décadas.

El informe que a partir de este domingo será discutido en el periodo anual de sesiones de la Cepal, en Brasilia, la capital brasileña, resalta la necesidad de un fuerte papel del Estado, al que confiere la calidad de principal actor en la conciliación de políticas de estabilidad y crecimiento económico, de desarrollo productivo, promoción de empleo y de mayor igualdad social.

Las reformas de los años 80 del siglo pasado, de reducción del papel del Estado en la economía y liberalización económica y financiera, y el impacto de la crisis de la deuda aumentaron las brechas de ingresos en la región, apuntó la Cepal en su informe La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir, que será entregado a los gobiernos de la región en el marco del 33 periodo de sesiones del organismo.

La Cepal apuntó que la disparidad distributiva que caracteriza a los países de América Latina y el Caribe puede observarse al comparar la relación de ingresos entre el decil (10 por ciento del total de la población) más rico y los cuatro deciles más pobres. El ingreso medio por persona de los hogares ubicados en el decil más alto supera 17 veces al del 40 por ciento ciento de los más pobres. El efecto inmediato de este nivel de desigualdad es que se inhíbe el traslado de los frutos del crecimiento a los sectores más pobres, añadió.

Entre 1990 y 2002 la región mostró una marcada rigidez en la distribución del ingreso, que había alcanzado valores históricos en la década de 1980. La Cepal añadió que el periodo de 2003 a 2008 se caracterizó por un crecimiento económico sostenido en Latinoamérica y el Caribe, así como por una tendencia, leve pero evidente, hacia una menor concentración del ingreso.

Si bien las mejoras distributivas de inicios de siglo son positivas, la evidencia parece indicar la persistencia de cuatro aspectos centrales que limitan los futuros avances en materia de igualdad: la distribución del ingreso, la distribución de la educación y el conocimiento, la muy desigual capacidad para aprovechar esa educación y conocimientos en el mercado laboral y la reproducción intergeneracional de la desigualdad, señala el informe.

El origen

La Cepal recuerda en el informe que la crisis de la deuda externa a principio de los 80 (los presupuestos públicos de varios países de la región se consumían en el pago de intereses a acreedores externos) provocó fuertes restricciones financieras en el gasto público. Para cubrir los déficits fiscales se impuso como criterio de política reducir el gasto público, sobre todo el social.

El Estado contrajo su rol social, regulatorio y empresarial. Se privatizó parte de la provisión del bienestar, se redujo el gasto público social y se promovió la descentralización. Diversos regímenes de seguridad social, salud y hasta educación fueron transformados de sistemas de reparto (los trabajadores en activo financiaban con sus aportaciones las pensiones de los que estaban jubilados), centralizados, con redistribución de ingresos y riesgos, a sistemas que debían ajustar en la mayor medida posible las prestaciones de las personas a sus capacidades en el mercado, e incentivar el aseguramiento individual y el acceso por los propios medios, recuerda el reporte.

En el terreno laboral, la política social se caracterizó por la implementación de políticas de desregulación y flexibilización contractual con tendencias a la reducción de los costos salariales y la precarización contractual, lo que fomentó el trabajo por cuenta propia y el trabajo informal, en condiciones de elevadas tasas de desempleo, indicó la Cepal.

El informe no refiere casos específicos, pero el tipo de política laboral impuesta en algunos países de la región en los años 80 retrata rasgos de la propuesta de reforma impulsada por el gobierno mexicano y su partido en la Cámara de Diputados, con el apoyo de sectores empresariales y la prensa pro empresarial.

En el área de los servicios sociales, continúa el informe, a partir de la década de los años 80 se tendió a descentralizar los sistemas educativos y de salud pública, con los consiguientes problemas de financiamiento a nivel de las entidades federativas o provincias. Se privatizaron parte de estos servicios, así como la infraestructura social básica. En el ámbito asistencial, mientras tanto, el esfuerzo se centralizó en el desarrollo de políticas de combate a la pobreza, con la consiguiente masificación y multiplicación de programas sociales focalizados, abundó.

El documento de la Cepal planteó:

“En América Latina y el Caribe el comienzo de la década de 1980 estuvo marcado por la crisis de la deuda, que coincidió con la reorientación de la política y la economía, el nuevo patrón de globalización y el predominio del proyecto de sociedad basado en los mecanismos de mercado autorregulado y el predominio de los agentes privados.

En el diagnóstico que se hizo en ese entonces de la crisis latinoamericana, se atribuyó especial relevancia al excesivo crecimiento del Estado en décadas precedentes y a la incapacidad de controlar el déficit público y las demandas salariales de los sectores público y privado. Esta crítica coincidió con la globalización económica, una onda de apertura, el sesgo a la desregulación de los intercambios globales tanto financieros como comerciales y la deslocalización productiva en función de los costos de los factores de producción.

Fue en ese marco que en la región se impulsaron dos tipos de medidas: unas, encaminadas a promover la estabilidad mediante la aplicación de políticas públicas orientadas por los mecanismos de mercado y otras que apuntaban a reducir el tamaño del Estado y su grado de intervención económica, agregó la Cepal. En ese camino se desmantelaron instituciones fundamentales para el desarrollo de sectores como el agrícola o el industrial, que, indicó, tenían un papel importante en la formulación de políticas de largo plazo y en el desarrollo productivo.

Nuevo papel del Estado

La Cepal destacó la necesidad de posicionar al Estado en el lugar que le corresponde en la conducción de estrategias de desarrollo en los países de la región. Es preciso sortear supuestos que la evidencia histórica actualmente cuestiona y que en su momento contribuyeron a demonizar ora al mercado, ora al Estado. La calidad y eficiencia de los mercados en la región dependerán de la calidad y probidad de los Estados para regularlos por medio de mecanismos apropiados de control, incentivos y orientación. Asimismo, está claro que hay funciones cuya responsabilidad atañe al Estado para velar por el bien común y la cohesión social, indicó.

Aseguró que el mercado por sí solo no produce igualdad ni bienes públicos y tampoco se ocupa de la situación a largo plazo. Esto, dijo, no significa negar la utilidad de los mecanismos de mercado o de las adecuadas combinaciones público-privadas para la asignación de recursos y la provisión de servicios.

El documento de la Cepal resaltó la necesidad de un fuerte papel del Estado. El Estado es el principal actor en la conciliación de políticas de estabilidad, crecimiento económico, desarrollo productivo, promoción del empleo y la igualdad, aseguró.

Cepal pide a América Latina atender tormenta de inequidad

Por Milagros Salazar, enviada especial

BRASILIA, 31 may (IPS) – Los nueve países de América Latina con mayores niveles de desigualdad tendrían que invertir entre seis y nueve por ciento del producto interno bruto (PIB) para mejorar la situación de sus poblaciones más vulnerables, diagnosticó la Cepal, reunida en la capital brasileña.

La Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) alertó durante su 33 periodo de sesiones en Brasilia que en la región se profundizan las inequidades de la productividad entre grandes y pequeños empresarios, y entre territorios dentro de los países, en el documento "La Hora de la Igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir".

La reunión regional de tres días, que comenzó el domingo, se realiza con signos positivos para el subcontinente, cuyo PIB va a crecer en 4,1 por ciento este año, según las últimas revisiones del organismo. Pero la Cepal dijo que se requiere lanzar una "agenda para la igualdad" a fin de corregir las muchas versiones de la inequidad en la región.

La capital anfitriona, por ejemplo, es nueve veces más rica que el nordestino estado de Piauí, o en Perú la andina región de Huancavelica es siete veces más pobre que la parte costera de la sureña Moquegua, puntualiza el estudio que pretende ser una hoja de ruta para transformar a la igualdad en el eje rector del desarrollo latinoamericano.

Hay "territorios ganadores y perdedores", señaló la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en la presentación del informe. El reto es "crecer para igualar" y el Estado debe cumplir un papel más activo en ese objetivo y no dejar la tarea al mercado, planteó la máxima funcionaria de la comisión dependiente de la Organización las Naciones Unidas.

El estudio estableció que dentro de las ciudades y regiones más desarrolladas en cada país se observan bolsones de pobreza, en un problema que afecta a casi todos los países, incluso a una potencia mundial emergente como Brasil, con mayor gasto social.

Los países con mayores brechas de bienestar, dice el estudio, son Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. Estos países sólo invirtieron en promedio 181 dólares por persona en gasto social durante el bienio 2007-2008.

En contraste, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay invirtieron en promedio 1.029 dólares en gasto social por habitante en ese mismo período. Es el grupo que ostenta, además, el mayor PIB por persona en América Latina.

En medio se encuentran Colombia, México y Venezuela con una inversión promedio de 619 dólares.

En el acceso a la educación también existen diferencias. Entre el 20 por ciento más pobre de los jóvenes, solo uno de cada cinco concluye la secundaria, mientras que entre el 20 por ciento con más recursos, cuatro de cada cinco la terminan.

Con este panorama, la Cepal realiza algunos cálculos de transferencias que se requieren para reducir la brecha de inequidad.

Así, los países con menor gasto social tendrían que invertir entre seis y nueve por ciento del PIB para aportar el costo total del valor de una canasta básica mensual a su población infantil menor a cinco años, al grupo con edad superior a 65 años y a los desempleados. En el caso de los niños entre cinco y 14 años, el cálculo se basa en la mitad de la canasta.

El costo para los países con mayor gasto social oscilaría entre 1 y 1,5 por ciento del PIB y entre los países intermedios entre 2 y 4 por ciento.

Pese a estos desafíos pendientes, la Cepal reconoce un neto incremento del gasto social global en América Latina, que entre 1990 y 2008 pasó de 12 a 18 por ciento. También destaca una caída de la pobreza regional entre 2002 y 2008, cuando bajó de 44 a 33 por ciento.

Pero califica esos avances como insuficientes y destaca que el gasto social debe impulsarse aún más, después que el impacto de la crisis mundial provocó una pérdida del poder adquisitivo de las familias y arrastró a nueve millones de personas a la pobreza.

"La crisis nos lleva a una nueva forma de pensar el desarrollo", señaló a IPS Martin Hopenhayn, coordinador general del informe y director de la División de Desarrollo Social de la Cepal.

La Comisión plantea que los Estados trabajen en una convergencia productiva y territorial que acelere la igualdad social. En el primer caso, enfatiza que los pequeños y medianos empresarios (Pymes) deben conectarse con el mundo globalizado para mejorar sus condiciones, y no quedar esta herramienta restringida a las elites empresariales.

"La estructura productiva es tan heterogénea y fragmentada que vemos empresas de algunos sectores que producen como si se encontraran en países del primer mundo y pequeños empresarios que trabajan como si estuvieran en naciones del cuarto mundo. Esto se convierte en una máquina que reproduce la desigualdad", explicó Hopenhayn.

Para el experto, mejorar la situación de las Pymes significa mejorar las condiciones de sus trabajadores.

En el segundo aspecto, el de la convergencia territorial, se resalta la necesidad de recortar las brechas entre las diferentes divisiones administrativas dentro de los países. Para ello, la Cepal propone que el Estado tenga un papel central en la mejora de la infraestructura, los servicios básicos y el desarrollo tecnológico, entre otros sectores.

El documento también propone mejorar las políticas laborales y reformar los sistemas tributarios, para incrementar la inversión social.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Nicolás Eyzaguirre, aseguró, sin embargo, que no existe "ninguna evidencia" de que más Estado equivalga a más oportunidades.

Para Eyzaguire la desigualdad tiene que ver con que haya un Estado en manos de "un grupo capturado por grupos organizados o un Estado democrático al servicio de los ciudadanos".

Maurice Odle, asesor económico del secretario general de la Comunidad del Caribe (Caricom) pidió a la Cepal prestar más atención a los países pobres caribeños, golpeados por desastres naturales y las características específicas de cómo viven la inequidad.

Odle enfatizó que entre los países caribeños también hay grandes desigualdades y citó que el PIB de Las Bahamas es 29 veces superior al de Haití. Estas diferencias, dijo, pueden generar corrientes migratorias y tensiones entre los vecinos.

Además, indicó que el alto nivel de desempleo, la migración, el tráfico de drogas y el armamentismo hace que "la desigualdad también esté asociada a la seguridad" en los países caribeños.