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Movimiento estudiantil y crisis política en Chile: Sergio Grez y Jocelyn-Holt…

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¿Inasible malestar? Jocelyn-Holt o el desconcierto y terror de la casta oligárquica chilena

Viernes, 30 de Septiembre de 2011 07:47 Sergio Grez*
 

En su columna de opinión estipendiada por una de las cabezas del duopolio de la prensa escrita nacional, el ensayista y opinólogo Alfredo Jocelyn-Holt ha develado una vez más el fondo de su pensamiento sobre los movimientos sociales que desde hace varios meses han comenzado a cambiar la fisonomía del país (“Ese inasible malestar”, La Tercera, Santiago, 17.09.2011).

Tomando como ejemplo ciertas frases mañosamente entresacadas de declaraciones de Camila Vallejo, de un plenario de la CONFECH y de un reciente artículo de mi autoría (“Un nuevo amanecer de los movimientos sociales en Chile”, The Clinic, N°409, Santiago 01.09.2011), Jocelyn-H se centra en algunas metáforas que hacen alusión a la guerra para dar a entender el carácter prolongado y estratégico de determinados conflictos sociales (como la lucha por la Educación Pública), a fin de descalificar y tratar de “delirantes” algunas de nuestras propuestas. Particular irritación le provocan las proposiciones de renacionalización del cobre, convocatoria a una Asamblea Constituyente y refundación de la República de manera de superar la soberanía delegada y esencialmente nominal que ha imperado durante dos siglos en Chile, sustituyéndola por la soberanía efectiva de los pueblos que viven en este Estado-nación.

Su texto no merecería mayor atención si no fuera porque hay un trasfondo de peso: revela el sentir profundo de la clase dominante chilena, con la cual pretende identificarse Jocelyn-H. Durante estos últimos meses hemos asistido a numerosos berrinches histéricos como el suyo protagonizados por políticos de derecha, opinólogos, panelistas y periodistas de ciertos medios de prensa, especialmente de TV, que al igual que el personaje que nos distrae, no logran entender las causas, la profundidad ni los alcances del movimiento por la Educación Pública ni de otros movimientos sociales que han hecho eclosión durante el presente año. Desde Lavín a Zalaquett, pasando por Carlos Larraín, Sabat, Labbé y Jocelyn-H., la misma reacción, el mismo sentimiento de clase ha inspirado la reprobación de los movimientos sociales, en particular, el protagonizado por los estudiantes. Ninguno de estos y otros prohombres de la clase que dirige Chile desde la fundación de la República, comprende las causas profundas del malestar social.

Para ellos este es “inasible”. No entienden, porque no quieren, no les conviene ni pueden entender que la mayoría de la población esté harta de la desigualdad social extrema (una de las mayores del planeta); de los bajos sueldos; de las diferencias de hasta 70, 80 o más veces en el ingreso de familias que viven en una misma ciudad; de los abusos patronales contra los trabajadores y los consumidores; de pagar servicios de salud y de educación mediocres a tarifas que se encuentran entre las más caras del mundo. Tampoco comprenden las causas de fondo de la violencia social ni el malestar de los pueblos originarios y su creciente rebelión contra la opresión del Estado-nación República de Chile y de la clase dominante que se ha beneficiado de esa situación. Menos aún logran explicarse que un sector cada vez más creciente de la población manifieste un deseo de empoderamiento para exigir lo más básico y esencial en cualquier régimen político que se presente como democrático: que el pueblo sea el titular efectivo de la soberanía. Algo que nunca ha ocurrido en la historia de Chile. De allí entonces el reclamo de una Asamblea Constituyente, que Jocelyn-H considera “delirante”. Los privilegios de clase se defienden (basta recorrer rápidamente nuestra historia para darse cuenta), y el primero y más primordial de ellos –el del poder Constituyente- se defiende a como dé lugar.

Locura-delirio. Así califican siempre los dueños del poder las propuestas y proyectos de quienes osan cuestionar su dominación. Recordemos que el célebre reaccionario Joseph de Maistre, enemigo acérrimo de la Revolución Francesa (a la que consideraba como un hecho satánico y radicalmente malo), del liberalismo y de todo aquello que oliera a democracia y derechos del pueblo, sostenía que: “Una asamblea cualquiera de hombres no puede constituir una nación. Una empresa de ese género merece alcanzar un lugar entre las locuras más memorables”. La coincidencia de Jocelyn-H con este pensamiento ultra conservador es perfecta.

Pero hay más en el texto del opinólogo de marras.

Sin enunciar prueba alguna, sostiene que los militantes de la “izquierda dura” (que en su devaneo parece identificar con el Partido Comunista), “se atrincheraron en las universidades públicas, dejadas a su suerte, decaídas, sin pluralismo interno (académicos de derecha y de centro han emigrado), con autoridades quesillo [sic] cooptables, obsesas con cuestiones de plata. Esperaron, agitaron. […] Llegamos al año 2011, cosecharon y aquí estamos. No son ningunos genios”.

Se podrían hacer muchos comentarios sobre estas líneas repletas de falsedades, insultos, descalificaciones e incoherencias intelectuales y personales de su autor. Anunciemos solo algunas.

¿Qué entiende por “izquierda dura”? ¿Solo a aquel sector que siempre estuvo dispuesto a servir de “salvavidas” en las segundas vueltas electorales a la decadente Concertación? Su “análisis” hiede a un pasado en el cual la dicotomía Concertación/Derecha tradicional ordenaba casi todo el juego político. Sus sosas críticas a la Concertación formuladas en los últimos párrafos apuntan a cuestiones secundarias y, por sobre todo, a la incapacidad de esa coalición de mantener lo que a él más le preocupa: la gobernabilidad, para que nada esencial cambie. Pero la porfiada realidad (la rebelión estudiantil y el despertar de otros movimientos sociales) terminó imponiéndose y la laboriosa arquitectura política de la transición controlada se fracturó definitivamente. Mientras el acuerdo hegemónico funcionaba, Jocelyn-H podía posar de crítico y de “liberal-progresista”, llegando incluso a encantar a algunos intelectuales de izquierda impresionados por este enfant terrible de la bourgeoisie. Pero cuando “las papas comienzan a quemar”, caen las máscaras y el señorito Jocelyn-H hace gala impúdicamente de la histeria que recorre la clase dirigente. No es la primera vez que lo vemos mutarse radicalmente y de seguro, no será la última (para mayores precisiones, buscar en Internet: “Un nuevo número de transformismo: Jocelyn-Holt y el movimiento popular”).

Sigamos con sus dichos. ¿Cuáles son las universidades públicas, decaídas, sin pluralismo? ¿Tal vez se trata de la Universidad de Talca o de la Universidad de Santiago de Chile por las cuales él pasó dejando un triste recuerdo? ¿O tal vez se refiere a la Universidad de Chile, que lo ha acogido y soportado a pesar de sus continuos ataques en contra de la misma institución y de sus autoridades? ¿No es esta la mejor prueba del pluralismo en la Casa de Bello? ¿Y a qué “autoridades quesillo cooptables” se refiere? Al Rector de la Universidad de Chile, sin duda, cuya renuncia viene pidiendo públicamente (La Tercera, Santiago, 06.08.2011). Pero, muy probablemente también está aludiendo a las autoridades de las Facultades de Ciencias Jurídicas y de Filosofía y Humanidades donde se desempeña sin sufrir la más mínima presión o censura por sus destempladas expresiones. Cabe preguntarse, ¿cómo compatibiliza esos juicios con su permanencia en la Universidad de Chile o en cualquier otra “decaída” universidad pública? ¿Por qué no emigra hacia una “exitosa” universidad privada con fines de lucro? Pero tal empresa es igualmente azarosa, a juzgar por lo que le ocurrió hace algunos años en la Universidad Diego Portales, donde protagonizó hechos muy similares a los vividos en la Universidad de Talca y en la USACH. Evidentemente, la coherencia entre el pensar, el decir y el hacer no es una de las características de este comediante de la farándula intelectual.

Al comienzo de este artículo decía que la opinión de Jocelyn-H solo merece atención en la medida que refleja el sentimiento profundo de los sectores más reaccionarios de la sociedad chilena. A pesar de su pretensión de ser el “Pepe Grillo” de la clase dominante, técnicamente podría sostenerse que estamos más bien ante un particular tipo de lumpen en el sentido que Marx le da a este término, cuando se refiere al lumpen-Wolle, que alude no a la chusma (Gesindel), sino a la gente “cursi”. También eran y son parte del lumpen “los aventureros de la burguesía” (El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte), como es el caso de este personaje. Su ataque, tanto a los movimientos sociales actuales, como a los proyectos y propuestas de la ciudadanía crítica que comienzan a despuntar en Chile no es más que el patético arrebato de una casta oligárquica, con su coro de servidores y lumpen-Wolle, que al ver cuestionada su hegemonía -aunque sea en pequeña medida- hace uso de todas las armas para defender sus rancios privilegios. Como en la fábula, los niños y jóvenes han dicho la verdad: “¡El rey está desnudo!”.

 

Académico de la Universidad de Chile, coordinador del Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

 

Publicado en The Clinic, N°413, Santiago, 29 de septiembre de 2011
 
(El autor y la revista autorizan su difusión)

Ese inasible malestar

No es clara la relación entre la radicalización de los jóvenes y ese otro sentir colectivo, no inducido, del malestar.

 

por Alfredo Jocelyn-Holt – 17/09/2011 – 04:00/LA TERCERA

 

"ESTA es una guerra de cuatro años, y si somos jóvenes comprometidos nos vamos a tener que levantar nuevamente el próximo año, si es que tenemos una derrota". Este comentario de Camila Vallejo del 10 de septiembre, ¿cómo lo interpretamos: como advertencia (no pierden), como provocación (no transan)? En el acta del plenario de la Confech realizado en la Universidad de Concepción hace un mes, el representante de la UTEM aparece llamando a "cambiar la lógica de las movilizaciones: marchar por los sectores donde viven los acomodados (cuicos, etc.)", esto definitivamente una bravata. A su vez, Sergio Grez, ex director del Museo Vicuña Mackenna (1997-2010), refiriéndose al movimiento estudiantil sostiene que "ellos son y seguirán siendo el elemento decisivo, como es la infantería en la guerra, considerada tradicionalmente como la ‘reina de las batallas’". Reina en sentido bélico ajedrecístico.

Podría consignar decenas de declaraciones de igual calibre, las hay diarias, que si bien confirman hasta qué punto las tácticas de trinchera y barricada han estado primando, no queda claro qué relación guarda esta radicalización y empoderamiento de los jóvenes con ese otro sentir, también colectivo, inasible,  no inducido, el del malestar. Porque no son lo mismo, y si se les confunde, bueno, hablemos mejor cuando impongan sus términos; según Grez: asamblea constituyente, refundación de la República, "soberanía efectiva de los pueblos", nacionalización del cobre y lo que discurran: son delirantes.

El malestar con el modelo consensual político, económico, y social, a su vez, viene siendo diagnosticado desde, a lo menos, 1997, de antes de confirmarse la crisis económica, desde la derrota de la Concertación en las parlamentarias. De hecho, fuimos muchos que, a diez años del plebiscito, advertimos que si no se producían cambios urgentes, podrían producirse reventones sociales. El entorno del candidato y luego presidente Lagos conocía perfectamente ese diagnóstico (vid. Sergio Marras, Chile, ese inasible malestar, 2001).

¿Qué pasó? Por de pronto, Lagos casi no llegó a La Moneda, y si llegó fue gracias al PC, al igual que Bachelet. Su evidente viraje a la derecha, fruto del temor a la derecha UDI y a la izquierda extraconcertacionista, los llevó a afincarse en un centrismo inmóvil y a sofocar cualquier crítica. Se castigó a la generación de los 80, se insistió en un sesgo tecnócrata, y a los críticos independientes se nos acalló duramente. A lo sumo, compensaron algo a la izquierda populista, fomentando un discurso antielitario; Bachelet en eso más coqueta que Lagos.

Con todo, la izquierda dura jugó la carta de la paciencia; sabían que a la hora de los quiubos (segundas vueltas) la Concertación dependía de ellos. Se atrincheraron en las universidades públicas, dejadas a su suerte, decaídas, sin pluralismo interno (académicos de derecha y centro han emigrado), con autoridades quesillo cooptables, obsesas con cuestiones de plata. Esperaron, agitaron. El pingüinazo marcó pauta: educación = grito y plata. A Frei se le quitó piso, fue torpe, y se apostó a que un gobierno de Piñera, de derecha, le fuera peor, pudiendo volverse inmanejable la situación para La Moneda. Llegamos al año 2011, cosecharon y aquí estamos. No son ningunos genios.

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Written by Eduardo Aquevedo

30 septiembre, 2011 at 15:01

CEPAL: Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela, los que más redujeron desigualdad y pobreza…

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“Argentina…”

 

Por Tomás Lukin, Página/12

america-latina001La secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) recibió a Cash en una improvisada oficina donde está trabajando desde que el terremoto golpeó al emblemático edificio del organismo en Santiago de Chile. Alicia Bárcena no es economista, es bióloga pero recurre sin problemas a economistas latinoamericanos como Raúl Prebisch y Celso Furtado para proponer políticas de desarrollo diseñadas desde la región, cuestionar la apreciación cambiaria y defender los controles de capitales.

Bárcena desembarcó en el organismo a mediados de 2008 y se convirtió en la primera mujer en asumir la conducción de Cepal. Previamente la mexicana se desempeñaba como secretaria general Adjunta de Gestión en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde manejaba el gigantesco presupuesto de la ONU.

“América latina es hoy una región progresista. En Argentina se ha dado un cambio de modelo desde 2003. Es uno de los países de la región que más redujeron la desigualdad”, afirma Bárcena quien, lentamente, está revitalizando el discurso político y económico de la Cepal.

La agenda de desarrollo que presenta en sus intervenciones por la región reconoce la necesidad de “disciplinar” a los empresarios a través de distintos impuestos como pueden ser las retenciones, recupera las propuestas vinculadas con la inversión pública en ciencia y tecnología con desarrollos locales, y enfatiza la relevancia de preservar un tipo de cambio que responda a vectores productivos y no sea determinado por flujos especulativos.

–¿Qué evaluación hace la Cepal de la última década en América latina?

–Los gobiernos progresistas, desde 2002 y 2003, nos dejan un legado muy positivo donde no hay marcha atrás en las políticas sociales. Hemos aprendido que hay que igualar para crecer, que no alcanza crecer para igualar. El gasto social no se pierde, sino que es el motor de la economía.

–¿La región aprendió de los fracasos de las décadas del ’80 y ’90?

–Sin duda. La región ha aprendido lecciones muy importantes del pasado. Hoy somos una región que ha entendido la importancia de la macroeconomía: mantener bajos niveles de déficit de cuenta corriente, o superávit, bajos niveles de deuda, controlar la inflación y promover la acumulación de reservas. Después de la década del ’80 la región demoró 14 años para recuperar los niveles del PIB per cápita, pero para recuperar los niveles sociales nos tomamos 25 años.

–¿Qué cambió con los gobiernos progresistas en Latinoamérica?

–Como herencia de estos gobiernos progresistas la región invirtió activamente sus políticas sociales con distintas medidas de protección de empleo, el salario y otros programas. Apoyando incluso a los empresarios. Los estímulos fiscales durante la crisis fueron muy efectivos para estimular la demanda. Así nos recuperamos mucho más rápido de la crisis que el resto del mundo. El PIB había caído 1,9 por ciento en 2009. Este año la región recupera y crece 6 por ciento.

–¿Cómo continúa este nuevo esquema regional a la salida de la crisis económica global?

–Uno de los aspectos centrales de nuestra región es sobreponernos a la heterogeneidad estructural. En la Cepal creemos que el camino hacia el desarrollo está en la convergencia productiva. Rearticular los sectores productivos, dinamizarlos y reindustrializar. La región debe aprovechar sus mercados internos. Países con grandes mercados internos como Argentina, Brasil, Colombia y México deberían convertirse en los grandes motores del crecimiento regional. Si crece Brasil, crecen las economías que están a su alrededor. Eso es una buena noticia.

–¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos?

–Hay que diversificar la estructura productiva e incentivar la inversión. Es muy importante porque la estructura de las exportaciones está muy concentrada en materias primas y precios que son volátiles y generan vulnerabilidad externa. La única forma para salir de la desigualdad es el empleo con derechos y protección.

–¿Qué significa diversificar la estructura productiva?

–Significa no sólo depender de enclaves de materias primas, sino también desarrollar servicios como puede ser la industria de software.

–Algo similar hizo Irlanda y hoy atraviesa una fuerte crisis económica.

–En Irlanda el manejo financiero es lo que fracasó; la diversificación productiva funcionó bien. Lo mismo en Finlandia y Nueva Zelanda. Cómo buscar nuevos nichos industriales es uno de los grandes temas. En el área de energía, biocombustibles, biotecnología, nanotecnología, comunicaciones, incluso con la soja. Es necesario profundizar el agregado de valor, la innovación y la articulación regional.

–¿Cómo pueden lograr Bolivia, Argentina o Ecuador impulsar este tipo de procesos?

–Definitivamente el gasto público debe cumplir un rol central. La inversión en investigación y desarrollo debe incrementarse. Hoy en la región es 0,6 por ciento mientras que en Corea del Sur alcanza al 4 por ciento. Nuestro continente tiene enorme espacio para crear localmente sus propios desarrollos tecnológicos sin que se importen de Japón o Alemania. Raúl Prebisch o Celso Furtado plantearon una agenda muy profunda para América latina que parte de la base de que el desarrollo arranca de nosotros mismos. Nadie nos va a desarrollar desde afuera. Hay que tener un planteamiento de pensamiento propio, con densidad nacional.

–La Cepal retoma así sus postulados históricos, que gestiones anteriores habían olvidado influenciados por la ola neoliberal.

–En la Cepal sabemos que el crecimiento y el desarrollo no son sinónimos. No alcanza con crecer: el desarrollo es igualar para crecer. Todavía nos falta gestión de la innovación que se hace en nuestras universidades y los jóvenes empresarios emprendedores. La región debe aprovechar la mejora en los términos de intercambio y crear fondos para ciencia y tecnología.

–Existe una importante oposición de algunos sectores económicos para que el Estado se apropie de esas ganancias y las utilice.

–Uno de los temas más importantes es la convergencia entre trabajadores, empresarios y el Estado. Nos hacen falta pactos sociales profundos. Disciplinar a los empresarios significa alcanzar un camino conjunto. El modelo donde el mercado lo podía todo no funciona y tampoco el Estado solo puede hacer todo.

–¿Propone un pacto social, como se quiere impulsar en estos momentos en Argentina?

–Necesitamos nuevos pactos para que las ganancias de productividad se queden en la región y no se concentren en muy pocos. El factor redistributivo debe ser el Estado y eso se logra con diálogo. Los empresarios deben ver que la desigualdad conspira contra ellos. Los empresarios también necesitan reglas de juego que las pone el Estado.

–¿Qué papel juega el tipo de cambio en este escenario que plantea?

–El tipo de cambio es un instrumento muy importante que manda señales muy potentes hacia el sector productivo. El tipo de cambio debe responder a los vectores productivos. Nada sería peor que las señales fueran a la concentración exclusiva de materias primas abandonando al resto de las actividades. Tenemos que evitar la apreciación.

–Esto implica aplicar controles al ingreso de capitales especulativos.

–Somos partidarios de los controles de capitales financieros especulativos. Esa medida es muy importante para apuntalar nuestras economías. Hay que desdramatizar algunos temas. La solvencia fiscal es importante, pero no se puede descuidar al sector productivo. La variable de ajuste no puede ser el sector productivo ni los trabajadores. Algunos países tienen más espacio que otros, pero sin duda no se puede perder el dinamismo en materia laboral.

–¿Cómo interpreta Cepal el desempeño argentino durante la última década?

–A partir de 2003, Argentina inició un cambio muy positivo. Hubo una acción muy valiente del Estado para transformar profundamente el modelo. Hay un quiebre cuando uno compara con la década de los ’90. Argentina, junto con Brasil, Bolivia y Venezuela, son los países de la región que más redujeron la desigualdad y la pobreza. Eso es sin contemplar la Asignación Universal por Hijo; midiendo eso, los resultados son todavía mejores.

También ha mejorado considerablemente el balance de pagos y la cuenta corriente. La deuda pública tiene un muy buen comportamiento y aumentan las reservas internacionales. El Estado ha tomado decisiones correctas para la sociedad argentina.

–¿Qué desafíos piensa que enfrenta?

–Es un proyecto de país que se ha ido construyendo desde 2003. Es un cambio de modelo que no está exento de problemas y desafíos pero por lo menos se plantea un proyecto social, productivo y de articulación política social de diálogo. Es un muy buen momento para la convocatoria de un pacto social. Hay un alto nivel de convergencia. Eso lo observé en Mar del Plata. En Argentina se está dando algo que para nosotros en Cepal es muy importante: un proyecto donde se está buscando la convergencia productiva y territorial, apoyando a las familias pobres, reduciendo la desigualdad, aprovechando el buen contexto externo a favor de la economía nacional

CASEN: Errores y aciertos para no seguir contando pobres…

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Por Francisca Skoknic, CIPER. | 12 de Agosto de 2010

La última encuesta CASEN confirmó que la desigualdad sigue siendo un problema agudo en Chile. Una realidad mucho más cruda que la imagen país instalada. Mientras unos discuten cuántos son los pobres y el impacto de los programas sociales de los gobiernos de la Concertación, las cifras siguen mostrando el mapa de los logros y también el fracaso de la promesa de terminar con la miseria.

El debate no es sólo para economistas. Entre expertos y autoridades CIPER buscó las dos caras del diseño y control de la red de protección social. Y entrega una reseña de los errores de diagnóstico e implementación que atentaron contra la eficiencia del Chile Solidario, el programa estrella para combatir la pobreza que sigue siendo una pieza clave de las políticas sociales para enfrentar el urgente desafío de los que no pueden esperar.

Erradicar la indigencia es una de las promesas de campaña que Sebastián Piñera renovó a la luz de los resultados de última encuesta CASEN. Terminar con la miseria fue también uno de los compromisos de Ricardo Lagos casi una década antes. Aunque hubo importantes avances, algo falló en el camino y el debate sobre el combate a la pobreza extrema ha vuelto a posicionarse como un tema central de la agenda política.

El desafío de Lagos se inició en un ciclo de sesiones bautizadas como “Seminarios Académicos Presidenciales”. Fuera del horario de oficina y sin figurar en la agenda pública del Primer Mandatario, éste invitaba a expertos a debatir distintos temas. Eran su joyita y exigía total confidencialidad a cada uno de los asistentes. Nunca se filtró ni su existencia ni lo que se habló en los nueve seminarios que organizó durante su sexenio.

Lo que sí trascendió fue uno de sus resultados: el programa Chile Solidario. Corría abril de 2002 y en la Dirección de Presupuestos le daban vuelta al perfeccionamiento del sistema de protección social. Bajo la coordinación del asesor presidencial Víctor Tokman, ministros y una decena de funcionarios de gobierno, además de expertos de distintos centros de estudios y ONGs ligadas al tema de la pobreza participaron en el debate.

-Lo primero era decidir en qué concentrarnos, ¿pobreza, indigencia o equidad? Hubo partidarios de todo, pero naturalmente surgió que empezáramos con la indigencia. Había claridad en que era una tarea posible de atacar. El presidente le dio vueltas, insistió mucho en ese punto y estaba en la disyuntiva de cómo hacerlo -recuerda Tokman.

Harald Beyer, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), a quien se le ubica en el sector más a la derecha del grupo, saltó entonces con una respuesta liberal: “Les mandamos un cheque, la gente sabe qué hacer con su plata, no se trata de imponerlo”.

La idea no era del gusto de algunos expertos que llevaban tiempo trabajando en el tema de la pobreza desde un mundo más de izquierda, orientando los esfuerzos hacía proyectos colectivos. Algunos sentían que el bono transformaría la relación con el Estado en un vínculo más clientelista: condicionaría el acceso a los beneficios sociales a un canje monetario individual. Pero Lagos enganchó con la idea de Beyer, consciente de que aunque modesto, un bono de $10.500 podía ser suficiente para sacar a un buen número de familias de la línea de la indigencia.

–Siento que no gané esa pelea– se lamenta hoy Beyer–. Soy partidario de una transferencia más generosa. Yo le dije al Presidente que se podía calcular cuánto faltaba para poner a las personas sobre la línea de la pobreza extrema, pero los otros insistieron en que eso iba a generar dependencia. Creo que si uno lo diseña bien, puede superar esa crítica.

Lagos también acogió la propuesta que traían Mideplan y el Fosis, donde ya se estaba ejecutando un plan piloto del programa Puente. Su símbolo era un tablero de juegos en que los participantes debían cumplir ciertos requisitos que los ayudarían a cruzar el puente para salir de la extrema pobreza.

La conclusión final fue que no bastaba con repartir dinero, sino que la política debía ir acompañada de un fuerte apoyo psicosocial que tomaría como base lo avanzado por el Fosis. Un profesional (“apoyo familiar”), visitaría periódicamente los hogares para fomentar la convivencia armónica y las competencias para obtener ingresos, junto con vincularos con las redes del Estado, donde recibirían asistencia prioritaria en salud, educación y acceso a mejor alimentación infantil, becas, subsidios y pensiones. A sugerencia de Beyer, El Puente iría acompañado de un bono, condicionado a aquellas familias que cumplieran con los pasos exigidos, como enviar a los niños al colegio o cumplir con los controles médicos.

Se formaron grupos de trabajo para diseñar el programa mixto y las decisiones se tomaron contra el tiempo. Faltaba cerca de un mes para el 21 de mayo, ocasión en que Lagos anunciaría la creación del Chile Solidario como eje de la política de protección social: “Es decisión de mi gobierno, que al término de mi mandato, en Chile ya no exista más el drama social de la indigencia y la miseria”.

A fines de ese año ya se estaba ejecutando y se transformaba en uno de los programas estrella de Lagos. No sólo prometía erradicar la indigencia, sino que era elogiado en distintos países por la innovadora forma con que combinaba apoyos familiares, acceso a los beneficios estatales y subsidios condicionados.

CASEN: Dos lecturas para el impacto del gasto social

La encuesta CASEN realizada en 2006 fue la primera que midió la pobreza después de un tiempo prolongado de funcionamiento del Chile Solidario. Si bien quedó claro que tras el fin del gobierno de Lagos no se había cumplido la meta de eliminar la indigencia, ésta seguía su trayectoria descendente: en un trienio bajó de 4,7% a 3,2%. En cuanto a la pobreza no indigente, entre 2003 y 2006 ésta había caído de 14% a 10,5%. En total, 13,7% de los chilenos todavía era considerado pobre y vivía bajo la línea artificial trazada por la CASEN. Aunque la forma de medición es criticada por los expertos, aún constituye la única medición oficial.

Pese a que durante la administración de Michelle Bachelet el foco estuvo precisamente en profundizar la red de protección social, la tendencia a la baja se interrumpió en la segunda medición realizada durante su mandato. El 13 de julio pasado, el Presidente Piñera dio a conocer las cifras de la CASEN 2009: 15,1% de la población es considerada pobre. El porcentaje se descompone en 3,7% de personas que viven en la indigencia y 11,4% de pobres no indigentes. El Primer Mandatario culpó a la burocracia, el despilfarro y la corrupción. Su ministro de Mideplan, Felipe Kast, apuntó a los altos costos administrativos y cuestionó la falta de evaluación de los programas existentes.

La interpretación del gobierno desató el vendaval. Implicaba una dura crítica a la política social de los gobiernos de la Concertación. Se cuestionó la lectura de los datos al obviar el efecto de la crisis económica internacional en los resultados.

-La encuesta se hizo exactamente en el nudo de la crisis, cuando el desempleo era 2,6% más alto que cuando se encuestó en 2006. La inflación del precio de los alimentos hizo que la canasta con que se mide la pobreza subiera 36%, mientras el IPC lo hizo en un 14%. Ése es el tema de fondo -explica el economista de la Universidad de Chile Alejandro Micco, ex jefe de asesores del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Bachelet.

A su juicio, las políticas sociales atenuaron el impacto de la crisis: “No aumentó la deserción escolar, punto muy importante para el desarrollo futuro. Durante la crisis de 1982 veías las calles llenas de niños pidiendo plata. Un cambio sustantivo porque no estás hipotecando a las futuras generaciones por una crisis. Eso es protección social. Chile Solidario condiciona la entrega de dinero a la escolaridad”.

Este diseño permitió que, pese a la crisis y la pérdida de empleo, los más pobres contaran con un “paraguas” básico de programas sociales que les permitió enfrentar de mejor forma la tormenta.

A fines de julio, cuando aún no amainaba la discusión sobre el aumento de la pobreza, la segunda entrega de la encuesta CASEN, esta vez referida a la distribución del ingreso, reavivó la polémica. Kast puso el acento en el aumento de la desigualdad. Las cifras exhibidas eran dramáticas: si en 2006 los ingresos del 10% más rico representaba 31,3 veces el ingreso del 10% más pobre, en 2009 la brecha había subido a 42,3 veces. La brecha más alta desde 1990. Lo que no se destacó es que si a los ingresos propios de las familias (autónomos) se sumaban todas las transferencias hechas por el Estado a través de distintos subsidios, el aumento era más leve: de 23,9 a 25,9 veces.

Esta vez Micco salió públicamente a rebatir la información. En una columna en La Tercera escrita junto al ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, argumentaron que la cifra entregada por Kast se refería sólo al ingreso familiar, y lo que correspondía era mirar el ingreso per cápita (cuánto recibe cada miembro de la familia) e incluir los subsidios y otros beneficios entregados por el Estado (ingreso monetario). Así, la interpretación cambiaba: si en 2006 el 10% más rico recibía 34,4 veces más que el 10% más pobre, en 2009 la brecha había caído a 32,5 veces.

Si bien esta lectura pudo ser vista como un intento de defender las políticas de Bachelet, pues muestran el impacto positivo de los programas sociales, Micco y Velasco contaron con el sorpresivo respaldo de Harald Beyer desde el CEP. En carta enviada a El Mercurio, el economista argumentó que desde el punto de vista del bienestar de los hogares, lo importante es analizar el ingreso monetario per cápita, y visto así la brecha se había reducido. “Es oportuno recordar que a pesar de la crisis económica que afectó al país, la desigualdad no parece haber aumentado”, sentenció Beyer.

En entrevista con CIPER, el ministro Kast atribuyó dichos análisis a un error de interpretación de los datos. Y explicó que se debe a que el cuadro publicado por Mideplan no pondera la cantidad de integrantes de cada familia, sino que toma el ingreso promedio de uno solo de sus miembros, sin importar si la familia está compuesta por dos o diez personas. La tabla –señaló- fue incluida en la presentación sólo para mantener la misma forma de exhibir los resultados que usaron los gobiernos anteriores y así evitar suspicacias.

“Hablé con Harald para explicarle que él no había entendido la lámina”, dice Kast. Aunque Beyer le concede al ministro que habría sido mejor un indicador que ponderara a los integrantes de cada familia, no le convence su explicación. Insiste en que el cálculo per cápita exhibido en los resultados de la CASEN es correcto para evaluar la distribución del ingreso. Afirma que si bien disminuyó el número de integrantes por familia en los deciles más bajos, la caída no fue dramática, y debiera ser más o menos proporcional en los distintos grupos familiares. Por lo tanto, tampoco debería cambiar radicalmente la conclusión.

Si lo que se quiere es evaluar los programas sociales, lo anterior no es una mera discusión técnica entre economistas. De acuerdo a los datos de la discordia, el ingreso autónomo (sin subsidios) per cápita del 10% más pobre, cayó de $19.255 a $14.595 entre 2006 y 2009. Sin embargo, cuando se le suman los beneficios entregados por el Estado (ingreso monetario), el monto sube de $29.439 en 2006 a $35.373 en 2009. Esa diferencia avalaría el impacto de las políticas sociales al revertir la caída de los ingresos autónomos.

Otro dato que respalda el efecto de los programas estatales es el coeficiente de Gini, un indicador utilizado internacionalmente para medir y comparar la distribución del ingreso. Oscila entre 1 y 0: de una distribución completamente desigual (1) a una igualitaria (0). De acuerdo a los datos de la CASEN, si se toman los ingresos autónomos de las personas, dicho coeficiente aumenta de 0,54 a 0,55, reflejando una mayor desigualdad. En cambio, si se contabilizan los ingresos monetarios, los aportes estatales mantuvieron el indicador estable en 0,53 en ambas mediciones, contrarrestando el aumento de la mayor desigualdad pese a la crisis económica. Aún así, el índice sigue siendo alto, lo que refleja la pésima distribución del ingreso en Chile.

Si el debate gira en torno al real impacto del gasto social, éste podría ser aún más importante si se contabilizaran las transferencias no monetarias en salud y en educación. Estos datos no han sido calculados para la CASEN 2009, pero en la encuesta de 2006 arrojaron que la brecha entre los más ricos y los más pobres disminuía a un tercio (de 31 veces a 11,6 veces) cuando se sumaban estos ítems, pues con ellos el decil menos favorecido triplicaba sus ingresos.

SUPUESTOS ERRADOS

Aún considerando que la última CASEN fue hecha en un contexto de crisis económica y que los programas sociales atenuaron su efecto, incluso aquellos que defienden la red de protección social creen que podrían funcionar mejor. El actual gobierno afirma que no existen evaluaciones de calidad y por lo tanto no se puede medir bien su efectividad. Si se toma Chile Solidario, el proyecto estrella de la Concertación y que integra a distintos programas sociales, esto es cierto a medias. La mayor parte de los expertos consultados coincide en que lo ideal habría sido que junto con la política se hubiera diseñado un sistema de evaluación que incluyera grupos de control. Esto suponía, por ejemplo, ejecutar el programa de manera escalonada de modo de poder comparar la evolución de distintos grupos. Pero la idea de Lagos era erradicar la miseria en los cuatro años que le restaban de gobierno por lo que intentó incluir de una vez a todos los indigentes.

Sin embargo, sí existen evaluaciones del Chile Solidario realizadas por el Banco Mundial (2006 y 2008), Mideplan (2007) y el PNUD (2009). Esta última utilizó como grupos de control a familias que por una u otra razón habían quedado fuera del programa.

El economista Dante Contreras realizó, junto a Osvaldo Larrañaga, la evaluación del PNUD. Afirma que se trata de un programa bien diseñado, pero que puede mejorar su implementación. Sobre la focalización de los programas sociales, su opinión es clara: “En Chile se focaliza bien. No excelente ni mal, sino bien. Los cuadros de distribución de ingresos demuestran que la plata llega a los más pobres. La gente que dice que la focalización es mala está dando una opinión política, no técnica, pues no hay papers que lo avalen”.

La evaluación hecha para el PNUD dejó en evidencia uno de los problemas iniciales del Chile Solidario: partió de un supuesto errado. Cuando en 2002 Lagos reunió a su comisión de académicos existía el convencimiento de que había un núcleo duro de pobreza extrema en torno al 5% de la población. Un grupo que no se beneficiaba del crecimiento económico y estaba al margen de los programas sociales a los que tenía derecho. Según le dijeron los expertos, cada una de esas personas estaba plenamente identificada. Sin embargo, esto no era así. Las familias entraban y salían de la pobreza constantemente y no existía tal núcleo duro.

Las encuestas panel CASEN, que hacen un seguimiento a las familias en el tiempo, ya habían dado luces al respecto. El ministro Kast fue uno de los que reparó, en 2004, en ello al concluir que el 47% de los indigentes en 2001 ni siquiera calificaba como pobre en 1996. Análisis posteriores de los panel hasta 2006 hablan de una cifra menor, pero refuerzan la tesis de la alta movilidad de la pobreza y de cómo los grupos vulnerables cruzan una y otra vez la línea: 34,1% de los chilenos calificó alguna vez como pobre entre 1996 y 2006.

Las evaluaciones arrojan otros datos preocupantes: si bien se ve un impacto positivo en vivienda y empleo de los participantes, así como de otras importantes variables ligadas al bienestar, no se percibe una mejoría en los ingresos autónomos de quienes han sido beneficiarios del Chile Solidario con respecto a quienes no han participado.

-Uno de los temas débiles que nunca se terminó de analizar en serio es cuál era la posibilidad que tenía la gente para conseguir trabajo una vez que salía del programa. Y el Banco Mundial hace el hallazgo de que la gente que estaba fuera del Chile Solidario tenía una mayor disponibilidad a buscar ingresos autónomos. Es la eterna discusión entre protección social y oportunidades, en la que hoy estamos de nuevo -dice el director ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno.

Por las mismas razones, Francisca Márquez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y cabeza del equipo que aplicó la última CASEN, cree que hay que cambiar el eje del debate: “La discusión sobre la desfocalización no lleva a ninguna parte. El Estado focalizó, pero el problema es que ello permitió que egresaran del programa y se pensó que iban a poder mantenerse en el mercado del trabajo. Un gran error”.

Francisca Márquez se pregunta si ese error pudo haber contribuido al aumento de la pobreza en la última CASEN, la primera medición que se hace con familias egresadas del Chile Solidario. Familias que en la encuesta anterior tenían un subsidio monetario y apoyo especializado y que ahora perdieron.

Como apunta Dagmar Raszcinsky, de Asesorías para el Desarrollo, cuando se mide la pobreza por ingresos y se tiene un programa diseñado para eliminar la indigencia, el factor empleo y capacitación es clave. A su juicio, no basta con entregar aportes monetarios, pues los graves problemas psicosociales de muchas familias hacen que sin apoyo se transformen en dependientes del Estado.

Harald Beyer discrepa. E insiste en que los efectos no previstos apoyan su propuesta de 2002 de aumentar las transferencias directas y sacar a la gente de la pobreza a punta de subsidios monetarios. “Si te convences de que es un buen instrumento, reasignas o puedes mantener el impuesto a las empresas en 18,5%”, propone, a pesar de los costos que ello implica y que podrían oscilar entre el 1% y el 3% del PIB. Hasta ahora el gobierno ha anunciado un plan más modesto: costaría menos del 1% del PIB y busca asegurar un ingreso ético familiar de $250 mil.

Con un sueldo mínimo que condena a miles de familias a vivir en la pobreza, el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade puso el foco en los datos sobre la calidad del empleo que arroja la última CASEN: “Más de dos tercios de los pobres sí tienen empleo, pero con una remuneración tan precaria que los mantiene en la pobreza a pesar del trabajo”. Con bajos salarios, es el Estado el que termina subsidiando a familias que tienen ingresos insuficientes para vivir.

El ministro Kast rechaza ese diagnóstico. Afirma que está errado ya que la CASEN arroja también que entre las familias del decil más pobre el promedio de personas que trabaja es de sólo 0,51; cifra que prácticamente se dobla en el segundo decil y llega hasta 1,72 personas por hogar en el decil ocho. Lo relevante –dice- es la cantidad de empleo. Es por eso que se estudian fórmulas para facilitar la inserción laboral de quienes participan en los programas sociales (ver entrevista).