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Las raíces de las revueltas árabes y lo prematuro de las celebraciones…

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James Petras

Rebelión

Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez

Introducción

PICSSOOLa mayor parte de las explicaciones de las revueltas árabes de Egipto, Túnez, Libia, Marruecos, Yemen, Jordania, Bahrein, Iraq y otros lugares se han centrado en las causas más inmediatas: dictaduras políticas, desempleo, represión y manifestantes heridos y muertos. Han prestado la máxima atención a los activistas de «clase media», jóvenes y con formación, a sus comunicaciones a través de internet (Los Angeles Times, 16 de febrero de 2011) y, en el caso de Israel y sus teóricos sionistas de la conspiración, a «la mano escondida» de los extremistas islámicos (Daily Alert, 25 de febrero de 2011).

Lo que se echa en falta es un intento de ofrecer un marco de la revuelta que contemple las estructuras socioeconómicas a gran escala y a medio y largo plazos, además de los «detonantes» inmediatos de la acción política. El alcance y la profundidad de los levantamientos populares, así como las diversas fuerzas políticas y sociales que han entrado en el conflicto, excluyen todas las explicaciones que se centren en una única dimensión de la lucha.

El mejor enfoque es el del «cuello de botella», según el cual, en el extremo más ancho (las estructuras a largo plazo y gran escala) se sitúa la naturaleza del sistema económico, político y de clases; el medio plazo se define por los efectos acumulativos y dinámicos de esas estructuras sobre los cambios de las relaciones políticas, sociales y económicas; las causas a corto plazo, que precipitan las reacciones socio-político-psicológicas, o la conciencia social que desemboca en acción política.

La naturaleza de las economías árabes

Con la excepción de Jordania, la mayoría de las economías árabes en donde se están produciendo las revueltas se basan en las «rentas» del petróleo, el gas, los minerales y el turismo, lo que aporta casi todos los beneficios por exportaciones y la mayor parte de los ingresos del Estado (Financial Times, 22 de febrero de 2011, p. 14). Efectivamente, estos sectores económicos son cotos exportadores que emplean a una proporción minúscula de la mano de obra y definen una economía de alta especialización (Informe anual del Banco Mundial, 2009). Estos sectores exportadores no están vinculados a una economía nacional productiva diversificada: el petróleo se exporta y las manufacturas y los servicios financieros y de alta tecnología son importaciones controladas por multinacionales extranjeras y expatriados vinculados a las clases gobernantes (Economic and Political Weekly, 12 de febrero de 2011, p. 11). El turismo refuerza los ingresos de arriendo o «rentistas» como el propio sector, que suministra «divisa extranjera» e ingresos fiscales a un Estado de clase-clan. Este último descansa en el capital extranjero subvencionado por el Estado y en un sector «inmobiliario» local y con relaciones políticas para importar mano de obra extranjera para la construcción.

Los ingresos por arriendos pueden generar mucha riqueza, sobre todo cuando el precio de la energía se dispara, pero los fondos se acumulan en una clase «rentista» que no tiene la menor vocación o intención de ahondar en un proceso de desarrollo económico e innovación que se generalice. Los rentistas se «especializan» en la especulación financiera, las inversiones en el extranjero a través de empresas de fondos de capital que no cotizan en bolsa, el consumo extravagante de artículos de lujo y el mantenimiento de cuentas privadas opacas de miles de millones de dólares y de euros en bancos del extranjero.

La economía rentista crea pocos puestos de trabajo en la actividad productiva moderna; el sector más lucrativo está controlado por miembros de la familia o el clan ampliado y por las empresas financieras extranjeras a través de expatriados; el empleo técnico y de peor calidad es asumido por mano de obra extranjera contratada, con unos niveles salariales y condiciones laborales que la mano de obra local cualificada está deseando aceptar.

Esa economía rentista acotada se traduce en una clase gobernante centrada en clanes que «confunde» la propiedad pública con la privada: lo que en realidad es el «Estado» son unos monarcas absolutistas y sus familias extensas en la cima y, en el medio, su séquito político cliente, tribal y dirigente y los tecnócratas.

Estas son «clases gobernantes cerradas». El acceso se reduce a miembros selectos del clan o la dinastía familiar y a un número reducido de individuos «emprendedores» que podrían acumular riqueza al servicio de la clase-clan dominante. El «núcleo más próximo» vive de los ingresos por arriendo, recibe pagos de sociedades inmobiliarias a las que no aporta ninguna cualificación más que la de emitir autorizaciones oficiales, concesiones de terrenos, licencias de importación y vacaciones fiscales.

Más allá del saqueo de las arcas públicas, la clase-clan dominante fomenta el «libre comercio», es decir, importar manufacturas baratas y socavar así el despegue de cualquier iniciativa autóctona de los sectores «productivos» manufacturero, agrícola o técnico.

En consecuencia, no hay ningún capitalista o «clase media» nacional emprendedora. Lo que hace las veces de clase media son en buena medida empleados del sector público (maestros, profesionales de la salud, funcionarios, bomberos, policías, militares) que dependen de un salario que, a su vez, depende de la sumisión al poder absolutista. No tienen ninguna posibilidad de ascender a escalones más altos o de crear oportunidades económicas para sus proles con formación.

La concentración de poder económico, social y político en un sistema cerrado y controlado de clase-clan desemboca en una inmensa concentración de riqueza. Dada la distancia social entre gobernantes y gobernados, la riqueza generada por el precio de los artículos de lujo ofrece una imagen tremendamente distorsionada de la «riqueza» per cápita; añadir a los millonarios y multimillonarios a la cima de una masa de jóvenes mal pagados y subempleados arroja una renta media engañosamente alta (Washington Blog, 24 de febrero de 2011).

El gobierno rentista: por las armas y las dádivas

Para compensar estas grandes diferencias sociales y preservar la posición de la clase gobernante rentista y parásita, esta última busca establecer alianzas con empresas de armamento multimillonarias y protección militar de la potencia imperial dominante (EE UU). Los gobernantes se entregan a la «neocolonización con invitación» y ofrecen terrenos para bases militares y aeropuertos, puertos para operaciones navales, connivencia para financiar a mercenarios por poderes contra adversarios antiimperialistas y sumisión a la hegemonía sionista en la región (a pesar de que formulen de vez en cuando alguna crítica intrascendente).

A medio plazo, el gobierno por la fuerza se complementa con dádivas a los pobres de las zonas rurales y los clanes tribales; con subsidios de alimentos para los pobres urbanos; y con empleo sin futuro y deficitario para los desempleados con formación (Financial Times, 25 de febrero de 2011, p. 1). Tanto la carísima adquisición de armas como los subsidiospaternalistas reflejan la ausencia de toda capacidad para realizar inversiones productivas. Se gastan miles de millones de dólares en armas en lugar de en diversificar la economía. Se gastan cientos de millones de dólares en obsequios paternalistas de una sola dosis, en lugar de en inversiones a largo plazo que generen empleo productivo.

El «pegamento» que mantiene unido este sistema es la combinación de saqueo moderno de la riqueza pública y los recursos energéticos naturales y la tradicional utilización de reclutas neocoloniales y de clanes y de contratistas mercenarios para controlar y reprimir a la población. El armamento estadounidense moderno está al servicio de una monarquías absolutistas y dictaduras anacrónicas basadas en los principios del gobierno dinástico del siglo XVIII.

La introducción y extensión de sistemas de comunicaciones de vanguardia y de centros comerciales de arquitectura ultramoderna alimentan a un estrato de consumidores de artículos de lujo de élite y dejan ver un contraste muy marcado con la inmensa mayoría de jóvenes con educación y sin empleo, excluidos de la cima y presionados desde abajo por los trabajadores contratados extranjeros mal pagados.

Desestabilización neoliberal

Los clanes-clases rentistas reciben presiones de las instituciones económicas internacionales y los banqueros locales para que «reformen» sus economías: «abrir» el mercado nacional y las empresas públicas a los inversores extranjeros y reducir los déficit derivados de la crisis global introduciendo reformas neoliberales (Economic and Political Weekly, 12 de febrero de 2011, p. 11).

Como consecuencia de las «reformas económicas», se han recortado o suprimido los subsidios alimentarios para los más pobres y se ha reducido el empleo público, lo que cierra una de las pocas puertas existentes para los jóvenes con formación. Los impuestos a los consumidores y trabajadores asalariados aumentan, al tiempo que se aplican exenciones fiscales a los promotores inmobiliarios, los especuladores financieros y los importadores. La desregulación ha exacerbado una corrupción ya galopante, no solo entre la clase-clan gobernante rentista, sino también en su entorno empresarial inmediato.

Los «lazos» paternalistas que unen a la clase media y baja con la clase gobernante han quedado erosionados por las «reformas» neoliberales inducidas desde el exterior, que combinan laexplotación exterior «moderna» con las formas «tradicionales» de saqueo privado nacional. Los regímenes de clan-clase ya no pueden confiar en las lealtades de clan, tribales, clericales o clientelistas para aislar a los sindicatos urbanos, los estudiantes, las pequeñas empresas y los movimientos de un sector público mal remunerado.

La Calle contra Palacio

Las «causas inmediatas» de las revueltas árabes giran en torno a las inmensas contradicciones demográficas y de clase de la economía rentista gobernada por el clan-clase. La oligarquía dominante gobierna a una gran masa de desempleados o trabajadores jóvenes subempleados; este último grupo lo forma entre el 50 y el 65 por ciento de la población menor de veinticinco años (Washington Blog, 24 de febrero de 2011). La economía rentista «moderna» y dinámica no incorpora a los jóvenes recién formados al empleo moderno, sino que los relega a la «economía informal», sin protección social y mal pagada de la calle como vendedores, transportistas o autónomos subcontratados y encargados de servicios personales. Los sectoresultramodernos del petróleo, el gas, inmobiliario, de turismo y centros comerciales dependen del apoyo político y militar de dirigentes retrógrados tradicionales, clericales, tribales o de clan, subvencionados pero nunca «incorporados» a la esfera de la producción moderna. La clase trabajadora industrial urbana moderna con pequeños sindicatos independientes está proscrita. Las asociaciones civiles de clase media están, o bien bajo el control del Estado, o bien restringidas a tener que formular solicitudes continuas al Estado absolutista.

El «subdesarrollo» de las organizaciones sociales, relacionado con la dedicación de las clases sociales a la actividad productiva moderna, supone que el eje de la acción social y política sea la calle. En esta sociedad de plazas, quioscos, calles y esquinas, y en los mercados, se ve deambular por, entre y en el entorno de los centros de poder administrativo absolutista a jóvenes desempleados y subempleados a tiempo parcial e implicados en el sector informal. Las masas urbanas no ocupan posiciones estratégicas en el sistema económico, pero están disponibles para unas movilizaciones capaces de paralizar las calles y plazas por las que se transportan los bienes y servicios y en las que se obtienen beneficios. Es igualmente importante que los movimientos de masas desatados por los jóvenes desempleados ofrecen a los profesionales oprimidos, los empleados del sector público, los pequeños empresarios y los autónomos una oportunidad de entregarse a las protestas sin verse sometidos a represalias en sus centros de trabajo… lo que disipa el «factor miedo» de perder el empleo.

La confrontación política y social gira en torno a los polos opuestos: las oligarquías clientelistas y las masas desclasadas (el panarabismo). La primera depende directamente del Estado (el aparato militar/policial) y la última de organizaciones presenciales improvisadas, locales, informales y amorfas. La excepción es la minoría de universitarios que se movilizan a través de internet. Los sindicatos industriales organizados ingresan en la lucha tarde y en buena medida se concentran en demandas económicas sectoriales, con algunas excepciones (sobre todo en las empresas públicas, controladas por amigotes de los oligarcas, donde los trabajadores exigen cambios en la dirección).

Como consecuencia de las particularidades sociales de los Estados rentistas, los levantamientos no adoptan la forma de luchas de clase entre asalariados y capitalistas industriales. Afloran como revueltas políticas masivas contra el Estado oligarca. Los movimientos sociales callejeros manifiestan su capacidad de deslegitimar la autoridad del Estado, paralizar la economía y pueden desembocar en el derrocamiento de los autócratas que gobiernan. Lo propio de los movimientos de masas callejeros es ocupar las calles con relativa facilidad, pero también dispersarse cuando los símbolos de la opresión han sido desalojados. Los movimientos callejeros carecen de la organización y el liderazgo para proyectar, y menos aún imponer, un nuevo orden político o social. Su poder reside en la capacidad de presionar a las élites e instituciones existentes, no de sustituir al Estado y la economía. De ahí la asombrosa facilidad con la que el ejército egipcio respaldado por EE UU, Israel y la UE ha logrado tomar el poder y proteger al Estado rentista en su conjunto y a la estructura económica al tiempo que mantenía sus lazos con sus mentores imperiales.

La convergencia de condiciones y el «efecto demostración»

La propagación de las revueltas árabes por el Norte de África, Oriente Próximo y los Estados del Golfo Pérsico es, en primera instancia, un producto de condiciones históricas y sociales similares: los Estados rentistas gobernados por oligarquías familiares y de clan, dependientes del «arriendo» de exportaciones petroleras y energéticas de capital intensivo, que confinan a la inmensa mayoría de la juventud en actividades económicas «callejeras» informales y marginales.

El «poder del ejemplo» o el «efecto demostración» solo se puede entender reconociendo idénticas condiciones sociopolíticas en cada país. El poder de la calle (los movimientos urbanos de masas) presupone que la calle es el locus económico de los actores principales y que se debe conquistar las plazas por que son el espacio donde ejercer el poder político y proyectar las demandas sociales. No cabe duda de que los éxitos parciales de Egipto y Túnez hicieron detonar los movimientos en otros lugares. Pero solo lo hicieron en países con idéntico legado histórico, con las mismas polaridades sociales entre gobernantes rentistas de clan y trabajadores callejeros marginales y, especialmente, donde los gobernantes estaban profundamente integrados en redes económicas y militares imperiales a las que estaban subordinados.

Conclusión

Los gobernantes rentistas rigen a través de sus lazos con el ejército y las instituciones económicas estadounidenses y de la UE. Modernizan sus prósperos cotos y marginan a los jóvenes recién formados, que quedan confinados en empleos mal remunerados, sobre todo en el endeble sector informal y callejero de las principales ciudades. Las privatizaciones neoliberales, la reducción de los subsidios públicos (de alimentos, de desempleo, de aceite para cocinar, gas, transporte, salud y educación) ha hecho añicos los lazos paternalistas mediante los cuales los gobernantes aplacaban el descontento de los jóvenes y los pobres, así como de las élites clericales y los jefes tribales. La confluencia de clases y masas, modernas y tradicionales, ha sido consecuencia directa de un proceso de neoliberalización impuesto desde arriba y de exclusión, desde abajo. La promesa de los «reformadores» neoliberales de que el «mercado» sustituiría con empleos bien remunerados la pérdida de subsidios estatales paternalistas era falsa. Las políticas neoliberales han reforzado la concentración de riqueza al tiempo que han debilitado el control de las masas por parte del Estado.

La crisis económica capitalista mundial ha llevado a Europa y Estados Unidos a endurecer los controles de inmigración, con lo que han eliminado una de las válvulas de escape de estos regímenes: la fuga masiva de jóvenes sin empleo y con formación que buscaban trabajo en el extranjero. Emigrar al extranjero había dejado de ser una opción; las alternativas se reducían a luchar o sufrir. Los estudios demuestran que quienes emigran suelen ser los más ambiciosos, los mejor formados (de su clase social) y los capaces de asumir mayores riesgos. Ahora, recluidos en sus países de origen, con pocas ilusiones de encontrar oportunidades en el exterior, se ven obligados a luchar por la movilidad individual en su país mediante la acción social y política colectiva.

Entre la juventud política es igualmente importante el hecho de que a EE UU, como garante de los regímenes rentistas, se la considere una potencia imperial en declive: cuestionada económicamente en el conjunto de la economía mundial por China, teniendo que hacer frente a una derrota como potencia colonial ocupante en Iraq y Afganistán, y humillada como criada sumiso y mendaz de una Israel cada vez más desautorizada por la acción de sus agentes sionistas en el régimen de Obama y el Congreso estadounidense. Todos estos elementos de la decadencia y descrédito imperial estadounidenses animan a los movimientos en favor de la democracia a avanzar contra los clientes estadounidenses y reducen su temor a una intervención militar estadounidense que abriera un tercer frente de batalla. Los movimientos de masas ven en sus oligarquías a unos regímenes «en tres niveles»: unos Estados rentistas bajo la hegemonía estadounidense que, a su vez, está sometida a la tutela israelí-sionista. Cuando 130 países de la Asamblea General de Naciones Unidas y la totalidad del Consejo de Seguridad, a excepción de EE UU, condenan la expansión colonial, y cuando Líbano, Egipto, Túnez y los regímenes venideros de Yemen y Bahrein prometen instaurar políticas exteriores democráticas, los movimientos de masas descubren que todo el armamento moderno y los 680.000 soldados de Israel no sirven de nada en medio del aislamiento diplomático absoluto, la pérdida de clientes regionales rentistas y el descrédito manifiesto de unos gobernantes militaristas grandilocuentes y sus agentes sionistas en los cuerpos diplomáticos estadounidenses (Financial Times, 24 de febrero de 2011, p. 7).

Las propias estructuras socioeconómicas y las condiciones políticas que hicieron detonar los movimientos de masas en favor de la democracia, los jóvenes desempleados y subempleados organizados desde «la calle», plantean ahora el reto más relevante: ¿puede la masa amorfa y diversa convertirse en una fuerza social y política organizada capaz de tomar el poder del Estado, democratizar el régimen y, al mismo tiempo, crear una nueva economía productiva que ofrezca el empleo estable y bien pagado del que hasta la fecha carecía la economía rentista? El resultado político hasta el momento es incierto: los demócratas y los socialistas compiten con fuerzas clericales, monárquicas y neoliberales financiadas por Estados Unidos.

Es prematuro celebrar una revolución democrática popular…

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Written by Eduardo Aquevedo

6 marzo, 2011 at 18:25

Las nuevas clases medias dominantes de Latinoamérica, por J. Petras

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Las nuevas clases medias dominantes de Latinoamérica: Estabilización, crecimiento y desigualdad

James Petras, Rebelión

Traducción de Carlos Valladares

america-latina001Las presentes relaciones de América Latina con los Estados Unidos a la vez que su actual configuración política y económica se pueden entender mejor en el contexto de los cambios a gran escala de los últimos veinte años y de la relativa estabilidad de los cinco últimos.

Vamos a proceder destacando esquemáticamente las características más importantes que han llevado al desarrollo y a la crisis de los regímenes y las políticas neoliberales, y al surgimiento de los diversos regímenes “post neoliberales” del momento actual. Analizaremos la naturaleza y la actuación de los “regímenes post neoliberales” para ver sus puntos fuertes y sus debilidades en el contexto de las condiciones del mercado mundial, al mismo tiempo que las contradicciones políticas y sociales que están surgiendo y sus alternativas.

El poder imperial estadounidense y el ascenso y caida de los regímenes neoliberales

El poder imperial y la influencia de los Estados Unidos alcanzaron su esplendor entre 1976 y 1999. Tanto regímenes militares como civiles respaldaron las políticas regionales e internacionales de los Estados Unidos durante ese periodo y adoptaron doctrinas de “libre mercado”. Los dirigentes neoliberales desnacionalizaron y privatizaron todos los sectores económicos estratégicos, desregularon los sistemas bancario y financiero y se sometieron a los dictados del FMI y del Banco Mundial. Casi un billón de dólares 1 en beneficios, incluyendo los intereses y los pagos principales, provenientes de rentas y de fondos ilegales se transfirieron a los bancos y las corporaciones estadounidenses y europeas.

A finales de la década de los 90 el descontento popular se desbordó generalizándose las protestas callejeras y las huelgas promovidas por los sindicatos del sector público y, sobre todo, las movilizaciones en zonas rurales. Con la llegada de la crisis económica y el crash financiero del año 2000 se produjeron grandes convulsiones por todo el continente.

Crisis y levantamientos sociales 2000-2005

Entre el 2000 y el 2005 se sucedieron levantamientos populares de gran magnitud, que desbancaron a casi una docena de presidentes neoliberales, y varios procesos electorales que llevaron al poder a líderes supuestamente de centro-izquierda. En Argentina entre 2001 y 2002 tres presidentes fueron derrocados por los movimientos populares, mientras los bancos cerraban, los ahorros de la clase media fueron congelados, el desempleo aumento con una rapidez vertiginosa de hasta casi el 30 % y los niveles de pobreza traspasaron el 40 %, algo inaudito en un país archiconocido por su trigo y su carne de vacuno. En Ecuador los levantamientos populares de 2000 y 2005 supusieron el fin de los corruptos presidentes neoliberales y la elección del presidente Correa de la centro izquierdista Alianza PAIS.

En Bolivia las revueltas de los jornaleros y los campesinos indios derrocaron a dos presidentes, estrechos aliados de Washington (2003, 2005), y llevaron a la elección de un parlamentario de centro izquierda, campesino cocalero y líder indígena, Evo Morales, en 2005.

En Venezuela el presidente Chavez fue derrocado por un brevísimo periodo por una junta empresarial y militar respaldada por los Estados Unidos y restaurado en su puesto en 48 horas por la movilización popular y de parte del ejército en Abril de 2002.

En otros contextos, presidentes supuestamente de centro-izquierda fueron elegidos en Uruguay en 2005 y 2010, en Paraguay en 2008, en Chile en 2005 y en Brasil en 2002 y 2006.

Habiendo perdido a sus dóciles clientes como consecuencia de crisis profundas y con su principio ideológico propulsor (el neo-liberalismo de libre mercado) totalmente desacreditado y rechazado de forma masiva, el dominio de EE.UU. se deterioró severamente, pero no se extinguió del todo.

En México, el PAN, con respaldo estadounidense, bloqueó cualquier posibilidad de transición hacia un modelo postneoliberal en 2000, y más tarde robó las elecciones de 2006, perpetuando y profundizando la desintegración de México que vive una situación de guerra entre bandas de narcotraficantes aliados con diversas facciones del estado.

Las crisis, las revueltas y el ascenso de los regímenes postneoliberales fueron en esencia un pacto histórico entre las fracasadas y desacreditadas élites neoliberales de los años 90 y los movimientos sociales radicales en ascenso de los primeros años del nuevo milenio. El imperialismo estadounidense, involucrado en dos guerras en Oriente Medio y el sur de Asia, atrapado en una guerra global contra militantes islamistas dirigida por cargos políticos sionistas situados en altas instancias en el gobierno de Washington, fue incapaz de intervenir y cambiar la tendencia favorable al “centro-izquierda”. La política de Washington en la década entre 2000 y 2010 ha sido fundamentalmente “mirar atrás” a la “era de oro del saqueo”, los 90, y ha siso totalmente incapaz de hacer frente a los decisivos cambios de poder dentro de América Latina, los cambios del mercado mundial y el ocaso de la anteriormente hegemónica ideología neoliberal.

El ascenso del postneoliberalismo

Los regímenes postneoliberales, en la medida en que comparten elementos comunes, tienen las siguientes características:

  1. Son producto de movimientos populares que rechazan la ideología neoliberal y a sus élites.

  1. Su ascenso al poder es el resultado de crisis económicas y sociales profundas que afectaron a sectores de la élites empresariales, a la clase media y trabajadora, a los jornaleros sin tierra, a los campesinos y pequeños propietarios, y a las despojadas comunidades indígenas.

  2. Los regímenes postneoliberales han impulsado políticas económicas de estímulo estatal pero sin la expropiación de los bancos ni de las compañías nacionales o foráneas, y sin procesos de renacionalización de las firmas privadas, salvo en el caso de empresas en bancarrota.

  3. El postneoliberalismo (PNL) ha mantenido las desigualdades de clase del neoliberalismo pero introduciendo programas contra la pobreza, subsidios de desempleo, ayudas para las pequeñas y medianas empresas, e inversiones generadoras de empleo.

  4. Se ha obligado a las corporaciones multinacionales a pagar más impuestos en concepto de regalías, se han subido los impuestos a la exportación de productos agro-industriales pero no se ha hecho ningún esfuerzo en redistribuir la tierra y los ingresos.

  5. Empresas mixtas y sociedades comanditarias entre empresas públicas y privadas han sido la norma, poniéndose el acento en establecer alianzas con multinacionales extranjeras, especialmente en el sector de la minería y la energía.

  6. Las instituciones políticas han desplazado a los movimientos populares y los regímenes postneoliberales y se las han apañado para promocionar con éxito procesos de concertación a tres bandas entre el estado, las empresas y los movimientos populares en lo que puede darse por llamar “política corporativista” basada en “pactos sociales” con autoridad para regular los salarios pero no los beneficios.

  7. Estos regímenes han implementado estrategias desarrollistas basadas en la expansión y la diversificación de las exportaciones, en el establecimiento de severas políticas fiscales de cariz monetarista y en el incremento de los ingresos.

En resumen, los regímenes postneoliberales, las nuevas regulaciones, el estado de bienestar, y las medidas de gestión de la crisis se han diseñado en primer lugar para desradicalizar a los movimientos populares, para impulsar la recuperación económica y para apuntalar la estabilidad social y política. La retórica antineoliberal ha tenido como objetivo “normalizar” el crecimiento capitalista y crear un equilibrio sociopolítico entre los trabajadores/campesinos insurgentes, que formaron su base original, y los inversores nacionales y extranjeros que han sido los motores de su crecimiento.

Comportamiento de los regímenes postneoliberales: Estabilidad y crecimiento.

En los últimos cinco años de regímenes neoliberales, no han habido ni revoluciones ni golpes de estado, con la excepción de la toma del poder, con respaldo estadounidense, por parte de los militares en Honduras. 2 Los movimientos sociales se han apaciguado. Como consecuencia de la subida de los salarios, el crecimiento del empleo y el crecimiento económico, ha disminuido el grado de movilización social. El ejército se ha visto recompensado, dejados atrás los castigos por los crímenes contra los derechos humanos del pasado, mimado e incorporado al nuevo modelo "desarrollista" de crecimiento y se ha mostrado poco interesado por volver al antiguo modelo neoliberal liderado por los Estados Unidos. Entre 2004 y 2008 los regímenes postneoliberales han disfrutado de un grado excepcional de crecimiento, de precios muy altos, de la incorporación de capitales a gran escala, de la expansión de nuevos mercados en Asia y de niveles razonables de inversión tanto pública como privada. El resultado ha sido una balanza comercial y fiscal relativamente equilibrada, altos niveles de reservas de divisas y la posibilidad de acceso a los mercados de capital (excepto en el caso de Argentina).

Los regímenes postneoliberales han diversificado sus mercados externos pero no sus productos de exportación, aumentando su dependencia energética y de productos agrícolas y minerales, pero beneficiándose de precios altos.

Al contrario de lo que la experiencia histórica podría invitar a pensar, la crisis económica mundial de 2008-2010 no ha golpeado tan duramente a América Latina como a los Estados Unidos, en parte debido a los controles impuestos después de la crisis neoliberal de 2000-2001 y por sus lazos económicos con Asia, lo cual es decir China, y se ha continuado creciendo un 9% en 2009 y un 11% en 2010. La cuestión principal es si este crecimiento sostenido, y la estabilidad relativa que trae consigo, es producto de las políticas internas y de lo ajustes estructurales o es el resultado de las condiciones favorables del mercado mundial – con precios altos y fuerte aumento de la demanda.

Los “regímenes postneoliberales” varían en su composición política, en sus orígenes sociales y en el grado y el tipo de intervención estatal que promueven. Lo que tienen en común es : (1) su rechazo al capital desregulado, particularmente a las inversiones especulativas; (2) el rechazo a tratados de libre comercio no recíprocos del tipo del ALCA; (3) el aumento de impuestos a los industrias exportadoras agro-minerales; (4) una fuerte tendencia corporativista, es decir, la incorporación de los líderes de los movimientos y de las organizaciones populares al aparato del estado; (5) el apoyo a la formación de organizaciones regionales que excluyen a Estados Unidos como UNASUR; (6) y la tendencia a diversificar sus estrategias comerciales y de inversión. Sobre todo los regímenes postneoliberales han abrazado una ideología y una práctica “desarrollista” que persigue la maximización de las inversiones y el crecimiento económico en detrimento de cualquier tipo de política redistributiva o de cambios fundamentales en el sistema de propiedad. Dicho de otra manera, el cambio del libre mercado neoliberal por el desarrollismo postneoliberal está basado en su mayor parte en alianzas con las élites, tanto nacionales como extranjeras, del sector agro-mineral y manufacturero en vez de con grupos bancarios y financieros.

Los nuevos regímenes desarrollistas nacieron de la mano, principalmente, de políticos populistas y socialdemócratas que obtuvieron el respaldo popular como consecuencia de su rechazo a una variante del capitalismo (el “neoliberalismo”) pero no al capitalismo per se. La ambigüedad ideológica del “antineoliberalismo” permitió a los líderes desarrollistas presentarse como parte de la insurgencia popular e identificarse con las revueltas del periodo 2000-2005 sin comprometerse con ningún programa anticapitalista o con medidas específicas como una reforma agraria integral o la renacionalización de los sectores económicos estratégicos privatizados por las anteriores élites neoliberales.

La excepción es la Venezuela del presidente Chávez que comenzó una reforma agraria y renacionalizó el petróleo y varios sectores económicos estratégicos más.

El reto clave para los regímenes desarrollistas ha sido dar el giro desde una posición social y política radical de apoyo a los movimientos que los alzaron al poder hasta la consecución de una sólida base electoral que apoyara unas políticas que esencialmente favorecen a los grandes inversores nacionales y extranjeros, aunque realicen inversiones a largo plazo.

Ideología, mercados, cooptación

Los regímenes postneoliberales desconcertaron a sus seguidores con una variedad de fórmulas políticas, relacionadas con las particularidades de su origen social y con las características distintivas de sus organizaciones.

Por ejemplo, Evo Morales, ha hecho públicos alardes de su “identidad indígena” aunque por otro lado haya perseguido con ardor acuerdos y firmas de lucrativos contratos de explotación con importantes corporaciones multinacionales del sector minero y energético de la India, Europa, Brasil, Estados Unidos, Canadá y China que totalizan una suma de hasta un centenar de compañías. La estrategia desarrollista de Morales, desde el principio, garantizó seguridad a las cien mayores corporaciones empresariales agrícolas, dueñas de más del 80% de las tierras más fértiles, mientras que invirtieran e incrementaran la producción y las exportaciones. El principal propagandista de Morales, el vice-presidente García Linera, ha proporcionado la cobertura ideológica al mover el foco de atención de los movimientos populares desde una lucha por la transformación socioeconómica a la realización de una “revolución cultural y política”. García Linera proporcionó la retórica sobre la importancia de la “identidad étnica”, en detrimento de la política de clase, que ha servido de elemento de distracción sobre la colaboración del régimen con la oligarquía empresarial, nacional y foranea, del sector minero-extractivo. La “revolución” fue esencialmente la toma del poder por parte del estrato inferior de la clase media mestiza en ascenso, constituido por tecnócratas y dirigentes de los movimientos sociales cooptados, que han promovido la inversión privada y el control social.

Para consumo del “turismo” de izquierdas internacional, (Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica) Morales y García Linera han organizado una conferencia internacional sobre la ”Madre Tierra” ( Pachamama). A su vuelta han difundido un luminoso relato sobre el liderazgo de Morales en su lucha contra el “calentamiento de la tierra”, en la ignorancia más completa de las intenciones del régimen de atraer enormes inversiones de capital del sector minero-extractivo y de la estrategia desarrollista en el sector de la agro-industria basada en la dependencia de productos químicos.

En el caso de Brasil, Lula jugó la carta de sus orígenes sociales, la del hijo de una familia inmigrante pobre del nordeste de Brasil, la de su época de activista sindical, la de su afinidad a las causas populares y la de su condición de líder del Partido de los Trabajadores. Sus propagandistas minimizaron el hecho de que no había pisado una factoría en los 20 años anteriores a su elección. Lo más relevante del régimen de Lula no es su pasado sino sus vínculos actuales con grandes empresas capitalistas del sector de la agro-industria y la extracción mineral, su apoyo a las inversiones que tengan como objetivo prioritario el crecimiento y sus severas políticas monetaristas para satisfacer a la élite financiera internacional. Sus “políticas contra la pobreza” han consistido en las típicas medidas clientelares del gusto de los sectores conservadores: donación de alimentos para los pobres, pero no redistribución de la tierra; subsidios de mera subsistencia para los pobres, pero no creación de empleo industrial. El gasto social anual del régimen de Lula en sanidad, educación y medidas contra la pobreza es inferior a los 100.000 millones de dolares que se pagan como interés a los bancos extranjeros. Los decretos de Lula sobre la disminución de empleados públicos y los recortes de las pensiones públicas han garantizado un superavit presupuestario y han atraido masivamente a las inversiones de capital foráneo. La independencia en política exterior de Lula ha venido como consecuencia de su ideología “desarrollista” y no de ningún tipo de sentimiento “anti-imperialista”. Para Lula el crecimiento económico requería desembarazarse de los restrictivos tratados comerciales con Estados Unidos y firmar nuevos acuerdos comerciales y de inversión con China, India, Irán, Venezuela, Angola etc.

Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador y Paraguay han reforzado sus estrategias económicas de fomento de la exportación de productos agrícolas y minerales y han abierto la puerta a los inversores extranjeros, especialmente en los “sectores productivos”. Su enemigo no es el capitalismo, es el “capital especulativo”. El problema social es cómo aplicar impuestos sobre los beneficios para sufragar los programas de reducción de la pobreza que son la base del mantenimiento de su apoyo electoral.

La clave de la estabilidad social ha estado en cooptar a los dirigentes sindicales y campesinos y en pacificar a sus seguidores con aumentos salariales mínimos y graduales a cambio de su apoyo a la firma de contratos multimillonarios de inversión con las corporaciones multinacionales. Los regímenes PNL han utilizado la ideología antineoliberal y se han beneficiado de las condiciones favorables del mercado mundial. Esto ha llevado a un relativa estabilidad política y al crecimiento económico de los últimos cinco años. La cuestión es si esto es una situación que se pueda mantener en el tiempo o es una mera “situación coyuntural”.

El futuro del capitalismo desarrollista en América Latina

Los últimos cinco años, los regímenes desarrollistas han sido capaces de travestir su colaboración con el gran capital con ataques retóricos al neoliberalismo y han obtenido una clientela electoral sobre la base del establecimiento de programas contra la pobreza a corto plazo.

Están apareciendo señales significativas de que el “progresismo” está empezando a perder su atractivo entre amplios sectores de la clase trabajadora, del campesinado y de la población india ante la evidencia de la ausencia de cambios estructurales sustantivos.

En Bolivia las prolongadas huelgas en el sector público y en la industria en contra del raquítico incremento de los salarios del 5% decidido arbitrariamente por el régimen de Morales son un claro indicador de que la mística del “presidente indígena” que dicta el destino de los excedentes presupuestarios y firma lucrativos contratos con corporaciones empresariales extranjeras del sector de la extracción minera está empezando a agotarse.

En Paraguay más de 15.000 campesinos se manifestaron en las calles de Asunción contra el presidente Lugo en protesta por la parálisis y la impotencia del presidente respecto a la reforma agraria y por su uso de la policía y de la represión militar para expulsar a los campesinos sin tierra de los grandes latifundios.

En Brasil los trabajadores del sector público que se han movilizado para conseguir una subida salarial superior al 5% dictado por Lula, sobre todo a la luz de los 280.000 millones de dolares en reservas y los más de 100.000 millones de dolares del pago de los intereses de la deuda, están viendo sus salarios reducidos.

Tanto Lula como Lugo y Morales han lanzado virulentos ataques verbales contra las organizaciones independientes que demandan una más justa distribución de los beneficios. Lugo ha militarizado el campo en busca de …”diez movimientos guerrilleros”. Evo Morales y García Linera han acusado a los trabajadores en huelga de las fábricas de ser “agentes de la embajada de Estados Unidos” y a los profesores que se manifiestan de ser “instrumentos del troskismo”. Correa ha acusado al movimiento indígena de “delincuentes” por oponerse a la privatización de facto del acceso al agua.

Dicho de otra manera, las primeras grietas y contradicciones en el modelo desarrollista han provocado un ataque virulento por parte de los regímenes PNL. Es lícito sospechar que la violenta respuesta del régimen ante demandas económicas reformistas es producto del miedo a que la lucha de los movimientos de clase independientes se convierta en un futuro cercano en un ataque político directo al modelo desarrollista.

Aunque el modelo desarrollista parece sólido y las condiciones del mercado mundial son actualmente favorables, estos regímenes dependen de un frágil balance de poder. Los regímenes PNL necesitan de una gran cantidad de insumos de capital que requieren de tasas de beneficio altas lo cual depende a su vez de la capacidad de controlar los costos laborales, de obtener superavits presupuestarios y de establecer rigurosas políticas monetarias. Los sindicatos y la clase obrera, en la medida en que presenten una agenda de reivindicaciones que exija mayor gasto social y una mayor participación en los beneficios a través de huelgas y de la acción directa, pueden debilitar el marco de colaboración de clase que da estabilidad al régimen. Un recrudecimiento de la represión podría conducir a una mayor alienación y al desencanto entre los sectores de la clase obrera y de los movimientos indígenas y campesinos, llevando a divisiones y a la expulsión del poder de los dirigentes sindicales previamente cooptados, y al resurgimiento de movimientos independientes de indígenas y campesinos.

El problema fundamental en algunos países es la fragmentación de los movimientos. Por ejemplo, en Mexico, se celebraron marchas que reunieron a un millón de personas, con López Obrador al frente, que protestaban contra el fraude electoral, precedidas años atrás por masivas manifestaciones de más de 250.000 personas convocadas por los zapatistas que exigían leyes favorables a los indios, continuadas por movilizaciones de decenas de millares de profesores y sectores afines en Oaxaca demandando el cese de un gobernador corrupto, y más recientemente un cuarto de millón de trabajadores convocados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) salieron a la calle para protestar por el despido de 43.000 compañeros. Por separado cada movimiento ha sido finalmente derrotado. Unidos podrían haber paralizado el país y ganado.

Una de las consecuencias desafortunadas de la reciente debilidad de los movimientos sociales radicales y del rechazo a sus propuestas a favor de cambios estructurales es el crecimiento de poderosas narco-bandas basadas en el reclutamiento de jóvenes tanto del campo como de la ciudad. Ante la carencia de tierras producto de la acumulación de los agro-negocios, la libre importación de productos alimenticios que ha arruinado a los pequeños agricultores y la emigración del campo a la ciudad sin empleo industrial, las bandas de narcotraficantes ofrecen una salida de la pobreza por la vía de la “acción armada directa”, respaldada por funcionarios corruptos y con la cooperación de los bancos que lavan sus fondos. En México, en América Central y en los estados andinos, la lucha armada de las bandas de narcotraficantes, compuestas en su mayor parte por jóvenes, por una participación en los beneficios del mercado de la cocaina ha reemplazado a la lucha de clase por la tierra y por el empleo.

Alternativas al Postneoliberalismo (PLN)

El primer paso en la construcción de una alternativa requiere una comprensión y una ruptura con el régimen PNL. Debe abandonarse esa vacua terminología sobre regímenes “progresistas” o de “centro-izquierda” y es esencial el identificarlos como regímenes capitalistas desarrollistas, constitutivamente dependientes de élites dirigentes de los sectores agro-industriales y minero-extractivos integrados en el mercado mundial.

En segundo lugar, para construir una alternativa a los regímenes PNL no se debe tomar como punto de partida el periodo 2000-2005, una época de movimientos populares radicales y de revueltas de clase. Ni tampoco los años 90 en el que los regímenes “neoliberales” sin oposición permitieron el saqueo al por mayor y sin restricciones por parte de los grandes bancos y las corporaciones multinacionales.

En la actualidad los enfrentamientos nacionales y de clase tienen lugar en el contexto de un régimen desarrollista de clase media, que utiliza el estado para promover el crecimiento económico y usa a los movimientos sociales y a los sindicatos como mecanismos para controlar y limitar las demandas populares dentro del marco fijado por las alianzas entre el estado y el capital.

La clave de la fase actual está en recrear movimientos sociales independientes y sindicatos de clase autónomos que puedan enfrentarse con éxito a las políticas de contención salarial impuestas por el régimen desarrollista para atraer inversores extranjeros y prestamos.

Los dirigentes de la izquierda deben tener presente que los regímenes desarrollistas son ricos en divisas , tienen superavit presupuestarios y que sus estrategias de desarrollo están produciendo un crecimiento razonable . Dicho de otro modo, la izquierda debe ser consciente de que el capitalismo latinoamericano, globalmente hablando, no está en crisis , y que el régimen y los dueños del capital deben pagar en forma de sustanciales subidas salariales y con un aumento del gasto social . Los recursos financieros disponibles, los ingresos económicos del estado y los beneficios públicos y privados de los sectores agro-industriales, de los sectores minero-extractivos, del sector bancario y de las élites comerciales y manufactureras pueden permitir el aumento de los salarios y de las prestaciones sociales entre un 10% y un 20% anual.

Los trabajadores y los campesinos ven cada vez más claro que no son ellos los beneficiarios de los éxitos económicos, del crecimiento y de la estabilidad celebrados por los dirigentes de los regímenes desarrollistas. La izquierda debe animar, organizar y capitalizar las crecientes expectativas de las masas por conseguir un nivel de vida más elevado en vista de la subida record de los precios. Demasiado a menudo, la izquierda ha sucumbido recientemente ante la puesta en escena de la autodenominada “nueva izquierda” y su retórica “antineoliberal” aunque la presencia de capital multinacional (CMN) no haya dejado de aumentar. La nueva alianza “estado-CMN” está excluyendo a la clase trabajadora de los beneficios y los ingresos públicos que, por el contrario, se están distribuyendo entre una nueva clase media profesional en ascenso y la tecnocracia, por un lado, y entre los inversores extranjeros, por el otro.

La clase media emergente ha usado su pasado izquierdista y sus conexiones sociales con los movimientos populares para tomar el poder; Está consolidando dicho poder por medio del control del estado y financiando a los dirigentes de los movimientos populares. Para legitimarse, los regímenes de la nueva clase media están organizando encuentros y conferencias izquierdistas, ecologistas e indigenistas. Esta nueva clase media dirigente se está enriqueciendo con un aumento de su participación en los ingresos provenientes del capital agro-industrial y minero-extractivo por medio de sociedades comanditarias, aumento de impuestos y participación en los beneficios.

El estado desarrollista está concentrando la “nueva riqueza” en los estrechos límites de la parte media y alta de la burocracia estatal que se ha convertido de hecho en la nueva burguesía. La esencia burguesa de este régimen se encuentra en la profunda y creciente desigualdad en lo que se refiere a la estructura de propiedad y la cuantía de los salarios, en las transferencias unilaterales de los ingresos del estado a los acreedores bancarios y en las subvenciones y los créditos a las empresas exportadoras agro-minerales, mientras que las ayudas sociales a los pobres siguen siendo minúsculas y el nivel de los salarios mínimos son realmente mezquinos.

La lucha hoy en día es contra los explotadores capitalistas y no contra los “especuladores”; es contra los desarrollistas postneoliberales que controlan el estado para beneficio propio y no contra los promotores inmobiliarios neoliberales pro-libre mercado ni contra los estafadores financieros.

La debilidad estratégica de los dirigentes de la nueva clase media del estado desarrollista está en que no son propietarios – su poder deriva del control político del estado y de los movimientos populares. Eso significa que la lucha económica por salarios más altos y más gasto social se convierte de manera inmediata en una amenaza política a la legitimidad de los nuevos dirigentes. Como consecuencia de ello cualquier exigencia de los campesinos o de la clase trabajadora provoca un ataque desproporcionado, llegándose incluso a la difamación de luchas populares por la obtenención de beneficios económicos con extravagantes acusaciones como la de ser "contrarrevolucionarios".

Dado el apoyo oportunista de los “turistas” de izquierdas de Norte América y Europa a estos regímenes desarrollistas (aunque repriman huelgas y denuncien las luchas de los trabajadores, de los campesinos y de los indios en pos de mejoras económicas), la izquierda consecuente debe adoptar una postura de apoyo solidario a las luchas económicas de los nacientes sindicatos autónomos y de los movimientos étnicos de base social. El resurgimiento de los movimientos populares revolucionarios comienza por rechazar la complicidad con los gobernantes de la nueva clase media que está liderando esta nueva fase de expansión capitalista basada en la alianza entre el estado y el sector privado.

NOTAS DEL TRADUCTOR

1 En el texto original dice trillón. Siendo el autor estadounidense suponemos que se refiere a lo que en España y los países de habla castellana de América Latina denominan billón es decir 1 X 10 12 o 1.000.000.000.000.

2 El texto fue escrito antes del intento de golpe de estado en Ecuador.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Brasil y Venezuela, dos procesos electorales cruciales para este otoño

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James Petras

Rebelión, Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez

CHAVEZ2 Introducción

En América Latina se celebrarán este otoño dos procesos electorales que tendrán una relevancia decisiva para la dirección que adopte la política económica y exterior en la próxima década.

Las elecciones legislativas venezolanas del 26 de septiembre determinarán si el Presidente Chávez es capaz de obtener la mayoría de dos tercios necesaria para continuar con su programa socialista democrático sin padecer los bloqueos continuos en la tramitación impuestos por una derecha cada vez más dura.

Brasil, la economía industrial y exportadora de productos agrarios más poderosa y dinámica de la región, afronta sus elecciones presidenciales el 3 de octubre.

En ambos países, el electorado está muy polarizado, si bien en Brasil no se estructura en torno al eje socialismo-capitalismo.

En Venezuela, la derecha pretende frenar nuevos procesos de nacionalización de industrias estratégicas, fomentar la desestabilización promoviendo la desobediencia y el sabotaje de las iniciativas políticas de base de las comunidades locales e imponer restricciones al gasto presupuestario en programas sociales e inversiones públicas. El objetivo estratégico de la derecha es incrementar la penetración institucional del Ejército, los servicios de inteligencia y las agencias de «ayuda» estadounidenses con el fin de debilitar las iniciativas de política exterior independiente del Presidente Chávez y presionar a su gobierno para que haga concesiones a la Casa Blanca, sobre todo debilitando su apoyo a Irán, Palestina y, lo más importante, las organizaciones político-económicas latinoamericanas independientes que excluyen a Washington (MERCOSUR, ALBA y UNASUR).

Elecciones presidenciales: Brasil

En Brasil, las elecciones presidenciales enfrentan a la candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, respaldada por el saliente Presidente Lula Da Silva, contra el antiguo gobernador del estado de Sao Paulo y abanderado del Partido Socialdemócrata Brasileño, José Serra. Las etiquetas del partido son irrelevantes, pues ambos candidatos han fomentado y están proponiendo continuar con políticas de desarrollo agro-minerales de libre comercio impulsadas por las exportaciones, y ambos encuentran respaldo entre las élites empresariales y financieras. Pese a sus vínculos con las élites empresariales y evitando toda clase de transformación radical (o siquiera moderada) de un sistema de distribución de riqueza y propiedad de las tierras enormemente desigual, hay diferencias esenciales que afectarán al resultado: (1) el equilibrio de fuerzas en el continente americano, (2) la capacidad de los movimientos sociales brasileños de articular sus demandas con libertad, (3) el futuro de los regímenes de centro-izquierda de los países vecinos (sobre todo, Bolivia, Venezuela y Argentina), y (4) los consorcios de capital público y privado para los campos petrolíferos inmensos recién descubiertos frente a sus costas.

Serra desplazará la política exterior de Brasil hacia una mayor adaptación a Estados Unidos, debilitando o rompiendo los lazos con Irán y reduciendo, o incluso eliminando, los programas de inversiones conjuntas con Venezuela y Bolivia. Sin embargo, Serra no modificará las políticas comerciales e inversionistas en el exterior en lo que se refiere a Asia. Serra proseguirá con las políticas de libre comercio de Lula con la intención de diversificar mercados (salvo donde Estados Unidos define «amenazas» geopolíticas o intereses militares) y promover las exportaciones de los sectores agrario y energético-minero. Mantendrá la política de Lula de superávit presupuestario y ajuste fiscal y de rentas. Es probable que las políticas sociales de Serra profundicen y ensanchen los recortes de las pensiones públicas y continúen con su criterio de restricción salarial, al tiempo que reducen el gasto público especialmente en educación, sanidad y lucha contra la pobreza. En ese ámbito fundamental que es la explotación de los nuevos yacimientos de gas y petróleo inmensos, Serra reducirá el papel del Estado (y su participación en los ingresos, los beneficios y la propiedad) en beneficio de las empresas petrolíferas privadas del extranjero. Es menos probable que Serra fomente la concertación con los dirigentes sindicales y que recurra a una mayor represión «legal» de las huelgas y a la criminalización de los movimientos sociales rurales, sobre todo los de ocupación de tierras del Movimiento de los Sin Tierra (MST). En el ámbito de la diplomacia, Serra se aproximará más a Estados Unidos y a sus políticas militaristas, sin mostrar apoyo manifiesto a la intervención militar directa. Una señal de que Serra suscribe el programa de Washington fue calificar al gobierno reformista de Bolivia de «narco-estado», haciéndose eco de la retórica de Hilary Clinton, en marcado contraste con los vínculos amistosos entre ambos países durante el mandato de Lula. Sin duda, Serra rechazará toda iniciativa diplomática independiente que entre en conflicto con las aspiraciones militares estadounidenses. La campaña de Rousseff, en esencia, promete mantener las políticas económicas y diplomáticas de Lula, incluyendo la propiedad pública mayoritaria de los nuevos yacimientos de petróleo y gas, el desarrollo de programas de lucha contra la pobreza y cierto margen de tolerancia (aunque no respaldo) a movimientos sociales como el MST o los sindicatos.

Dicho de otro modo: las alternativas son dar un paso atrás para regresar a las políticas represivas y conformistas de la década de 1990, o mantener el statu quo del libre mercado, la política exterior independiente, los programas de lucha contra la pobreza y una mayor integración en América Latina.

Si gana Serra, el equilibrio de fuerzas en América Latina se desplazará hacia la derecha y, con ello, se reafirmará la influencia y capacidad de acción estadounidense en todos los vecinos de centro-izquierda de Brasil. Serra seguirá en buena medida los pasos de Lula en política interior, administrando programas de lucha contra la pobreza a través de sus funcionarios, toda vez que garantice que el apoyo de los movimientos sociales a Lula se debilita. Ante unas opciones tan limitadas, las principales asociaciones empresariales de Sao Paulo respaldan a Serra (aunque determinados personajes del mundo de los negocios apoyan a ambos candidatos), mientras que los sindicatos principales están en la órbita de Rousseff; los movimientos sociales como el MST, que se sintieron traicionados cuando Lula incumplió su promesa de reforma agraria, hacen campaña «contra Serra», con lo que apoyan indirectamente a Rousseff. El dicho según el cual «América Latina va hacia donde va Brasil» tiene algo más que una pizca de verdad, sobre todo si analizamos el futuro y las perspectivas económicas de mayor integración para América Latina.

Elecciones legislativas: Venezuela

La Venezuela de Chávez es la clave para las perspectivas de cambio social progresista en América Latina. El gobierno socialista democrático apoya a los regímenes reformistas de América Latina y el Caribe, y con su gasto público ha consolidado avances pioneros en el ámbito de la salud, la educación y los subsidios alimentarios para el 60 por ciento de los sectores más pobres de la población.

Pese a la inmensa popularidad de Chávez durante toda la década y a los innovadores programas de redistribución y cambios estructurales progresistas, hay un riesgo evidente e inminente de que la derecha realice progresos significativos en las elecciones legislativas venideras.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) encabezado por el Presidente Chávez tiene en su haber seis años de una tasa de crecimiento elevada, un aumento de la renta y un descenso del desempleo. En su contra juegan los 18 meses de recesión en curso, una tasa de inflación y criminalidad muy altas y unas restricciones presupuestarias que limitan la implantación de programas nuevos.

Según los documentos de la agencia oficial de ayuda exterior estadounidense, en la precampaña electoral venezolana Washington ha depositado más de 50 millones de dólares en las arcas de una oposición controlada por los «frentes» políticos y de ONG que fomentan los intereses estadounidenses, centrándose en la unificación de facciones opositoras enfrentadas, subvencionando al 70 por ciento de los medios de comunicación privados y financiando a organizaciones comunitarias controladas por la oposición en los barrios de clase media y baja. A diferencia de Estados Unidos, Venezuela no exige que los destinatarios de fondos del exterior que actúan en nombre de una potencia extranjera se den de alta como agentes extranjeros. La campaña de la derecha se centra en la corrupción gubernamental y el tráfico de drogas, una orientación inspirada por la Casa Blanca y The New York Times, que se olvidan de señalar que el Fiscal General de Venezuela ha anunciado la apertura de procesos judiciales contra 2.700 casos de corrupción y 17.000 casos de tráfico de drogas. La oposición y The Washington Post indican que el sistema de distribución estatal (PDVAL) no consigue dar cauce adecuado a varios miles de toneladas de alimento, lo que hace que se estropeen y acaben en la basura, pero no cuentan que tres antiguos directores están en la cárcel y que el ministerio de alimentación suministra en el país un tercio de alimentos básicos para el consumo a unos precios que llegan a ser un 50 por ciento más bajos que en los supermercados privados.

Sin duda, la derecha realizará progresos significativos en las elecciones legislativas, sencillamente porque parten de una situación inicial baja, su suelo, puesto que boicotearon las últimas elecciones. No es probable que su campaña contra la corrupción arrolle a la mayoría que apoya a Chávez, puesto que su anterior abanderado, el ex Presidente Carlos Andrés Pérez, fue condenado por un fraude de miles de millones de dólares y por apropiación indebida de fondos públicos. Los gobernadores y alcaldes opositores también han sido acusados de fraude y malversación de fondos y se refugian en Miami. Sin embargo, aunque la mayoría de los votantes considera que Chávez es honrado y está limpio, no se puede decir lo mismo de algunos cargos públicos de su gobierno. La pregunta es si los votantes van a reelegirlos a pesar de sus antecedentes con el fin de apoyar a Chávez, o si se van a abstener. La abstención nacida del desencanto, y no de un giro electoral a la derecha, es la mayor amenaza para una victoria decisiva del PSUV.

En la carrera hacia las elecciones legislativas, el PSUV celebró unas primarias en las que muchos consejos comunales eligieron a candidatos locales y populares frente a los escogidos por los sectores oficialistas. Será revelador ver si los candidatos de la base obtienen mejores resultados que los escogidos «desde arriba». Una victoria de los primeros fortalecerá los sectores socialistas del PSUV en contraposición a los moderados.

El proceso electoral está muy polarizado siguiendo demarcaciones de clase social, según las cuales la mayoría de las clases más bajas respaldan al PSUV y las clases medias y altas apoyan casi uniformemente a la derecha. Sin embargo, hay un sector significativo entre los más pobres y los sindicatos que está indeciso y no muy motivado para votar. Tal vez decidan el resultado final en distritos electorales esenciales, y allí es donde la campaña se recrudece. Para la victoria electoral del PSUV es clave si los sindicatos, los comités de las fábricas gestionadas por los trabajadores y los consejos comunales van a hacer un esfuerzo importante para aplacar a los votantes más reticentes y que voten a candidatos izquierdistas. Hasta los sindicalistas militantes y las organizaciones de base de trabajadores se han centrado visiblemente en disculpar (asuntos salariales) «locales» o «economicistas» o en ignorar las cuestiones políticas más generales. Su voto y su actividad como líderes de opinión encargados de mostrar «la panorámica global» son fundamentales para vencer la inercia política e, incluso, el desencanto hacia algunos candidatos del PSUV.

Conclusión:

Las próximas elecciones de Brasil y Venezuela ejercerán un impacto decisivo en la política, la política económica y las relaciones de América Latina con Estados Unidos durante toda la segunda década de este siglo. Si Brasil «gira a la derecha», fortalecerá inconmensurablemente la influencia estadounidense en la región y acallará una voz independiente. Aun cuando ningún candidato dará ningún gran paso adelante hacia una mayor justicia social, si resulta elegido la candidata preferida por Lula, Dilma Rousseff, supondrá un avance en el camino hacia una mayor integración latinoamericana y una política económica y exterior relativamente independientes. Salir elegida no abrirá la puerta a ningún cambio estructural de grandes consecuencias.

Una victoria de los socialistas venezolanos reforzará la determinación de Chávez y su capacidad para proseguir con sus políticas de bienestar social, contra el imperialismo y de apoyo a la integración. La actitud firme de Chávez oponiéndose a la militarización estadounidense, incluido el golpe de Estado de Honduras y las bases militares estadounidenses en Colombia, animan a los regímenes de centro-izquierda a adoptar una actitud moderada, pero fundamentada, en contra de la militarización. Las reformas socialistas de Chávez en Venezuela ejercen presión para que los regímenes de centro-izquierda introduzcan medidas legislativas de reforma social y fomenten los programas de lucha contra la pobreza y de creación de consorcios público-privados, en lugar de seguir las medidas neoliberales de la derecha proestadounidense más dura. En Brasil, la cuestión es votar por el mal menor, mientras que en Venezuela se trata de votar por el bien mayor.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Written by Eduardo Aquevedo

28 agosto, 2010 at 18:06